LA COLUMNA
de El Diario
La voluntad regia de los magistrados está desmoronada. No hay deseo de la defensa personal, menos de afrontar la maquinaria que avanza impiadosa sobre la institución llamada Tribunal Superior de Justicia.
Como polvo de cualquier mueble fue sacudido el lunes uno de los últimos orgullos del duartismo, Gabriel Sepúlveda. Le siguió al unísono otro de ellos, Jorge Abraham Ramírez. Es el desgarramiento despiadado del sexenio pasado.
Ambos fueron echados por una bagatela de imposible comprobación: siete o más millones de pesos en la compra de una rimbombante “bóveda digital”. El concepto para el despido es suspensión, no destitución, mientras la Fiscalía General del estado encuadra los eventuales delitos.
Aun comprobando el acto o los actos delictivos deberán venir infinitos procedimientos políticos para los correspondientes desafueros desde órganos legislativos federales y el Congreso del Estado. El propósito por lo tanto solo ha sido quitar de en medio al estorboso duartismo, con sus incómodos ojos y oídos metidos en su último reducto.
Hubo llamadas telefónicas a Ciudad Juárez para reflexionar sobre lo ocurrido a Sepúlveda y Ramírez. Buscaron la reunificación al menos tres de los 12 ó 13 que obtuvieron la toga de magistrados en las mismas condiciones que los suspendidos Sepúlveda y Ramírez. “Yo estoy viendo mi asunto por mi lado con mi abogado”, respondió al punto del desmayo pusilánime el magistrado Filiberto Terrazas. “Yo también”, hizo sentir por su parte César Ramírez, tan duartista como cualquiera de los mencionados pero bien oculto el rostro para pasar como invisible.
La cronología del exterminio no ha sido suficiente para convencer a los disimulados de abandonar sus dorados escondites y enfrentar con la resolución que en algún momento demostraron a quienes los apachurran ahora y los mantienen sin dormir, enfermos del estómago, paranóicos. Están creyendo que con meter la cabeza en la arena pasarán desapercibidos hasta que concluya la administración de su perseguidor número uno, el gobernador, Javier Corral Jurado.
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La administración de Corral Jurado inició en octubre del 2016. Desde antes fueron suficientes las señales de que en el Tribunal Superior de Justicia habría de mandar Luz Estela Castro, hace buen rato referida mamá cuervo del gobernador porque cobra 150 mil pesos mensuales, sólo para su defensa y la de Víctor Quintana y otros miembros del clan rojiazul en el nuevo amanecer.
Antes de terminar ese año fue separado de su cargo el entonces presidente del Tribunal, Gabriel Sepúlveda Reyes. Operaron Castro y los “técnicos jurídicos” de Palacio de Gobierno la llegada de un “decano” en su lugar, el magistrado Julio César Jiménez Castro.
Desde entonces la marcha del nuevo amanecer sobre el Poder Judicial sólo ha sido frenada por ocupaciones del gobernador en el activismo político nacional o en sus entrenamientos para correr los cinco, los 10 o hasta los 40 kilómetros de la liberación. Luz Estela no participa en todo eso, pero igual que todos los funcionarios estatales, debe esperar siempre la disposición del mandatario para la liberación de cualquier decisión.
Sepúlveda rechazó legalmente su destitución como presidente del “Supremo” pero por insólito que parezca la queja ha sufrido idéntico destino de otras impugnaciones acumuladas en el Poder Judicial de la Federación, lentitud, aplazamientos, retrasos. En esa conducta es vista la mano de Palacio de Gobierno aún entre los juzgadores federales. La influencia toca el grado de la sumisión... y por supuesto, de la informalidad oprobiosa... Más de un año para resolver asuntos institucionales harto delicados.
Igual que ese caso aparece la controversia de todo el pleno de los magistrados estatales contra la modificación legal que creó el actual Consejo de la Judicatura, en el papel presidido por Julio César Jiménez, en los hechos manejado por Castro.
Desde febrero el Congreso del Estado aprobó el dictamen. Casi de inmediato los magistrados calificaron de ilegales las atribuciones concedidas a los miembros del Consejo de la Judicatura, entre las que aparecen en su artículo 111: “acordar el retiro forzoso de los magistrados, jueces de primera instancia y menores... Suspender en sus cargos a los magistrados, jueces de primera instancia y menores, a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiera solicitado... Suspender en sus funciones a los magistrados que aparecieran involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda”. La inquisición de solo cinco juzgadores sobre sus pares integrantes del pleno, 24. La autoridad superior, la federal, inmóvil.
La guillotina sobre el cuello de cualquiera en cualquier momento. Primero han caído las víctimas iniciales de esa reforma que los jueces federales en resolver si es legal o no su aplicación o no
Ese fue parte del interés mayúsculo expuesto por magistrados que de nuevo se alarmaron ante la suspensión de sus colegas y consideraron la necesidad de adoptar acciones políticas para su defensa, pues queda claro que solo con medidas jurisdiccionales sufrirán el mismo futuro que sus colegas. “Yo ya tengo mi abogado”, repitió Filiberto Terrazas. “Yo también”, César Ramírez.
Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, escondidos donde nadie sepa de ellos. “Son capaces de hacernos cualquier cosa”, ha dicho alguno de sus familiares. Voces los ubican en la ciudad de Chihuahua pero también en El Paso.
El punto del proceso en su contra es la credibilidad del mismo. Mucho se habló de corrupción durante el régimen de Duarte Jáquez, incluida “la monumental” perversión en el Poder Judicial señalada por Corral, pero ha quedado meridianamente demostrada la falta de seriedad, solvencia jurídica y corrupción a la inversa generada en varios de los casos contemplados como “operación justicia para Chihuahua”.
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En febrero pasado se gastaron su ahorro de valor, coraje y hasta osadía la mayoría de los magistrados impuestos durante el régimen de Duarte Jáquez. Firmaron sin pestañear aquella carta en la que exigían cuentas a su presidente, Julio César Jiménez, sobre varias acciones desarrolladas en el Poder Judicial de las que no fueron enterados.
“Desde el mes próximo pasado, algunos de los suscritos, presentamos una solicitud en los términos anotados, sin que a la fecha Usted se haya dignado a dar cumplimiento al mandato, expreso y categórico, contenido en los citados ordenamientos jurídicos; por lo cual lo conminamos para que dé estricto y riguroso cumplimiento a los mismos”. Talante y carácter para quedar en la historia
Vale la pena recordar las firmas: José Luis Fierro Beltrán, Othilia Flores Anguiano, Miriam Victoria Hernández Acosta, Delia Holguín López, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, César Fernando Ramírez Franco, Gabriel Armando Ruiz Gámez, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla y Luis Villegas Montes.
Salvo Villegas, Beltrán y Miriam, del resto no ha quedado honra importante qué defender en el futuro; por supuesto, descontando a los “suspendidos” que también han dejado de apostar a la defensa política porque siguen confiando en los “amparos”. Y dale con la justicia federal.
Evidentemente es inmodificable la conducta del gobernador contra el reducto duartista. Quienes no lo creen o siguen sin creerlo también olvidaron la primer suspensión de magistrados ordenada por la presente administración, la separación momentánea de los togados de Parral, Javier Acosta Barrera y Otilia Flores Anguiano, quienes en tiempo se movieron y sí consiguieron protección de la justicia federal...antes de entrar en funciones Luz Estela Castro y la Judicatura. Pero volverán sobre ellos y el resto. Esa ha sido la promesa. Sin duda no será su mejor Navidad.
Las consecuencias a la institución impartidora de justicia en el estado merecen análisis aparte. Los operadores políticos contra Sepúlveda y Ramírez filtraron su remoción pero los administradores formales del Poder Judicial no han dado a conocer a la sociedad qué cantidad y cuáles expedientes tenían bajo su cargo, a quiénes fueron reasignados, en qué condiciones... Es igual en otras áreas. Cuando de ajustar cuentas se trata la naturaleza institucional es la menos relevante. La historia se repite sexenio tras sexenio.
Encantado con la mala suerte de Sepúlveda su antecesor en el cargo de presidente, José Miguel Salcido, que pasó por idéntica situación. Y el Poder Judicial sufrió las mismas consecuencias.