LA COLUMNA
de El Diario
• Fue “acuerdo honorable” no pacto deshonroso
• Mocken candidato del PAN... y de Morena???
Sale barato lo que en política se paga con dinero. Queda la máxima ajustadita al desenlace registrado en el tortuoso conflicto entre el gobernador del Estado, Javier Corral y la Presidencia de la República, incluida una confortable caravana con episodios relajados, aunque penosos.
Uno de esos momentos fue el presentado por uno de los secretarios particulares del propio mandatario estatal, Francisco “Pakko” Lozano que puso en su face “te amo mi güera hedionda” al pasar por Guadalajara y encontrarse allá con una mujer y comer en un lujoso restaurante (fotos en la versión digital de La Columna). Así fue de serio el recorrido llevado de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Buenos comederos y hoteles de cinco estrellas.
Corral iba por “justicia para Chihuahua” que incluía los famosos 900 millones de pesos y por la extradición de César Duarte, y finalmente le dijeron que sí a ambas solicitudes en la Secretaría de Gobernación, pero también debió soltar a su pez gordo, el exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua al tricolor. Pasará del penal estatal de Aquiles Serdán al penal federal número 9 en Ciudad Juárez. Queda entonces en manos ahora de la administración federal... priista.
Los pobres panistas que pensaron de nueva cuenta que se trataba de un movimiento, de una protesta genuina, ahí está la moneda de cambio; negociada personalmente por su líder, el gobernador Corral.
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El sábado al mediodía tanto Javier Corral como Alfonso Navarrete Prida sabían que había acuerdo para finalizar la movilización del gobernador, con las condiciones de depositar los 900 millones y mover a Alejandro Gutiérrez de penal.
Temprano, el gobernador acudió a las oficinas de Bucareli para sellar el acuerdo. La "voluntad política" del gobernador fue menos que voluntaria y mucho más política, casi obligado por la filtración hecha por la Secretaría de Hacienda -ordenada por Gobernación- un día antes al noticiero de Carlos Loret de Mola en donde exhibieron que los recursos federales estaban fluyendo a la entidad y que el gobierno de Corral no había informado en qué se gastaron 770 millones de pesos entregados en diciembre de 2016.
En el transcurso del sábado se pulieron los términos del acuerdo, para las ocho de la noche, tiempo de la Ciudad de México, se sabía del fin del desencuentro. Un par de horas antes del anuncio de nueva cuenta se reunieron en las oficinas de Gobernación Corral y Navarrete, ahora con la presencia de Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, César Jáuregui y Alfredo Figueroa, quienes estuvieron atentos a los detalles del arreglo. En Cuernavaca al frente de la movilización que los organizadores sabían ya finalizada, dejaron a Emilio Álvarez Icaza.
Navarrete cedió al poner el adjetivo "honorables" a aquello de los acuerdos y en no utilizar la palabra "pacto" que tanto enfurece al gobernador. El colmillo del mandamás de Gobernación fue tal que obligó a Corral a firmar el documento frente a medios de comunicación, para evitar que se desdijera de haber aceptado lo que en efecto aceptó, como hizo en dos ocasiones previas después de los encuentros con autoridades federales.
Corral se comprometió a bajar el tono contra Enrique Peña Nieto, al que ya no atacó en el discurso triunfante del domingo por la mañana.
Para Corral fue una victoria, lo mismo para Navarrete que se consolida al frente de Gobernación, a la que llegó con el encargo de garantizar la gobernabilidad y fortalecer la seguridad, además de abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas rumbo a las elecciones de julio.
Del dinero gastado en diciembre de 2016 sin que se conozca su destino, ni una sola palabra más ni de Hacienda ni de Chihuahua.
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Mientras el gobernador pactaba con Hacienda, su hermana Leticia, la vicegobernadora, volaba a la Ciudad de México para la que se suponía una entrada triunfal de la Caravana por la Dignidad, al final desinflada en el ánimo de varios por no ver a su dirigente como mártir de la "aristocracia de Hacienda".
Además de Leticia Corral, entre el viernes y sábado viajaron también Andrés Carbajal de Obras Públicas, el precandidato a la Alcaldía de Juárez, Carlos Angulo y el subsecretario Ramón Galindo.
Viajaron también los diputados panista Liliana Ibarra, Jesús Valenciano, Patricia Jurado, Gustavo Alfaro, Javier Malaxecheverría, Víctor Uribe, Maribel Hernández.
Todos escudados en no haber descuidado sus funciones por tratarse de fin de semana.
Mientras en Chihuahua una masacre en un palenque clandestino durante la noche del sábado acababa con la vida de cinco personas. Muchas porras, consignas, fotos de la llegada a la capital del país, pero la tragedia en la capital del estado, ni un comentario mereció de los representantes populares ni de los funcionarios públicos.
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Saben en el PRI que la Alcaldía está prácticamente perdida con la candidatura de Adriana Terrazas y ante la popularidad de Armando Cabada que va a pasos agigantados a reelegirse.
Lo saben también en el PAN que alista a Ramón Galindo para ser el sacrificado que represente las siglas del blanquiazul.
Sin embargo en el Palacio de Gobierno no se resignan a tener que tratar con Cabada tres años más, por lo que la estrategia a seguir es apuntalar al único candidato al que le ven posibilidad de competirle a Cabada: Javier González Mocken que va por Morena.
El fin de semana estuvieron comiendo en el Lucerna González Mocken, el máximo jefe del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro y Ramón Galindo, seguramente hablando de algo más que del sirloin máso del lugar.
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Desde el PRI nacional preparan un compendio de las probables violaciones que ha realizado el gobernador Javier Corral durante su mandato.
Recuerdan en las oficinas de Buenavista en la Ciudad de México que son varios los juicios impuestos por todo tipo de actores ante los tribunales federales por los manotazos dados por el Ejecutivo en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Justicia, la Auditoría Superior del Estado, la conformación del Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Atención a Víctimas entre otras varias.
El expediente, cuentan, tiene cuando menos 10 rubros que buscan más tener al gobernador en la mira en caso de que se le ocurra otra caravana.