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Corral-Peña, escalamiento del conflicto

Luis Javier Valero Flores/
Analista | Domingo 04 Febrero 2018 | 00:01:00 hrs

¿Puede, el presidente Peña Nieto, ser ajeno a la operación de la Secretaría de Hacienda –en lo referente a los recursos del Ramo 23, y no sólo los adjudicados a Chihuahua en 2017– y a las decisiones de la PGR, para darle cumplimiento a la petición de extradición de César Duarte y a las otras acusaciones en contra del ballezano?

¿Será ajeno a la petición del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al gobernador Corral, de trasladar a un penal federal a Alejandro Gutiérrez, el operador financiero del Comité Nacional del PRI?

¿Estará enterado Peña Nieto de la movilización dirigida por Javier Corral? ¿Sabrá de los mensajes de éste, vertidos en los actos realizados al desarrollo de la caravana? ¿Sabrá, o fue consultado, de la acusación del PRI en contra de Corral ante la Fepade, o ya fue una decisión tomada por el candidato Meade?

Ahora bien ¿Sabía Ricardo Anaya, precandidato del PAN a la Presidencia de la República y presidente nacional, con licencia, de su partido y, por tanto, verdadero dirigente del blanquiazul, de la operación Caravana ideada por Corral?

¿Hubo un previo acuerdo entre Anaya y Corral? ¿Cuáles fueron las razones para que Anaya interrumpiera sus actividades de la precampaña, a fin de estar presente en el acto en el que se anunció la realización de la caravana?

¿Hubo acuerdo para las líneas centrales del discurso de Javier Corral a lo largo del recorrido? ¿Idearon que, a lo mejor, más allá de la coincidencia en desnudar la corrupción gubernamental, lo realizado por la caravana podría beneficiar al candidato del PAN?

¿Por qué razón los blanquiazules chihuahuenses no han tenido el cuidado necesario para que sus acciones no sean encuadradas en el ámbito de lo político-electoral?

Las respuestas parecieran ser obvias, quizá no lo sean, pero el total de lo anotado ilustra el nivel del enfrentamiento existente entre el grupo gobernante en Chihuahua y el del país. Que crece todos los días, pues cotidianamente le agregan, ambas partes, elementos para el escalamiento del conflicto.

Es de tal magnitud que el evento central del ejercicio del gobierno de Corral, su I Informe, ha quedado sepultado –mediáticamente y ante la sociedad– y de cuyo contenido se han resaltado los rasgos centrales de la argumentación del gobernante chihuahuense, sin que lo anterior permitiera el análisis global del casi año y medio de gestión del juarense.

Todo ello en medio de las precampañas electorales, que en la práctica son el arranque de las campañas pues en ninguno de los partidos se realizará una elección para designar al candidato presidencial.

Pletórica la semana de acontecimientos políticos, como ha sido la tónica, prácticamente desde fines del 2014, cuando nació Unión Ciudadana –la organización convocada por el abogado Jaime García Chávez, para darle cobijo ciudadano a su denuncia en contra del entonces gobernador César Duarte–, el ahora mandatario Javier Corral, convertido en protagonista político del momento presente –calificación que, obviamente, no implica una valoración positiva– ha llevado a su terreno al régimen.

La culminación de tal operación la constituyó el acto celebrado en el Centro de Convenciones de Chihuahua, luego de la entrega del I Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, en el que hizo gala de sus mejores atributos oratorios para lanzarle al presidente Peña Nieto verdaderos obuses políticos, cuyo portador fuera el Dr. José Narro, secretario de Salud, poseedor de una personalidad propicia para el tendido de puentes entre ambos gobiernos, el de Chihuahua y el de la República.

Pero horas antes, luego de optar por una de las dos formas de presentar el informe

–la de solamente entregarlo en el Congreso del Estado–, el gobernador Javier Corral se puso a disposición del Poder Legislativo “si así lo considera conveniente”,  para acudir a fin de “dar respuesta o ampliar la información a los textos que ahora entrego”, en el curso del breve mensaje usado para cumplir con la entrega del texto del “estado que guarda la administración pública que encabezo”.

Dejó abierta la posibilidad, por tanto, a que la Junta de Coordinación Política aprobara un acuerdo parlamentario –porque no hay reglamentación para darle concreción a lo que propuso– que en términos reales sería la celebración de un acto en el que podría realizarse un esbozo de debate acerca de las cosas que informara el gobernante y las preguntas y cuestionamientos que expusieran los diputados locales.

Desdeñó, así, lo que sus antecesores –Patricio Martínez, José Reyes Baeza y César Duarte– eludieron: La de entregar el informe del otro modo contemplado en la Constitución de Chihuahua. Enviar un mensaje, que podría ser el informe, o una versión resumida del mismo y, a continuación, escuchar –y solo escuchar– las intervenciones de cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios acreditados y la del presidente del Congreso.

Es decir, en la práctica dar pie a, por lo menos, preguntas e interpelaciones y las respuestas, en un ejercicio que solamente se ha practicado una sola ocasión ¡En veinte años solo una!: En el gobierno de Patricio Martínez.

En el resto de las entregas de los informes lo común ha sido la plena sumisión del Poder Legislativo al titular del Ejecutivo, y de todas las fuerzas parlamentarias que ahí han cursado. En todos los actos permitieron que el gobernador, cuando hablaba, lo hacían después de él, con lo que todos violaban la ley, así fuera en un asunto que pareciera tan trivial. No lo es.

Luego de tal acto, todos los gobernantes se apresuraban a correr al evento público –o a comer con sus invitados “especiales”– en el que, (ese sí, difundido a través de extensas cadenas radiales y televisivas estatales) podían tener la certeza que no serían cuestionados, ni por los partidos políticos, ni por los ciudadanos, ni exponerse a que alguno de éstos los increpara, en un acto, como los definió, muchos años atrás, el gobernador Pancho Barrio, como “faraónicos”.

El de ahora no fue la excepción, se desarrolló como los realizados por sus antecesores, con todo el boato del que hacía gala el priismo en los “mejores” momentos de sus gobiernos, incluido, pero por supuesto, el derroche económico para agasajar al mandatario que había prometido austeridad y desaparición del culto a la personalidad. Ocurre todo lo contrario. Presupuestaron gastar ¡19 millones de pesos en el informe de gobierno!

Siguen igual, esto no ha cambiado, lo nuevo es la propuesta del gobernador Corral de ir a responder preguntas y cuestionamientos.

¿Por qué no aprovechó la ocasión y presentó una iniciativa de ley, para que el formato del informe se adecúe a lo propuesto, en esta ocasión y en la toma de posesión, en el tan, aparentemente, lejano octubre de 2016?

Quizá porque la operación gubernamental “Caravana por la Dignidad” sea la que ocupe, no solamente el tiempo y la atención del gabinete y el gobernador, sino también los recursos económicos y la atención de los funcionarios de gobierno que se trasladan del lugar en el que se encuentra la caravana y la ciudad de Chihuahua ¿A costa de qué presupuesto? ¿Lo pagarán de sus salarios? Si es así, no hay problema, pero deberán mostrar los permisos solicitados para faltar a sus trabajos.

¿A los funcionarios “caravaneros” se les descuentan los días faltados a su trabajo, como a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Magisterio? Digo, porque tienen la misma calidad de manifestantes.

¿Estarán a punto de que les levanten actas administrativas por las faltas cometidas, como a los maestros “rijosos”?

Y, como éstos, los caravaneros de Chihuahua también esgrimen causas justas, descritas apenas el viernes en Guadalajara por el gobernante chihuahuense: “Por eso Chihuahua decidió salir a marchar, porque las instituciones que debieran de procurar los cauces institucionales para solucionar los conflictos se colocaron en contra nuestra. Nos piden que no marchemos y que tomemos los cauces institucionales cuando hay una disfuncionalidad en este tema: una Procuraduría que debiera ser aliada en el combate a la corrupción, es la que ha retrasado el proceso de extradición, y la Secretaría de Hacienda, que debería ser la principal interesada en combatir la corrupción, se convierte ya no solo en una medida de control político, sino como un brazo armado del PRI para proteger las corruptelas de sus ex gobernadores”.

Lo dicho, los llevó a sus terrenos y ahora el régimen está en desventaja frente a Corral; que logró develar el entramado –uno de ellos– del sostenimiento del aparato gubernamental, incluida la dependencia encargada de los candidatos, el PRI, que ahora se desfonda a ojos vistas, no sólo en la contienda presidencial, sino también en las elecciones a gobernador –nueve– pues en ninguna encabeza en las preferencias electorales e, insólitamente, Morena liderea en 6 y el PAN en las restantes 3.

Y ese es un fenómeno en el que habremos de meternos adelante, solo que la confrontación Corral-Peña no da oportunidad.



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