Luis Javier Valero Flores/
Analista
Probablemente la mayoría de los senadores habrán aprobado la Ley de Seguridad Interior, enviada por la Cámara de Diputados, como cámara de origen y el día de mañana la recibirá para que la Presidencia de la República la publique de inmediato.
Si es así, se habrá concretado una de las mayores y peores agresiones al estado de derecho vigente en el país. Le habrán regresado a las fuerzas armadas, mediante una redacción confusa y abstracta, las facultades y prerrogativas que de facto habían alcanzado hasta 1940.
La diferencia no es menor. Para quienes se duelen de las pocas transformaciones experimentadas en el país a causa de la revolución de 1910, la desaparición del ejército de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, y la sustitución por los ejércitos revolucionarios –independientemente de la facción armada– le dio la posibilidad a los primeros gobiernos post revolucionarios consolidar –así fuera por breves períodos– algunos de los principales logros de aquella confrontación, en primerísimo lugar la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, la de 1917, que poco se parece a la actual, fruto, ésta última, de la profunda regresión política sufrida por el país, a manos de, principalmente, los gobiernos de Miguel de la Madrid a la fecha.
Si preocupante es la pretensión del gobierno de Peña Nieto de aprobar apresuradamente la Ley de Seguridad Interior, más lo es el hecho de que tantos legisladores y gobernantes mientan tan descaradamente respecto de tal reforma.
La legislación que se pretende aprobar trastoca radicalmente el Estado de Derecho existente; le otorga facultades extra-constitucionales al presidente de la república, suspende arbitrariamente la vigencia de los derechos humanos; echa por tierra la reforma constitucional del año 2011, que los amplió y enriqueció; le confiere poderes especiales a las fuerzas armadas (Ejército y Marina), como el de ejercer facultades exclusivas del ministerio público y le quita al Congreso de la Unión la facultad de declarar la suspensión de las denominadas en el pasado Garantías Constitucionales.
Pretende, además, otorgarle al presidente, sin ningún control constitucional, la facultad de “declarar la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”, previas “consideraciones” del Consejo Nacional de Seguridad, y sólo estará obligado a presentar un informe al Congreso de la Unión -a través del Secretario de Gobernación- de lo que ocurrió, una vez terminada la contingencia que haya afectado la seguridad interior.
Además, la nueva ley faculta a las fuerzas armadas a efectuar, sin previa declaración de afectación a la seguridad interior, “las acciones necesarias para identificar, prevenir y atender riesgos, de manera permanente”, lo que significa, en la realidad, la omnipresencia de las fuerzas armadas.
Contrariamente a lo argumentado públicamente a lo largo de, ya varios años, la legislación que se pretende aprobar de manera definitiva en la Cámara de Senadores no le otorga a las fuerzas armadas ninguna garantía de establecer las regulaciones necesarias para participar en la preservación de la seguridad pública, al contrario, les permitiría, de aprobarse, participar permanentemente en las tareas de seguridad pública, además del establecimiento de todas las medidas que consideren necesarias para “prevenir” los riesgos a la seguridad interior, concepto que, por lo demás, no está contenido en la Constitución y que ahora, por la vía de una ley reglamentaria se pretende incorporar.
Y queda en pie el principal problema al usar a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, el de que no están preparadas para esos fines, sí para los relativos a la seguridad nacional y a las agresiones del exterior.
Más aún, rebasadas las instituciones por el crimen organizado, las que fueron combatidas por gobiernos panistas y priistas con los mismos esquemas, y cuyos resultados son el más absoluto de los fracasos, ahora pretende, el gobierno de Peña Nieto, salirle al frente, incluso ante la posibilidad de perder la presidencia de la república.
Ominosa señal le envía al electorado, el gobernante que aún tiene cuentas pendientes de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco.
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