Sergio Pacheco González/
Analista
En entrevista con Jorge Ramos, otro Jorge, de apellidos Castañeda Gutman, afirmó que en varios países de América Latina, a diferencia de lo que sucede en Cuba y Venezuela, los procesos electorales demuestran el carácter democrático de sus respectivos sistemas políticos. En un acto que evidencia un contrasentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral “sancionó con un monto total de 36.9 millones de pesos al PRI, al PVEM, al PRD, al PT, a Movimiento Ciudadano, al PAN y a Nueva Alianza por haber recibido beneficios de un ente prohibido en el proceso electoral federal 2011-2012.” (https://centralelectoral.ine.mx/2018/01/10/).
Si bien este hecho cuestiona el desempeño de partidos y por su tardanza el del propio INE, esto no significa necesariamente que los votos de la ciudadanía no se cuenten y cuenten en la definición de quien o quienes logren el triunfo. En este sentido se ha avanzado mucho. Más sí permite reflexionar sobre la relevancia que ha tenido el uso de recursos económicos para incentivar el voto. Por ejemplo, la existencia de nueve partidos políticos nacionales representó en 2017, señala el INE, un financiamiento público de $4,059,213,905, correspondiendo al PRI 25.5%, al PAN 19.3% y al PRD 11.5%.
Las recurrentes alianzas y coaliciones electorales tienen explícitamente el propósito de impulsar una candidatura común. No obstante, para algunos partidos políticos se trata de una estrategia de sobrevivencia, que les permita alcanzar el porcentaje de votación que les asegure el registro y con ello acceder al presupuesto público.
En el caso de los candidatos independientes, señala la reglamentación vigente, el monto de financiamiento que les corresponde es el equivalente al de un partido de nuevo registro, el que se distribuye entre todos los candidatos independientes: 33.3% de manera igualitaria entre todos los candidatos al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 33.3% de la misma manera entre todas las fórmulas al cargo de senador, y 33.3% entre todas las fórmulas al cargo de diputado federal. Para 2018 el INE ha propuesto $42,963,332 para las candidaturas independientes.
Tomando en consideración estos datos, resulta importante preguntarse ¿qué tan determinante resulta el financiamiento público en los resultados electorales en los que candidaturas independientes han logrado el triunfo? Si se considera el resultado local en 2016, la respuesta es no. En dicho proceso electoral, el candidato independiente ganó la elección en el Municipio de Juárez con 209,762 votos, superando la suma (169,984) de la votación obtenida por el candidato y la candidata de los dos principales partidos en el estado. De hecho, el porcentaje de participación electoral fue de 41.6%, mientras que en los tres procesos electorales previos fue menor a 30%.
No obstante, no puede ignorarse el hecho de que el esfuerzo que se requiere para cumplir con los requisitos legales para alcanzar el estatus de candidato o candidata demanda recursos e implica costos. El trabajo voluntario es una opción, la que seguramente ha sido empleada. El deseo de expresar el malestar ciudadano con respecto a los gobernantes, los políticos y sus partidos, apoyando un candidato sin partido formal, pudo favorecer la obtención de las firmas necesarias. Se destaca que el candidato casi duplicó el porcentaje requerido (3% del padrón electoral) y logró 259.7% más registros que los alcanzados por tres de los seis precandidatos que persistieron en el esfuerzo por lograr la candidatura.
Otros factores están presentes. Entre ellos, las pugnas o debilidades al interior de los partidos políticos, los acuerdos entre los candidatos y sus equipos, la influencia de los grupos de presión, de los grupos sociales que han generado capital social y de los medios masivos de información. Muchos recursos se han empleado en la arena política, de algunos no existe registro.
El reto que se les presenta a quienes encabecen las candidaturas con un partido formal o no, consiste en convencer a la ciudadanía de que su participación en el proceso electoral podrá influir positivamente en un mejor desempeño gubernamental. El presidente con licencia podría encontrar un refrendo preliminar si logra obtener las firmas necesarias en un periodo de tiempo menor al que empleó en su primer ejercicio. No le aseguraría la presidencia, más generaría una impresión que le sería favorable e impulsaría, indirectamente, a quienes se postulan a las diputaciones y la sindicatura como independientes.