Juan Carlos Loera de la Rosa/
Empresario
Nada más atroz que cortarle la existencia de forma deliberada a un ser humano, pero cuando dicha atrocidad se comete en perjuicio de gente joven que apenas empieza a vivir, es un agravio sin nombre.
La tragedia del 30 de enero de 2010, día oscuro para la historia de nuestra ciudad que quisiéramos poder borrar esta dolorosa fecha del calendario, pero que no debemos ni podemos olvidar, y permanece inscrita no solamente en Villas de Salvárcar, sino en la comunidad entera. El recuerdo de estos dieciséis seres humanos, a ocho años de su muerte nos hace ver retrospectivamente hacia las víctimas que aun siguen esperando la merecida y real sensibilización del Estado mexicano en dos aspectos, el enjuiciamiento a los autores de los crímenes y la efectiva reparación del daño a los afectados.
El punto es que el sistema en nuestro país adolece de graves deficiencias y no garantiza justicia expedita a los agraviados, ni la justa reparación del agravio sufrido; infortunadamente no vislumbramos indicios de sentar precedentes para que más de un millón de victimas producto de la violencia generada en la guerra contra el narcotráfico sean integralmente atendidas, no hay voluntad por parte del gobierno para que la reparación del daño a los ofendidos sea prioritario en materia de Derechos Humanos.
La masacre de Villas de Salvárcar contó necesariamente con la complicidad de algunas de las autoridades policiacas de aquel tiempo, lo cual debe hacer responsable al gobierno no solo de llevar a la justicia a todos los implicados sino a reparar a los afectados sobrevivientes. Si no hubiera corresponsabilidad de parte del Estado, ¿cómo explicar que ese día un destacamento militar que siempre se instalaba cerca de las calles Palacio de Mitla y Las Torres fuese retirado antes de que los asesinos se reunieran en un restaurante cerca de dicho lugar? ¿cómo explicar que ese día todos los policías de la zona fueron citados en un estacionamiento de la calle Jilotepec, de tal suerte que al momento de los hechos no había ningún policía disponible? El ataque duró más de veinte minutos y desde que llegaron los victimarios, los vecinos pidieron auxilio, pero no hubo respuesta. La primera autoridad en llegar fue un grupo de soldados que fortuitamente pasaba por ese lugar.
La policía ministerial del estado inició una lenta investigación, aunque casualmente días después uno de los implicados apodado “El Rama” cometió alguna infracción de tránsito y en su huida fue interceptado por militares en Satélite, donde se enfrentó a tiros perdiendo la vida; lo acompañaban tres cómplices quienes fueron detenidos y uno más de apellido Arzate quien posteriormente fue liberado porque se le torturó para que declarara, de tal suerte que solo hubo cuatro sentenciados, se estima que al menos hubo veinte participantes en los hechos además de los autores intelectuales.
Ha sido tal la omisión que posteriormente “El Diego”, confesó ante la PGR haber sido él quien ordenó dicho ataque en Villas de Salvárcar y a pesar de tener esa declaración, la procuraduría no abrió investigación alguna que lo relacionara, no obstante, fue extraditado, nunca se le llevó a la justicia mexicana por uno de los crímenes mas deleznables que se tenga memoria en Ciudad Juárez.
Es un hecho que la pérdida de la vida es irreparable, de allí que sea imposible que exista una verdadera reparación del daño; sin embargo, el reconocimiento del Estado al aceptar su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas debe dar pauta para que de acuerdo con los tratados internacionales en la materia se dignifique a las victimas en tres vertientes: indemnización por daños materiales e inmateriales, acciones para resarcir a los agraviados, tales como fondos para la atención psicológica, médica y educativa, así como la aplicación de medidas sociales y jurídicas que garanticen justicia, que expongan la verdad, y asumir el compromiso de no repetir ese tipo de agravios a nuestra sociedad.
No obstante existir el antecedente (2009) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obligó al Estado mexicano a tomar medidas concretas en el caso del campo algodonero en nuestra ciudad, el efecto reparador en el caso de Villas de Salvárcar ha sido parsimonioso; el gobierno de César Duarte se ensañó con las víctimas a quienes dejó en el desamparo absoluto.
Si bien es cierto, que en la actual administración estatal ha habido avances sobre todo de carácter resiliente como la entrega del memorial o algunos esfuerzos para que las victimas logren superar su dolorosa tragedia personal, esto ha sido insuficiente.
La vida para los familiares cambió, sus heridas jamás cicatrizarán, la posibilidad de progresar educando a sus hijos, llevándolos por el sendero del buen vivir, trabajando arduamente para superar la marginación económica y social fue anulada por maleantes concebidos en el embrión de la desigualdad social y económica, un embrión desarrollado por las políticas de Estado, agravadas por las omisiones mencionadas.
Por ello, lo menos que puede hacer el Estado es cumplir con la ley, deben reabrirse las carpetas de investigación y reparar integralmente el daño a los agraviados.