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Poder y libertad de expresión

Arturo Mendoza Díaz/
Analista | Miércoles 03 Enero 2018 | 00:01:00 hrs

El asesinato de Miroslava Breach Velducea puso al descubierto anomalías turbias que deben atenderse cuidadosamente e investigarse a fondo, de modo preferente por una autoridad federal.

A juzgar por la implicación de gente del Partido Acción Nacional en el asunto, hay la idea de que en cuanto a esto la óptica de la Fiscalía General del Estado será benévola, aunque se diga lo contrario.

La cuestión parece ser la misma de siempre, partiendo de que en la sociedad, los seres pensantes que la forman disfrutan de libre albedrío, poseen derechos y se expresan, comunicándose entre sí.

En esa situación, una necesidad elemental hizo que la humanidad dispusiera de información, en una tarea llevada a cabo, según la época, por aedos homéricos, juglares medievales, cantadores de corridos o periodistas.

Pero en ese statu quo, cuando se produjeron conductas que afectaban a la colectividad, el poder formal a veces no admitía censuras, y mucho menos quienes detentaban algún tipo de potestad fuera de la ley.

Una solución sensata en ese trance no era privar de la vida a quienes decían lo que pasaba, sino enmendar o corregir, pero a partir de esa encrucijada tortuosa corrieron peligro quienes ejercen la labor informativa.

Peor aún, al materializarse ese riesgo, más allá de privar de la vida a un individuo en particular, quien pierde es la sociedad, la conciencia colectiva, al coartársele el derecho que tiene a la información.

A veces para poner diques a la libre expresión basta que haya persecuciones, se hagan listas negras o que los contratos de publicidad gubernamental se usen como premio o castigo.

También, restando validez al dicho de “zapatero a tus zapatos”, y con cargo al erario, los gobiernos suelen volverse periodistas creando sus propios medios de difusión, para informar con sesgo, como Goebbels.

Al respecto, la pintoresca frase: “No voy a pagar para que me peguen”, del expresidente José López Portillo, trascendió a través del tiempo como muestra de una de las ópticas más distorsionadas.

Fue en relación a la revista Proceso, con la que su gobierno contrataba publicidad, a propósito de lo que López Portillo “olvidó”: que el pago no salía de su bolsa, y que sus actos administrativos eran de interés público.

Las cosas, en un sueño de opio, mejorarían si no hubiera nada qué esconder, y acabaran las irregularidades, mas como no es así, se originan sucesos cuyo conocimiento público no se desea.

Debido a eso murió Miroslava Breach Velducea, que informaba sobre violaciones a los derechos humanos, tropelías en la sierra, pormenores del crimen organizado y corruptelas de la pasada administración estatal.

Después, más allá de lo relativo a los responsables materiales de su muerte, de los que uno fue abatido, otro está sujeto a proceso, y uno más se halla prófugo, las investigaciones patentizaron lo que era un secreto a voces.

Se trata de una red de relaciones entre el crimen organizado, que es poder fáctico de naturaleza ilícita, y funcionarios del PAN, como representantes del poder formal, asumidos por la Fiscalía sólo como testigos de hechos.

Tales nexos no son de extrañar en pueblos pequeños como los de la sierra, en donde toda la gente se conoce, se ve a diario, y es forzoso que haya trato, sea de amistad o cuando menos de cortesía.

Sin embargo no se trata de un estudio sociológico, sino de que se aborde de manera apropiada un caso en el que hay un mar de fondo, y a propósito del que no todo está dicho.

Si la Procuraduría General de la República (PGR) no toma el caso, podría suceder que la justicia en Chihuahua muestre dos varas, una dura y correosa para opositores políticos, así como otra blanda y tersa para los correligionarios.

De ese modo, la solución a este asunto es de dos caras. En una de ellas los culpables directos de la muerte de Miroslava responderán por su crimen ante la justicia, a fin de que el asesinato no quede impune.

Por otro lado, la ley debe abstenerse de incurrir en omisiones, y quien la infrinja, sea quien sea, debe ser alcanzado por su brazo, a fin de que afronte las consecuencias de los ilícitos que cometió.

Así, ante un evidente conflicto de intereses, aunque la Fiscalía estatal diga que será imparcial y cuidadosa, es la PGR quien debe avocarse a la cuestión, lo cual sería más sano y, además, es de su total incumbencia.

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