Lourdes Almada Mireles/
Analista
Durante su campaña electoral, en 2016, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estableció como uno de sus principales compromisos, “devolver a Juárez lo que en justicia le corresponde”.
Ha sido una demanda de muchas y muchos juarenses que se regrese a Juárez un presupuesto que corresponda al porcentaje de ingresos que esta ciudad genera para la entidad, y que éste se traduzca en desarrollo urbano, servicios de salud, educación, cuidado infantil, etcétera. Desde los años 80, en tiempos de la doctora Guillermina Valdez de Villalva, se denunció que Juárez generaba el 60 por ciento del producto interno bruto del estado y recibía únicamente el 15 por ciento de los recursos destinados para éste.
La situación de marginación y abandono que vive Juárez es evidente. Baste con dar una vuelta por ambas ciudades y comparar las vialidades y la obra pública. Más allá de rencillas entre “juaritos” y “chihuahuitas”, las y los fronterizos merecemos un trato justo, que elimine las brechas de desigualdad y discriminación. Por dar algunos ejemplos, un niño que vive en Juárez tiene 50 por ciento de posibilidades de asistir al preescolar que uno que habita en la ciudad de Chihuahua; una realidad similar ocurre en el nivel secundaria; 20% de las niñas y niños de Chihuahua viven en hogares con un ingreso menor a dos salarios mínimos, mientras en la capital este porcentaje no llega al nueve por ciento.
En términos de presupuesto, no existen indicadores claros que permitan conocer los recursos que se destinan realmente a Juárez. Habría que empezar por generar un presupuesto que establezca clara y transparentemente cuántos empleados y qué montos se destinan realmente a Juárez. Sería sorprendente -¿lo sería?- encontrar que hay áreas –y no pocas– en las que el porcentaje de empleados y recursos que se ejercen en la ciudad fronteriza es inferior al 10% de los que se ejercen en la capital.
No hay la posibilidad de comprobar, por ejemplo, un dato compartido por personal del Sistema Estatal de Salud y que, dada la situación en los otros rubros no parece descabellado, que afirma que existen el doble de médicos empleados por Gobierno del Estado en Chihuahua que en Juárez, a pesar de que Juárez cuenta con el 37 por ciento de la población de la entidad, mientras en Chihuahua vive únicamente el 23 por ciento.
“Devolver a Juárez lo que en justicia le corresponde” implica un plan agresivo para que esta ciudad reciba por lo menos un porcentaje similar de los recursos disponibles en el Estado, de manera que pueda garantizarse el avance paulatino y permanente para igualar indicadores de disminución de la pobreza, educación, salud y desarrollo social. El 37 por ciento sería todavía una cifra conservadora, si se consideran las décadas que la ciudad ha aportado un porcentaje mayor en la generación de la riqueza y ha recibido menos del 20 por ciento para el desarrollo de su población.
Se asume como justo, entonces, que en adelante se asigne un porcentaje similar al de la población del estado que habita en Juárez. Este sería un primer paso para disminuir la brecha de desigualdad entre los dos municipios más grandes del Estado.
La única dependencia que presentó un “plan especial para Juárez” fue la Subsecretaría de Desarrollo Social, en aquel entonces a cargo de Hugo Almada Mireles. Al reconocer los grandes déficits que padece nuestra ciudad, se realizó una propuesta ambiciosa que planteaba atender algunos de los rubros más urgentes para iniciar con la reconstrucción de Juárez.
Del resto de las dependencias no se ha sabido nada. Por el contrario, sería interesante una investigación sobre los niveles de centralismo que se viven al interior del gobierno y la nula autonomía que las autoridades estatales tienen en Juárez. Se trata de un centralismo propio de un emperador como Duarte, pero indigno de un gobierno que se presenta como democrático y que es además presidido por un juarense. “Devolver a Juárez lo que en justicia le corresponde” tiene que ser más que un lema de campaña, tiene que ser una realidad que dignifique la vida de las y los juarenses. Es una agenda urgente que sigue pendiente. ¿Seguiremos esperando?.
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