Luis Javier Valero Flores/
Analista
Seguramente que las frases del candidato del PRI, José Antonio Meade, son las que mejor reflejan el elevado grado de incomodidad que les causó la descobijada propinada por el gobernador Javier Corral: “Nunca habíamos tenido un gobernador corrupto, o uno torturador, o uno tan mentiroso como el gobernador de Chihuahua”.
Los priistas sufrieron en la semana las consecuencias de haber elevado a la más alta dirección a personajes sin experiencia alguna en la política, de ahí los gravísimos tropezones en que cayeron.
¿A quién se le ocurre postular a la presidencia de la república a un hombre sin experiencia alguna en la relación política, más allá de las reuniones burocráticas de funcionarios de finanzas públicas o privadas, sin la costumbre de reaccionar a botepronto de las acusaciones y señalamientos de los partidos de oposición?
Más de alguno de los lectores podrá decir que ya, en otros tiempos, se postuló a candidatos con un perfil semejante al de Meade, y pueden saltarnos a la cara los ejemplos de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
La diferencia estriba en que ellos fueron candidatos –incluso Zedillo– del partido casi único, en la época en la que la oposición no tenía posibilidad alguna de ganar, o que una buena parte de la sociedad no había llegado al nivel de reclamo y de rechazo al partido gobernante hoy existente.
Y en esa primera consideración, la de poner a inexpertos en la conducción de las campañas, en el PRI y en el grupo gobernante, sufren las consecuencias de llevar a la dirigencia nacional a Enrique Ochoa –quien años atrás, no muchos, esgrimía no ser militante de partido alguno–, en la coordinación de la campaña presidencial a Alonso Nuño y en la candidatura a la Ciudad de México a Mikel Arriola; más aún, incorporar al equipo de campaña al todavía senador, el ex panista Javier Lozano, con lo que se fortalecerá la tendencia hasta ahora mostrada por el equipo de campaña de Meade, esto es, la confrontación directa, la rispidez y el señalamiento.
Solo así se explica que Meade, y hasta Peña Nieto, hayan salido a refutar a Corral en el asunto de las participaciones federales adelantadas, que de eso se tratan los cerca de 800 millones de pesos que le fueron negados por el gobierno federal al de Chihuahua.
¿A quien creerle, más allá de las filias y fobias, en los dichos acerca de la reunión que Corral sostiene celebró con el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y en la que este le condicionó la entrega de los más de 700 millones de pesos al comportamiento del gobierno chihuahuense en el proceso en contra de Alejandro Gutiérrez?
Corral dice que eso ocurrió y González Anaya lo niega.
Una cosa es cierta, los argumentos del Secretario son endebles y los documentos mostrados por el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, muestran que, efectivamente, entregaron los números de las cuentas bancarias a las cuales debían depositarse los recursos.
El otro argumento de González Anaya, el de la falta de recursos del gobierno federal, es insostenible, a juzgar por las evidencias del fin de año, en el que no se apreció la falta de ellos en el funcionamiento de la administración federal.
Más aún, la argumentación de Hacienda federal se basa exclusivamente en que a Chihuahua se le entregaron los recursos plasmados en el presupuesto de egresos y una partida extraordinaria de alrededor de dos mil millones de pesos.
Todo eso es cierto, lo que no acreditan es la firmeza del sustento para no entregarle al gobierno de Chihuahua los más de 700 millones adelantados y ahí le ofrecieron a Corral el flanco débil que éste buscaba.
Tan productivo resultó para Corral –en muchos sentidos, que se alza en el país como adalid del combate a la corrupción, defensor del federalismo, denunciante de las corruptelas del grupo gobernante y garante de la dignidad de los chihuahuenses– y, además, en términos político-electorales, como el principal impulsor de la gris campaña de Ricardo Anaya.
Además, le otorga un nada despreciable respiro a la crítica en Chihuahua a su bajo desempeño como gobernante, que ya se empieza a reflejar en los primeros sondeos y encuestas realizados para medir la calificación que los chihuahuenses le otorgan a sus gobernantes, como el publicado por la organización Plan Estratégico de Juárez, y efectuado solamente en Juárez, en el que los juarenses le otorgan una calificación reprobatoria de 4.94 puntos, en tanto que a Armando Cabada, el alcalde, le dan un aprobatorio de 7.19 puntos. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 10/I/18).
Ambos gobernantes obtuvieron una mejor calificación que sus antecesores. “Cabada logró un aumento de 55 por ciento respecto al 4.63 que obtuvo en 2016 el entonces alcalde Javier González Mocken, mientras que la calificación de Corral fue mayor en 23 por ciento sobre el 4.01 por ciento del exgobernador César Duarte”, pero en el caso de Corral, por debajo de la línea de aprobación. (Ibídem).
Sin embargo, en los días recientes sus calificaciones mejorarán, merced a la buena acogida ciudadana acerca de sus denuncias sobre el manejo discrecional, abusivo, del presupuesto, por quienes aún dirigen el país y que ahora han recibido un tremendo golpanazo, justamente en el momento en que menos debía recibirlo la campaña de Meade.
Lo develado por Corral es de una tremenda importancia, es la revelación de los meandros del poder político hegemónico en el país en los últimos 70 años y apesta pues, a los ojos de muchos mexicanos, es la viva imagen de la enorme corrupción del régimen, por eso es que Meade y Peña Nieto responden, hundidos, además, por la poca penetración del candidato, aderezada, por si fuera poco, por la destitución-renuncia de Miguel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación, para enfilarse, se supone, a la comodidad de la candidatura a una senaduría, luego de ejemplificar el fracaso del gobierno peñanietista en materia de seguridad pública.
Frente a ello, Corral aprovechó el momento y la circunstancia y pretende obtener la mayor rentabilidad posible -en aras de la dignidad de Chihuahua, dice- para desnudar al esquema operativo de Peña Nieto para financiar las campañas estatales, las federales y … las presidenciales.
Porque la presencia de Luis Vega Aguilar al frente de la Secretaría de Finanzas del Comité Nacional del PRI, durante la gestión de Peña Nieto como gobernador, y luego su presencia como encargado de las finanzas del Comité Nacional del PRI, a lo largo de todo el sexenio de Peña, luego de haber sido auxiliar cercano del ahora presidente a lo largo de toda su carrera política, no hace más que confirmar que la operación que involucraba a César Duarte y a Alejandro Gutiérrez.
Ahora bien, tal éxito no lo exime de la crítica a su gobierno, y nos referimos a la realizada con estricto apego a la realidad, la desligada de cualquier interés político o económico, tan difícil de desentrañar en el momento actual, por supuesto, no, son muchos los aspectos criticables de su gobierno, de la forma personal de gobernar y del tejido político-económico que se aprecia crece a lo largo de su administración.
Y tales afanes son apreciados por algunos de quienes lo acompañaron en la conferencia de prensa del martes anterior.
El viernes, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción le retiraron el apoyo a Corral. En entrevista con La Crónica, Jacqueline Peschard, presidenta de ese organismo, declaró que “Los miembros del comité acompañaron a Corral en un primer momento, luego de analizar la denuncia, pero ahora ese reclamo, puntualizó Peschard, raya o invade la arena política y el Comité Ciudadano optó por retirarse de la disputa”. (Nota de El Diario de Juárez, 12/I/18).
“Lo que sí puedo decir es que nosotros apoyamos ese evento en el que el gobernador Corral salió a reclamar que no le hubieran dado los recursos que ya se habían acordado con Hacienda porque él estaba haciendo o había empujado todo el asunto en contra de César Duarte”, dijo Peschard a La Crónica Hoy y agregó que la queja del gobernador estaba plenamente justificada, “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”. (Ibídem).
Corral deberá, por tanto, mesurar sus acciones, no en el sentido de disminuir la fuerza de los golpes propinados al régimen, sino desligarlos de las campañas presidenciales, en particular de la de Ricardo Anaya, su compañero y aliado político.