José Buendía Hegewisch/
Analista
Ciudad de México.- El tema eje que atraviesa el cuerpo amorfo de las extrañas “precampañas” de las elecciones 2018 es el crimen y la impunidad. Es un binomio inseparable y el designio más intrincado para todos los candidatos, pero también su mayor reto si quieren proyectar esperanza y confianza en el próximo sexenio. La dupla es el sostén principal desde la inseguridad hasta la pérdida de credibilidad de autoridades e instituciones, que se articula en la justicia selectiva o su uso político para proteger a leales y atacar a contrarios en la vieja máxima juarista: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas”.
Difícilmente algún candidato prenderá realmente sin lograr convencer del compromiso de romper el uso de acuerdos o la negociación política como razón predominante en el “lado oscuro” de la justicia. Ya están agotados los subterfugios de aprehensiones pactadas de “peces gordos” o shows mediáticos para simular justicia, mientras se preserva el modus operandi de la corrupción para privatizar recursos públicos o triangularlos a las elecciones, como, por ejemplo, traslucen las denuncias de la Fiscalía de Chihuahua contra el exgobernador César Duarte.
Ese agotamiento contribuye a que las campañas hayan arrancado con un tono cansino y olor a viejo, que no se quitan de encima los candidatos que sólo ofrecen un “cambio” para acabar con el pacto de impunidad, con un “borrón y cuenta nueva”, sin objetivos claros para desmontar el sistema de protecciones de la corrupción; ni tampoco los que creen que es suficiente vestirse con el ropaje de “ciudadano” para asegurar la aplicación de la ley, sin distinciones políticas y sin deslindarse de lo ocurrido en la administración. El mayor reto de los candidatos es con la justicia.
En el gobierno de Peña Nieto se han detenido por cargos de corrupción a ocho exgobernadores, seis del PRI y dos del PAN, aunque sólo uno de ellos ha alcanzado sentencia, Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes. Esta semana fue extraditado de Panamá y encarcelado en Morelos Roberto Borge, acusado de articular una red de corrupción para la venta irregular de predios de la reserva territorial de Quintana Roo, que incluye a su mamá como testaferro, aunque ahora parece eximida del caso con la ayuda de un acuerdo. La celeridad y notoriedad de los casos que implican situaciones criminales de enriquecimiento personal, sin embargo, contrastan con la parsimonia y permisividad de otros que, en que la desviación de recursos públicos, apuntan a tramas de corrupción para financiación electoral, como en Chihuahua.
La trascendencia del caso de Duarte es que pueda revelar esquemas financieros para triangular recursos públicos a las campañas electorales, susceptibles de replicarse en otras entidades. En diciembre pasado fue detenido por la Policía Federal y la estatal de Chihuahua el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado de operar la canalización ilegal de 250 millones de pesos a las arcas de su partido en las elecciones estatales de 2016, presuntamente del fondo de saneamiento de deuda estatal que recibe de Hacienda. Aparte del dirigente priista, han sido detenidas 14 personas por presunto desvío de recursos en la anterior administración de Duarte, y el exgobernador acumula 14 investigaciones con igual número de ordenes de aprehensión, mientras éste se mantiene prófugo y, al parecer, sin temor a una orden de extradición en su contra.
El PRI ha desestimado la investigación, aduciendo falta de pruebas, coacción a testigos e intenciones electorales, mientras la Fiscalía local asegura tener más de 40 carpetas de investigación en firme y el gobernador, Javier Corral, exige a Peña Nieto emitir una orden de extradición contra Duarte. Los candidatos, más allá de intereses partidistas, tendrían que rechazar cualquier viso de justicia selectiva si quieren realmente convencer de su compromiso de atacar los pactos de impunidad que tanto han dañado a la justicia.