Sergio Pacheco González/
Analista
Inicia el año 2018 y con él se inicia un nuevo ciclo. No es un ciclo autónomo, se encuentra ligado a múltiples determinaciones y a sus propios antecedentes. Vislumbrar un futuro diferente y mejor requiere tomar en cuenta unas y otros. El contexto local se encuentra definido por factores internos y externos. Entre estos últimos la política estadounidense y sus efectos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la fluctuación del dólar y el trato a los migrantes, son sólo algunos de los aspectos a considerar con implicaciones directas para esta frontera.
La previsible puesta en vigor de la Ley de Seguridad Interior así como la persistencia de la violencia homicida en el territorio nacional, como en el estado y en este municipio fronterizo, avizoran una fuerte tensión social y política, que tiene como trasfondo el proceso electoral federal y local. La legalidad y legitimidad de dicho proceso es fundamental para mantener la paz social. Un componente fundamental, en este sentido, es la participación ciudadana.
Frente al descrédito de los políticos y sus partidos, así como de los cuestionamientos al desempeño gubernamental de los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana es la que mayor capacidad tiene para generar los cambios que son requeridos. Ciudadanas y ciudadanos son quienes integran los partidos políticos, parte de la ciudadanía son los políticos y gobernantes, como quienes participan por la vía independiente.
Lo que se requiere es revolucionar la manera en que se desarrollan las actividades políticas y públicas. Que la ciudadanía decida quienes serán las personas que se presenten como candidatas en los procesos electores. Que las y los candidatos representen su ideología, sus intereses y finalidades, no los intereses de grupos consolidados en las estructuras de toma de decisiones. El proceso electoral y el ejercicio democrático son vehículos para expresar la diversidad y para dirimir los conflictos que se derivan precisamente de los diversos intereses existentes en toda organización social.
A los políticos y sus partidos, así como para cada persona que le interesa participar como candidata en el proceso electoral, les corresponde plantear de manera clara y directa a qué tipo de país y a qué tipo de sociedad aspiran, así como a qué se comprometen y cómo pretenden logarlo. Les corresponde incluso, señalar qué obstáculos están presentes y que les impedirían cumplir con algunas de las demandas más sentidas por la ciudadanía.
Deben indicar claramente cuáles son las atribuciones de sus posibles encargos y a qué otros órdenes de gobierno tendrán que acudir para allegarse recursos y cumplir con lo que plantean. Los candidatos de coaliciones tendrían que explicar porqué se asociaron y qué beneficios ofrecen aquellas, no a los partidos y sus dirigentes, sino frente a los problemas que se viven en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
Una de las principales razones por las que políticos y partidos son cuestionados de manera recurrente, es precisamente por el incumplimiento de sus promesas ya estando en el ejercicio de sus funciones legislativas o gubernamentales. En nada aporta al cambio de percepción, tener noticias de la labor legislativa sólo cuando se dan a conocer reformas que habrán de impactar a la ciudadanía, sin que ésta sea considerada de manera activa y no sólo como sujeto pasivo. Tampoco favorecen las imágenes en las que se denigran entre sí, para después aparecer felices y sonrientes cuando la coyuntura electoral lo requiere.
Los partidos políticos son fundamentales para la democracia, siempre y cuando sean expresión de las diversas concepciones e ideologías que prevalecen en la sociedad en la que actúan, a fin de constituirse en los medios institucionales para la manifestación de esos intereses que habrán de competir con otros, por lograr la aceptación de la mayoría y así llevar a cabo sus fines, legitimados por un proceso electoral desarrollado de acuerdo a lo estipulado por el marco legal reglamentario.
Para que esto sea posible, no basta acceder al Poder Ejecutivo. Se requiere de un Poder Legislativo y de cabildos que respondan y sean congruentes con una idea, una concepción, un deseo por atender las necesidades mayoritarias. Discordar con el Ejecutivo (federal, estatal o municipal), es totalmente legal y fundamentalmente legítimo, cuando se sustenta el desacuerdo en los fundamentos ideológicos que les motivaron a participar y les otorgó el triunfo. La ciudadanía, militantes o no, quienes les otorgaron el voto o no, es lo primero que están en condiciones de exigir.
sergio.pacheco@uacj.mx