LA COLUMNA
de El Diario
Suponiendo sin conceder que Javier Corral Jurado haya obtenido un triunfo limpio en julio del 2016; es decir, sin apoyo deshonroso de presupuestos y recursos humanos de la Secretaría de Gobernación ni del ISSSTE, no alcanza su autoridad política y moral para elevarse sobre la República y sobre el estado, como el apóstol de todas las virtudes cardinales. Nada más lejos de ello.
Más golpecitos ha recibido el centralismo político que el fiscal en nuestro país aunque haya derivado en una feroz partidocracia que ni un rayo de luz ciudadano permite incomodarla. Es un cerrado círculo cuyo grado de confort raya en vergonzantemente aristócrata para un país cancerado de pobreza extrema por sus dos costados, por el norte y el sur.
Es innegable por otro lado que nada ha movido en décadas al sistema fiscal federal. La distribución por ingresos contributivos en los estados queda redistribuido bajo inaccesibles fórmulas solo comprensibles en la falta de alumbrado para las calles, falta de hospitales, pavimento, infraestructura médica y educativa... en productos básicos y servicios a precios inalcanzables para salarios mínimos.
Si alguien conoce a detalle ese esquema es el gobernador Corral. Fue tres años diputado federal y cerca de nueve senador de la República. Es entusiasta beneficiario de la partidocracia, en algún grado también responsable de las inalteradas estructuras fiscales federales.
En todo ese tiempo no lo vimos convocando a mítines, protestas ni manifestaciones para que el Gobierno de la República devolviera a Chihuahua lo que en “estricta justicia” le corresponde.
Ciertamente hoy tiene Corral una responsabilidad administrativa de alcances distintos. Sería un absurdo y un contrasentido no estar de acuerdo con él en señalar la estructura chicanera de distribución fiscal y no exigir que la Federación cumpla al estado con 700 millones de pesos si están comprometidos en los convenios correspondientes. Eso y más.
La evidente mezcla de intereses personales y político electorales es lo que deslegitima por completo conducta y pronunciamientos del gobernador, aunado a la falta de cumplimiento a las obligaciones básicas que como titular del Poder Ejecutivo tiene con los chihuahuenses.
Su discurso es lamentable por fingido. “No vamos a negociar ninguna investigación ni por 700 millones de pesos ni por todo el presupuesto de Chihuahua. Estamos listos para rascarnos con nuestras propias uñas, con austeridad, eficiencia y honradez...”, ha dicho a través de Facebook, su red social preferida.
Reencendió la chispa con su conferencia de prensa del lunes en la Ciudad de México. Levantó la polémica por asegurar que funcionarios de la Secretaría de Hacienda condicionaron la entrega de esas recursos debido a los procesos penales abiertos en Chihuahua contra exintegrantes de la dirigencia nacional priista y contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda que habrían participado en la triangulación de aproximadamente 250 millones de pesos de dinero del gobierno chihuahuense al PRI nacional.
El manejo del discurso y los posicionamientos mediáticos subsecuentes develaron aun en aliados del gobernador que su objetivo no tiene nada qué ver con seriedad ni resarcimiento de daños provocados a las finanzas públicas chihuahuenses. Sus posiciones “rayan o invaden la arena política”, opinó Jacqueline Peschard, titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ella se había mantenido como una fiel devota del gobernador chihuahuense. Estuvo en primera fila de la treintena de figuras políticas, intelectuales y “ciudadanas” que aparecieron en las imágenes atrás de Corral durante su conferencia de prensa.
Pero son esos detalles que no tocan a la conciencia del gobernador ni le llaman a la reflexión sobre su manejo. El encuentro con los periodistas del centro del país no fue más que un paso de un plan perfectamente orquestado que agregó de inmediato los preparativos hacia el “informe” mitin organizado para este domingo en la Plaza del Ángel, a un costado de Palacio de Gobierno.
Las manos del interés electoral aparecen por todas partes. El evento ha sido convocado en calidad de a fuerzas por un sindicato de burócratas estatales, por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), por las dirigencias municipales de ese partido en todo el estado, por sus aliados en por México al Frente, el Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática... por patrones de empresas pro panistas o procorralistas.
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Ha dejado Corral muy clara una y varias veces su postura en relación al proceso electoral del 2018. Protagonista esencial en esa agenda que incluye la coalición del PAN-MC-PRD, la repartición de candidaturas a alcaldías, diputaciones locales, federales, senadurías...Y la joya de la corona, la Presidencia de la República para Ricardo Anaya.
Nadie entonces se puede llamar a engaño si el gobernador está concentrado en ese objetivo y no en dirigir política y administrativamente al estado. Sus primeras señales indiscutibles las dio con los “encuentros Chihuahua”.
Desconocemos en qué vaya a terminar esa aventura por Los Pinos y en qué deriven finalmente los temas ancla electorales como “la operación justicia para Chihuahua”, (el duartismo en la cárcel) y la “#justiciaparaChihuahua” (los reclamos de dinero a la Federación).
La realidad es que esos hechos han patentado el rostro intolerante del régimen estatal hacia la crítica en general (política, periodística o ciudadana), su empaque de corte al estilo del viejo PRI “corrupto y corruptor”, y sobre todo, de su irresponsabilidad en el manejo de sus obligaciones más elementales.
Escupe el nuevo amanecer en su cara al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en busca de reflectores nacionales y votos para la causa de por México al Frente, pero tiene abandonadas las relaciones prácticamente con los 67 presidentes municipales en su estado.
En ese paquete aparecen los casi 30 alcaldes priistas, los independientes de municipios significativos como Parral y Ciudad Juárez e inclusive los originados en el mismo partido del gobernador, Acción Nacional. Botón de muestra es la frialdad, lejanía y hasta denuestos hacia la alcaldesa de Chihua-hua, María Eugenia Campos, y su equipo, llamado por Palacio “Los Marucos”.
Para todos ellos tampoco hay “justicia fiscal”... del Gobierno del Estado.
Grandes temas de corte económico permanecen convenientemente guardados, o de plano en el olvido; entre ellos ese lío en el que solita se metió la administración estatal. Fue presentado el plan como salida al “desperdicio multimillonario de recursos” en intereses pagados a los bancos. Los diputados(as) que se opusieron la proyecto fueron insultados y colocados como enemigos de Chihuahua.
Es el refinanciamiento de los 20 mil 400 millones de pesos. Hizo el estado dos intentos en diciembre por subastar esa deuda directa que tiene el gobierno con varias instituciones de crédito. No lo consiguió por infructuosas negociaciones con los representantes de las empresas y pasar por alto el papel de Banobras en las operaciones.
Anunció la Secretaría de Hacienda estatal que el refinanciamiento quedaría concretado la primera semana de enero. Primero pidió un nuevo crédito por otros dos mil millones de pesos e inició la campaña política en la ciudad de México que avanzar en aquel compromiso.
La inseguridad es acaso el tema con mayor incompetencia demostrada. Recordar las estadísticas sale sobrando frente a las respectivas notas periodísticas de mañana, medio día, tarde y noche de todos los días.
Tiempo para disputar el poder hay el que sea necesario, no para obtener el respeto de los chihuahuenses a través de un ejercicio de gobierno que genere certidumbre y propicie mayor calidad de vida en todo el territorio estatal. Esos temas no se tocan.