Carlos Murillo/
Analista
Chihuahua tiene un sistema de justicia famélico. Lo que pasa aquí es parecido a lo que sucedería en cualquier país africano en subdesarrollo. La degradación de la justicia es terrible: el gobernador manipula el aparato judicial para encarcelar a sus adversarios políticos bajo la lógica del derecho penal del enemigo, luego usa la prisión preventiva para torturar a los capturados; así, logra confesiones falsas para incriminar a otros adversarios políticos y gana votos en el trayecto.
Aquí explicaré porqué el caso de Alejandro Gutiérrez no es un pleito entre partidos políticos, es la violación sistemática a los Derechos Humanos en pleno Siglo XXI en contra de un grupo de personas que son criminalizadas con fines político electorales.
Es lo mismo que les pasa a los musulmanes en Europa o a los latinos en Estados Unidos, se les criminaliza por pertenecer a un grupo.
No puede llamarse democrático un gobierno donde no hay respeto por el Estado de Derecho. No puede hablarse de cultura de la legalidad cuando los poderes Legislativo y Judicial están manipulados por una persona que detenta el poder Ejecutivo y que usa su poder para borrar de un plumazo la división de poderes. No es posible hablar de justicia cuando el debido proceso legal se vulnera de forma reiterada para cumplir los deseos de venganza política del gobernante en turno.
No hay certidumbre jurídica, si desaparecen garantías procesales para los gobernados. No existe la presunción de inocencia, cuando el discurso político mesiánico influye directamente en la decisión de los jueces.
Estas violaciones producen una injusticia endémica, donde un amplio sector de la sociedad está envenenada con prejuicios y, por lo tanto, se generaliza la falacia de que es natural que pase lo que está pasando. Se trata de la normalización de la violación de garantías.
Estos señalamientos son tan graves, que podría parecer que me refiero a un dictador en Somalia donde no hay respeto por la ley y las instituciones, pero no es así, hablo de Chihuahua y del gobernador Javier Corral.
Aquí, mañosamente se han puesto en la mesa de discusión dos principios para que sean ponderados, por un lado, el combate a la corrupción como parábola de la verdad oficial (que brinca las fronteras de la razón judicial y se usa cínicamente como un discurso político en los juzgados) y, en la otra esquina, se pone como “hombre de paja”: la legalidad de los procesos judiciales. Simbólicamente, la pregunta ante la opinión pública de Javier Corral es esta: ¿qué prefieren, que paguen sus delitos estos “vulgares ladrones” o que se escapen por los vericuetos legales que son inmorales?
La turba enardecida desde los romanos hasta ahora sigue respondiendo con las vísceras: “¡Crucificarle!”. Entonces, al estilo de la Santa Inquisición se hace lo que la gente quiere. Pero la pregunta está viciada de origen, porque los acusados son declarados culpables ante la opinión pública antes de iniciar el proceso penal, violando todo el espíritu garantista que los operadores jurídicos juraron respetar cuando leían y repetían con vehemencia la teoría garantista del profesor Luigui Ferrajoli.
Un dato importante: hay una docena de detenidos, pero ningún juicio oral ha comenzado. Todos los que han salido es porque confesaron y se les aplicó un criterio de oportunidad para negociar el procedimiento abreviado.
Entonces, la Fiscalía y los jueces -por órdenes de su patrón-, pasan por encima de la ley como los policías que le siembran droga a los delincuentes menores (porque no pueden demostrar ningún delito grave y se justifican diciendo “si no es así, no podríamos detenerlos”, como pensaba el tristemente célebre Negro Durazo).
La vieja fórmula conservadora de “hacer un mal para obtener un bien”, pero como ahora Corral es el dueño de la corrección política, entonces él decide qué es bueno y qué es malo, para poder hacer lo que le conviene electoralmente. Así, construye el discurso del enemigo público número uno, primero César Duarte, después Alejandro Gutiérrez y ya están planeando el siguiente campanazo.
Fiscales y jueces, hoy unidos en un solo cuerpo, son los autores materiales de la aberrante persecución política. Ellos, cuando se trata de un enemigo público del gobernador, guardan en el cajón la Constitución y los Tratados Internacionales para después acomodar las piezas y cumplir con lo que se les ordena, bajo la premisa de que “cartucheras -jurídicas- al cañón, quepan o no quepan”.
¿Porqué se prestan los jueces a esto? La razón utilitaria es que saben de los alcances del mandamás por lo que, temerosos de perder sus canonjías en la carrera judicial, terminan por seguir las instrucciones de los enviados de palacio sin chistar. Obviamente son jueces sin carácter, burócratas autómatas del aparado judicial que han descolgado de la pared el decálogo del profesor Eduardo J. Couture y en su lugar han puesto la nómina.
Solo hay que revisar las declaraciones del gobernador Javier Corral para darse cuenta que habla de los jueces de Chihuahua como sus empleados y manipula el discurso de la justicia para convertirlo en una bandera político-electoral.
Pero no son solamente estos temerosos operadores jurídicos quienes están involucrados. Completa el cuadro trágico el mismo procedimiento legal que tiene muchas porosidades, que suelen favorecer al indiciado, pero, en esta ocasión, como se trata de una venganza de Estado, las porosidades se usan en favor de quien detenta el poder político y sirven para maquillar de legalidad las violaciones a los Derechos Humanos.
La clave jurídica del asunto es, hasta ahora, que el juez decrete la prisión preventiva, porque esos ocho, diez o doce meses en la cárcel -dependiendo del caso-, servirán para comenzar un proceso de tortura física y psicológica adentro del Centro de Readaptación Social.
El caso de Javier Garfio es paradigmático, seguramente el ex alcalde de Chihuahua no tendrá ningún interés en revelar los detalles, pero durante su internamiento en el Cereso de Chihuahua, fueron públicas las constantes visitas a la enfermería por motivo de su depresión y las noticias de altercados violentos contra otros compañeros de celda. Estos hechos hacen que su historia sea una pieza clave porque simbólicamente, el discurso del Estado era del gran verdugo que castiga a los infieles sin piedad; y el final no es menos impactante, Javier Garfio termina por confesar hechos que jamás sucedieron y según las autoridades, aportó pruebas para otros casos.
Esa negociación Garfio-Fiscalía le permitió beneficiarse del procedimiento abreviado y obtener una condena que le permite seguir en libertad, lo que contrasta con el discurso de Javier Corral que en público condena a cadena perpetua para todos sus adversarios políticos, pero justifica otro final si se convierten en testigos protegidos; entonces son perdonados por el noble gobernador.
Irónicamente, hoy en Chihuahua la principal situación de vulnerabilidad frente al abuso de poder del Estado, es por pertenecer a un grupo político. Cabe aclarar, que no podemos hablar de que se persigue a todos los priistas, al contrario, algunos se han hecho muy amigos del gobernador Javier Corral, es únicamente a un grupo de priístas, pero esta nueva inquisición no se delimita en la geopolítica local, el gobernador Corral tiene sus miras puestas fuera de la aldea.
La detención de Alejandro Gutiérrez se ha mostrado como un trofeo que solamente se puede entender en la lógica medieval, es la “cabeza de turco”, como se le llama a una persona o un grupo de personas a quienes quiere hacerse culpables de algo que no lo son, pero que esto sirve para los fines del inculpador. En resumen, por más raro que se escuche, la Coneja es un chivo expiatorio.
No hace falta ser politólogo para darse cuenta del truco. El discurso de Javier Corral es la clave, los argumentos políticos son mezclados con acusaciones penales, el gobernador habla de un régimen agotado, se refiere al PRI como el mayor mal y usa en su discurso retórico una abierta propaganda para las elecciones del 2018.
No cabe duda que Corral es el precandidato alternativo del PAN-PRD-MC y manipula al sistema judicial para mantener los reflectores nacionales, ahora recorre el país con la bandera de una supuesta represión de la Federación porque le negaron 700 mdp y acusa al Gobierno federal de que los presionan por el caso de Alejandro Gutiérrez, pero desde el inicio está viciado su discurso por los intereses político electorales.
Espero que la experiencia del abogado Baltazar Garzón sirva para desvelar esta realidad en los más altos tribunales del país y en las Cortes Internacionales para que el mundo sepa que Chihuahua se está convirtiendo en un pequeño país africano sin estado de derecho y con un dictador que usa el poder político para perseguir a sus adversarios.