LA COLUMNA
de El Diario
• Pega resolución judicial al orgullo corralista
• Espera Cabada reacciones del PRI y PAN
• Los anotados tricolores para el Congreso
El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Willy Ochoa Gallegos, fue el portavoz de su dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, para retirar las candidaturas a las presidencias municipales de Chínipas y Bachíniva, a Juan Salazar Ochoa y Silvia Mariscal Estrada. Abrió sin saberlo una caja de pandora.
Manlio Fabio estuvo en Chihuahua el 12 de marzo del 2016 para tomar la protesta como postulado a la gubernatura a Enrique Serrano Escobar. Ese día preguntó a varios líderes del PRI chihuahuense sobre los dos candidatos a las alcaldías mencionadas.
El 21 de marzo renunciaron ambos candidatos por “instrucción” de Beltrones a Ochoa y de éste a la dirigencia del PRI en el estado. Por supuesto, fue notificado de la decisión el también entonces gobernador, César Duarte Jáquez, quien participó directamente en la definición prácticamente de todas las candidaturas a alcaldes, diputados locales y gobernador.
Entre el 12 y el 20 de marzo, la periodista Miroslava Breach hizo publicaciones que relacionaban a Salazar Ochoa y a Silvia Mariscal con los cárteles de Sinaloa y Juárez. Gente Nueva y La Línea, sus brazos armados. Salazar, sobrino de Adán Salazar Zamorano, catalogado por la DEA como operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Silvia Mariscal, suegra de “El 80”, Arturo Quintana, operador de La Línea por toda la región noroeste de Chihuahua (Cuauhtémoc, Gómez Farías, Bachíniva, etc.)
Las informaciones manejadas por Miroslava fueron secundadas (y en algunos casos alimentadas) por el entonces candidato del PAN a gobernador, Javier Corral. Ella fue asesinada el 23 de marzo de este año.
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Tras nueve meses de impunidad absoluta, en los que Corral ocupó su tiempo en carreras de la liberación y en conformar Por México al Frente para hacerse de la candidatura a la Presidencia de la República, apareció ejecutado el miércoles pasado en Álamos, Sonora, Ramón Andrés Zavala Corral, asesino material de Miroslava.
El pasado domingo fue detenido, también en Sonora, por agentes de la Policía Federal, Juan Carlos Moreno Ochoa, presentado por Corral Jurado como el autor intelectual del crimen.
Nada más falsa, incompleta y manoseada esa versión. En el contexto faltan varios eslabones fundamentales de la cadena que tienen que ver con el tema ahora mantenido en autocensura impenetrable por el gobernador Corral, la narcopolítica.
Tanto en Chínipas como en Bachíniva y otros muchos municipios de la Sierra el poder político es entrelazado con el crimen organizado bajo cualquier sigla partidista. Se prestan al PRI, al PAN, PRD, PT y ahora hasta el Verde.
Por eso en las investigaciones sobre el crimen de Miroslava aparecieron nombres de panistas intercediendo, insultado y amenazando en representación de “políticos priistas” de Chínipas que vienen a ser justo los Salazar. Esos son los datos que se resiste a hacer públicos el gobernador.
Es ya famoso el caso del exalcalde panista de Chínipas, Hugo Ahmed Shultz Alcaraz, que no sólo participó como intermediario hacia la dirigencia estatal panista para “calmar” a Miroslava, sino igual habría sido correo para entregar dinero a las campañas blanquiazules. Distintos partidos, mismo origen.
Zavala y Moreno Ochoa son dos piezas de la estructura, es cierto, pero muy lejos de las principales que participaron directa e indirectamente en el asesinato. La sola cronología de los hechos no resiste conclusión distinta, hasta hoy.
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Sin discusión un golpe aturdidor al orgullo infinito y más allá del gobernador Corral y su defensora, la dueña del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Luz Estela Castro.
Eso significó la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa con sede en la ciudad de Chihuahua en favor del nuevamente magistrado judicial estatal, Jorge Abraham Ramírez.
Los tres magistrados de ese órgano del Poder Judicial de la Federación ordenaron a la Judicatura estatal se abstenga de aplicar en perjuicio de Ramírez los preceptos que ha tildado de “inconstitucionales”, que sea restituido en su cargo de magistrado de la Primera Sala penal “con todos los derechos que ello conlleva, entre otros, el pago íntegro de sus percepciones económicas”, así como todos los descuentos realizados a su salario “con motivo de la suspensión temporal de su cargo hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”. Ni más ni menos.
Desde hace 15 días también fue suspendido el magistrado y expresidente del Tribunal Superior, Gabriel Sepúlveda. Ambos al mismo tiempo. Su proceso sigue pendiente.
Hasta que ganó una el duartismo en los tribunales federales. Los dos magistrados muy cercanos al exgobernador César Duarte. Son otros 11 los togados llegados al Tribunal de Justicia en un solo paquete.
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El independiente alcalde, Armando Cabada, anda en tres y dos con eso de solicitar licencia para lanzarse a la colecta de firmas hacia la búsqueda de su candidatura en pos de la eventual reelección.
El presidente municipal está revisando los gestos de los equipos contrarios para proceder en consecuencia. Quiere conocer la opinión de panistas, priistas, y hasta de los diversos liderazgos sociales tanto fronterizos como los de la ciudad de Chihuahua.
Ya no le obliga la ley a solicitar licencia, pero quiere prever el tamaño de las reacciones; al mismo tiempo, lo que escribimos ayer, revisar también las reacciones por la entrega de la alcaldía a su suplente, Alejandro Loaza, un impasse aparentemente superado.
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Desde el sábado pasado, hemos dado seguimiento al tema de la aprobación en el Congreso estatal, de las cuentas públicas tanto del municipio de Juárez como de la Junta de Aguas (JMAS) fronteriza. Los efectos de tales exoneraciones tienen una vinculación directa con definiciones electorales importantes del PRI en esta frontera. De hecho, ya la tuvieron.
Serrano, González Mocken y Toño Andreu figuran ya en la lista de precandidatos a diputaciones locales, todo hace pensar que serán “los figurones” priistas que encabecen la estrategia de recuperación de mayoría en el Poder Legislativo tan necesaria para el tricolor como una bocanada de oxígeno fresco y revitalizante.
Junto a ellos se mencionan los nombres de Fernando Martínez, exsíndico municipal; del líder juvenil nacional Hiram Hernández; la joven subsecretaria de Gestión Social del PRI Jazmín Medina, Ana Laura Rentería, Carolina Hermosillo y Farah Kuri, todos ellos ya prácticamente palomeados para pelear diputaciones al PAN y a independientes.
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Ayer destacamos el tema de la llegada de Sergio Madero a la dirigencia municipal del PAN en Juárez. Una designación directa del Comité Estatal del blanquiazul. Estará en el encargo por seis meses de acuerdo con los estatutos azules, pero con opción a una prórroga por igual plazo. Justo el tiempo necesario para brincar el proceso electoral del 2018. Pero ¿Qué significa la llegada de Madero a esa posición?
Muy cercano a Corral y a lo que queda de la familia feliz (versión corralesca), también familiar entre el Yunque, Madero significa la operación directa de Palacio de Gobierno en el Comité Municipal en Juárez. Quiere decir que ninguna candidatura, ya sea por reelección o nueva, pasará sin el aval del gobernador Corral. Pero también significa que todo el Comité Municipal se meterá de lleno a operar para sacar la nominación de Alejandra de la Vega como candidata panista al Gobierno municipal. Lo dijimos ayer aquí.
También significa la continuación del trabajo que realizó el dirigente Fernando Álvarez, previo a la designación del nuevo Comité Municipal, con todos los grupos y corrientes panistas en Juárez que, si bien tenía como justificación las negociaciones para acordar la nueva dirigencia, en realidad lo que estuvo siempre de fondo fue el condicionamiento para que todos aceptaran e impulsaran la eventual candidatura de Alejandra a la alcaldía.
Así, quien quisiera tener alguna oportunidad de postular o mantener presencia en el nuevo Comité Municipal, tenía que estar de acuerdo, desde el principio, en que la candidatura a la alcaldía ya tenía nombre: De la Vega. Desde ese entonces inició la sorda operación política al interior del PAN juarense para posicionarla.
Ahora sólo resta esperar a que se den los tiempos y las formas que oficialicen y formalicen dicha candidatura. Pero también habrá que esperar y medir muy bien la reacción de la militancia panista fronteriza, que nada tuvo que ver en esos acuerdos, y que como siempre, defenderá y exigirá la tradición de sus procesos democráticos internos. ¿Tendrá Madero la capacidad y sensibilidad política suficientes para enfrentar los seguros reclamos de una militancia vulnerada en sus decisiones autónomas? Veremos.