Sixto Duarte/
Analista
En 2008, se estrenó en nuestro país el documental “Presunto Culpable”. Esta producción muestra los vicios del sistema judicial en México, desde la perspectiva de Antonio Zúñiga, un joven acusado de homicidio. Al final, Zúñiga logra ‘demostrar’ su inocencia, en un sistema donde en teoría, es el Estado quien debe demostrar la culpabilidad del acusado. Al final, después de sortear toda clase de trabas y dilaciones, el acusado es absuelto de la acusación. Dicho documental vino a estrenarse en un momento donde se debatía la necesidad de reformar el sistema penal en nuestro país.
Desde su concepción, el nuevo sistema de justicia penal tenía como objetivo el ser un sistema más garantista, que antepusiera ante todo la presunción de inocencia del (presunto) responsable, justo como sucede en las democracias modernas. Esto vino a traer como consecuencia que los juzgadores sometieran a proceso a acusados que enfrentaban su juicio en libertad. La ‘puerta giratoria’ le llamaron muchos. Esto se logró a través de reformas a la Constitución y a las disposiciones procesales, que reducían el catálogo de delitos que merecían la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Desde una óptica humanista y garantista, éste es un acierto, pues mucha gente inocente sometida a proceso penal ha pasado meses o años encerrada y al ser absuelta, la autoridad solo atinaba a decir: “usted disculpe”. Para evitar esta clase de arbitrariedades por parte del Estado, la ley se reformó para establecer que la prisión preventiva deberá ser la excepción en todos los juicios de carácter penal.
El Código Nacional de Procedimientos Penales contiene un catálogo de 14 medidas cautelares que van desde el brazalete electrónico, hasta el arresto domiciliario pasando por la fianza. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en diversos criterios que la prisión preventiva deberá ser la excepción, nunca la regla en un proceso. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013, se establece que el uso abusivo y no excepcional de la prisión preventiva en América Latina, es un vicio que refleja el fracaso del sistema penal.
Trasladando lo anteriormente expuesto a nuestra realidad local, nos daremos cuenta que en Chihuahua, procuradores e impartidores de justicia han conspirado para establecer la prisión preventiva como una regla, nunca como una excepción, especialmente cuando se trata de perseguidos políticos. El problema de dictar esta medida restrictiva de libertad en perjuicio del imputado en una etapa inicial del procedimiento penal, es precisamente que se empieza a minar su voluntad, y su ánimo, con el afán de manipularlo y orillarlo a hacer lo que la autoridad quiere que haga.
El caso de Javier Garfio, Ricardo Yáñez, y las otras dos personas sentenciadas en juicio abreviado la semana pasada, dan cuenta de ello. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la Fiscalía y el Poder Judicial están usando la prisión preventiva, no como una medida cautelar para evitar que el acusado escape, sino como un método de tortura y obtener la confesión que al Gobierno le interesa. Si la autoridad tiene a los acusados detenidos, y constantemente los atormenta diciéndoles que no saldrán, a menos que acusen a X o Y persona, los detenidos tarde que temprano sucumbirán al tormento oficial. Si a cualquiera de los detenidos en prisión preventiva se les pide decir que mataron a Colosio, a Kennedy o a Juan Pablo I, sin dudarlo un segundo firmarán dicha confesión.
Es natural que los acusados sucumban ante esta clase de presiones, pues con jueces del fuero común que son ujieres del Ejecutivo, no tienen certeza de enfrentar un juicio justo. Por otro lado, si el Estado cuenta con los elementos de prueba contundentes que dice tener, ¿Por qué aceptar o incluso proponer un juicio abreviado con los acusados? ¿Existe debilidad en la acusación formulada? ¿No pueden arriesgarse a perder?
El colmo del cinismo en que incurre el poder judicial es el caso del abogado Gerardo Cortinas Murra. Él fue sentenciado por no acatar una resolución judicial. ¿No es lo mismo que la consejera Lucha Castro lleva años haciendo? ¿Cuándo será ella sometida a proceso?
Para rematar, la suspensión de Jorge Ramírez y de Gabriel Sepúlveda como magistrados. Otra raya más al tigre del albañal en que se ha convertido el Poder Judicial en Chihuahua.
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