Armando Ríos Piter/
Analista
Ciudad de México.– Después de que el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, que se tradujo en un fracaso rotundo, y dio paso a la multiplicación de grupos delictivos y al ingreso de una cantidad insospechada de jóvenes a la actividad criminal, se habló y se habla aún de una estrategia fallida por desconocimiento del problema y por el prurito de legitimación del primer mandatario.
Desde entonces, México vive en constante zozobra y cada día pierde más terreno frente al crimen, que avanza paulatinamente hacia todos los rincones del territorio nacional. Durante el sexenio pasado, algunos estados permanecieron tranquilos, hasta que, según ha permeado, algunos gobernantes permitieron la entrada de ciertos grupos delictivos.
Organizaciones civiles y oficiales hablaron de que, al comenzar el ataque al narcotráfico, había en el país siete cárteles que actuaban sólo en determinados sitios y al finalizar el sexenio, 84 que se disputaban los territorios y asesinaban con modalidades de descuartizar a sus víctimas. El problema no disminuyó, sino que aumentó considerablemente.
Este año, las cifras de muertes violentas superaron las más altas alcanzadas durante el sexenio anterior. México se convirtió en el segundo más violento del mundo, sólo rebasado por Siria; con la diferencia de que en este lugar, los decesos obedecen a la guerra civil, pero arriba de países que también viven históricamente inmersos en el desgobierno y la zozobra, como Afganistán, Somalia, Sudán, Yemen, Nigeria y otros.
Por más que el gobierno de EPN buscó soslayar con su silencio el inmenso problema, el escandaloso número de muertos está nuevamente en los medios, pues se ha desbordado. Tanto, que está a la vista de todos los mexicanos. Prácticamente ya no hay estado de la República que no conozca o no tenga registrados actos de alta violencia.
Hasta hoy no se ve una estrategia gubernamental que sea clara y con plazos que pueda menguar la ola delictiva que se diversifica. A los homicidios se han sumado otros delitos que han hecho crisis, como el robo de gasolina, la extorsión o el secuestro.
El año cierra con el terrible asesinato de otra autoridad municipal, Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán, municipio colindante con el puerto turístico de Zihuatanejo en la Costa Grande de Guerrero. Con él, sumaron nueve ediles asesinados en 2017.
Los índices de criminalidad hablan de más de 23 mil muertos hasta el mes pasado, sin dejar de vaticinar que habrían de crecer durante diciembre. A lo anterior, hay que agregar a 33 mil personas desaparecidas y 12 periodistas asesinados por su labor de investigación en contra del crimen organizado y de la corrupción, según señala Edgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
¿Cuál es la reacción de los gobernantes? Condenar los hechos. Esta frase está convertida en escudo de la ineficiencia y de la ineficacia. No remedia absolutamente nada, pero es un intento de decir que en su interior sienten lo ocurrido como los propios deudos. También la ciudadanía los condena, al mismo tiempo que condena a los políticos que se cruzan de brazos a condenar.
Pocas son las voces desde el gobierno que proponen nuevas rutas. El 2017 no sólo cierra como el año más violento, sino que termina, con una controvertida Ley de Seguridad Interior que, tal y como está redactada, de poco servirá para frenar la ola criminal, pues no es más que una extensión de lo que hasta hoy hemos visto de parte de nuestras instituciones.
Espero que la SCJN se pronuncie en contra de esta ley, pues no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. La única ruta es fortalecer a las policías civiles. Hoy que inicia 2018, ése es el único camino de cambio real.