LA COLUMNA
de El Diario
• Gasolina y gas caros significan tortillas caras
• Sindicato apartidista, sindicato independiente
• La vara corralista en órganos autónomos
El abogado Antonio Collado Ocejo ha dejado las ramas y se ha lanzado directo contra el consejero jurídico del Gobierno estatal, Maclovio Murillo Chávez.
Lo acusa de “amedrentar” a su cliente el exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para que admita convertirse en testigo protegido contra el exgobernador, César Duarte y contra altos funcionarios del Gobierno de la República, como el exsecretario de Hacienda y actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Murillo se puso en contacto directo con La Columna y negó más de tres veces la acusación. Más adelante tenemos su versión textual.
Gutiérrez, “La Coneja” fue aprehendido en plena Navidad por agentes de la Fiscalía General de Chihuahua, acusado de corrupción por cientos de millones de pesos supuestamente sacados del gobierno chihuahuense y llevados al PRI nacional. Presuntamente estarían involucrados otros personajes de Gobierno federal y exdirectivos del Revolucionario Institucional en el país.
Son a esos a los que busca detener el régimen del panista Javier Corral no necesariamente a través del consejero Murillo.
El anzuelo lanzado a Gutiérrez por operadores de Corral y/o del fiscal, César Peniche: el uso de los famosos criterios de oportunidad. Confesar la ruta del dinero y los nombres de todos los destinatarios.
Son varios los detenidos del régimen duartista que aceptaron convertirse en testigos protegidos pero sólo a uno le han dado la libertad, al exalcalde de la ciudad de Chihuahua, Javier Garfio. El resto ha iniciado sentencias por tres años y cuatro años de prisión. No parece que hayan hecho estos el mejor negocio con la Fiscalía azul.
Para cuando terminen su reclusión, los panistas estarán tocando a retirada del gobierno y ellos regresarán a la libertad pero como ánimas en pena cargando imborrables como sendos antecedentes penales.
Ese es el escenario que enfrenta “La Coneja” si decide, en expresión vulgarmente aceptada, deponer la sopa. Irían por Manlio Fabio Beltrones, luego por Luis Videgaray y rematarían con el presidente Peña Nieto (recordemos que para su elección en 2012 el duartismo presumía haber auxiliado esa campaña con varios cientos de millones presuntamente trasladados nada menos que por uno de los sentenciados, Ricardo Yáñez).
El surrealismo corralista aparece bien materializado en los expedientes ministeriales y judiciales. Para quienes no lo asimilen todavía.
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Maclovio Murillo sostiene que “La Coneja” Gutiérrez ni como “testigo protegido sirve” y por lo tanto “falsos los rumores en el sentido de se le ha presionado para que sea testigo colaborador”.
“Hay que precisar que La Coneja no es medio, es objetivo prioritario al estar en la cúspide de la organización que saqueó las arcas públicas de Chihuahua. Así que ni se haga el interesante porque ni dada la queremos a esa Coneja que además de ser de cola larga y putrefacta, salió le lengua muy grande y suelta”.
“Tengo ya ocho días en Houston, Texas, atendiendo una enfermedad de mi esposa. Entonces cómo es que La Coneja dice que fui a presionarlo para que declare contra sus cómplices? ¿Acaso tengo el don de la ubicuidad? Le insisto: yo no soy papel de baño para que quiera limpiarse conmigo su cola sucia, hedionda y putrefacta...”.
Esas son palabras duras, rudas y categóricas, pero al fin sus palabras.
Ese es el Maclovio Murillo que conocemos desde antes de arribar como colaborador de Javier Corral. Directo e implacable.
Nuestra obligación profesional: abrir el espacio para su versión u opinión; o ambas. Esa es.
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Es una mentira cósmica que el gobierno hable de regular precios en los productos básicos si permanecen libres a sus anchas y sin rienda alguna los precios de los energéticos, el gas LP, el gas natural, la gasolina, el diesel.
Va junto con pegado. El maíz, el frijol, el huevo, la harina, no se trasladan solos. Sería una absurdo creer en alguna especie de filantropía social por parte de los comerciantes al vender productos a menor costo de lo que pagan por ellos al final de su cadena donde los combustibles son fundamentales.
El gas 60 por ciento más caro a lo largo del año de su “liberación”, seis y fracción más únicamente al arrancar el 2018, la gasolina un promedio de 10 por ciento durante los últimos meses, el dólar de 16 a más de 20 pesos. ¿Y qué tal si agregamos para el caso específico de Juárez casi ocho por ciento más en agua potable?
Alguien paga más y son los consumidores, por lo tanto disminuye el poder adquisitivo y las familias empobrecen sin freno, sobre todo aquellas que dependen del salario mínimo; ese sí, bien controlado por el gobierno y los sindicatos oficialistas para que no pase del tres y medio porcentual anual.
Las consecuencias de los descomunales encarecimientos (un día el huevo a 30 pesos, después a 40 y hasta extremos de 60) no llevarán a una revuelta social, pero sí a más niños enfermos por desnutrición, sin escuelas, y listos para los delincuentes apenas lleguen a la adolescencia si antes no mueren de hambre.
Los liderazgos políticos permanecen bien aprovisionados con recursos públicos como para incomodarse en protestas o manifestaciones que por la fuerza frenen los excesos de gobierno y de empresarios que llevan más lejos de la lógica económica general los costos de sus productos.
El año apenas empieza. Vienen las campañas electorales fuertemente aderezadas con esos temas que todos los candidatos resuelven en los discursos, nunca en los hechos. No levantan a México del tercer mundo.
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Lo hemos dicho como expresión coloquial, no hay borracho que coma lumbre.
Ayer sostuvo encerrona el independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, con los dirigentes del sindicato al mando de Arturo Silvadoray.
Son sabidas las diferencias entre ambos desde que el ahora presidente municipal andaba en campaña. Razones para la pelea hay muchas, la última de ellas el adeudo millonario en cuotas que tiene la Alcaldía con ese gremio.
Esa fue parte de la plática “en buenos términos” ayer, pero también abiertos de capa sobre el trabajo tricolor partidista que ha venido llevando a cabo el sindicato.
Quedó claro que el alcalde llegó a su posición a pesar del sindicato; entonces, si quieren operar electoralmente, lo pueden hacer pero desde fuera de la Alcaldía.
Silvadoray no es bruto. Lleva muchos años con el control del pandero y no arriesgará su estabilidad económica por muy priista que sea su origen. Adiós a la campaña y a trabajar en lo suyo; si no es con los independientes, con nadie, la definición.
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Una mayoría priista no puede ser digna de confianza por mucho y que se coloque de tapete con lineamientos paritarios de género agradables a un sector de los jefazos de Palacio de Gobierno.
La significativa, unilateral e ilegal reducción del presupuesto al Instituto Estatal Electoral por parte del Congreso del Estado, por órdenes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal, tiene qué ver básicamente con las diferencias políticas entre los panistas de Palacio con los tricolores del IEE.
Esa disminución de golpe y porrazo hizo ver a los señores y señoras integrantes del Consejo General que las ofrendas de nada sirven cuando la credulidad está perdida. En Palacio adolecerán de muchas cosas, menos de ingenuidad o falta de malicia.
Ahora que el Consejo del IEE se ubicó en esa realidad e impugnó ante órganos electorales federales el tablazo presupuestal 2018, deberán seguir recurriendo sus miembros más a la operación política nacional que jurídica para no desaparecer.
Si con eso no consideran declarada la guerra, pobres de sus huesos.
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Qué diferencia el Tribunal Estatal Electoral (TEE). Ahí despacha como presidente un fan del gobernador, Javier Corral Jurado. A él debe inclusive la posición lograda cuando los partidos políticos se repartieron el pastel en dicho órgano electoral. Yuri Zapata Leos llegó al Tribunal y de inmediato desplazó de la presidencia al duartista César Wong.
Entre los llamados órganos autónomos, el Tribunal fue el único que no sufrió recortón de su presupuesto. Los magistrados aprobaron 48 millones y medio, y eso le respetó el Congreso del Estado, tal y como debe ser. La autonomía significa en parte eso aunque no se justifique ninguna cantidad porque se trata de una institución simple y sencillamente improductiva. El año pasado fue su gasto de 27 millones de pesos.
Hubo reducción también de 10 millones y medio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y seis millones al Instituto de Transparencia, cuya relación con el gobernador ha sido de altibajos.
Así maneja el nuevo amanecer su relación interinstitucional. Premios y castigos según el tipo de comportamiento de los funcionarios y el tamaño de su cercanía y confianza con los intereses personales o blanquiazules.
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