Carlos Murillo/
Analista
Existe una tendencia globlal de los Estados democráticos para transparentar sus acciones y alentar con ello la participación ciudadana, a esto se le ha llamado open goverment o gobierno abierto. Hoy en México, las leyes que permiten el acceso a la información del gobierno, han permitido que la opinión pública conozca datos que en otro tiempo sería imposible obtener.
En ese sentido, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil son quienes usan frecuentemente los mecanismos de transparencia para solicitar información para darla a conocer a la ciudadanía. La denuncia pública sirve como presión social para que el gobernante en turno declare sobre esa situación en particular.
El principal antecedente del open goverment es la iniciativa de Barack Obama publicada el 20 de junio de 2009, documento en el que expone la necesidad de liberar la información; “una democracia -dice Obama- requiere de rendición de cuentas y la rendición de cuentas requiere de transparencia”.
Es muy probable que esta iniciativa se haya impulsado después de que Julian Assange abrió el portal WikiLeaks en el 2007, donde desveló toda la información clasificada de forma ilegal y provocó un escándalo a nivel internacional. Posteriormente, Edward Snowden haría lo mismo con información del gobierno de Estados Unidos, para después ser perseguido como criminal por las agencias norteamericanas.
Finalmente, otros datos que se han filtrado en la opinión pública internacional son los Panamá Papers y los Paradise Papers, que exponen a los grandes inversionistas y las dudosas redes financieras que usan para proteger su dinero, evadiendo a las autoridades fiscales de su país de origen.
Regresando con Obama, en su paradigmático memorándum de 2009, cita al juez liberal Louis Brandeis: “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante”, olvidó decir el resto de la frase “…; la luz eléctrica, el policía más eficaz” (1933). No se trata de una simple frase, en el contexto en el que se cita es una muestra simbólica de que es mejor entregar la información antes de que alguien la robe para hacerla pública y tener una doble falla.
En México, los mecanismos de transparencia y acceso a la información se han consolidado en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo principalmente, donde cada vez sabemos más sobre las decisiones de los legisladores, así como en los asuntos relacionados con la administración pública.
Gracias a estas políticas de gobierno abierto los periodistas han podido realizar investigaciones como “La Casa Blanca” (2016) de Carmen Aristegui o “La Estafa Maestra” (2017) de Animal Político, que han puesto en el debate público las fronteras entre lo legal y lo ilegal.
Esta exposición de los gobernantes sirve para evaluar el desempeño y provocar la rendición de cuentas lo que, según la teoría política, robustece la democracia.
Sin embargo, el Poder Judicial ha tenido más cautela en materia de transparencia. Nuestro modelo de administración de justicia se construyó previendo una asepsia política, para que los vaivenes de las ideologías gobernantes no contaminaran las decisiones judiciales y garantizar la separación de poderes. Quizá por eso, no es tan común hablar de democracia al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A diferencia de Estados Unidos, donde los jueces son elegidos como cualquier otro candidato a un puesto de gobierno o legislador, en México los jueces están lejos de la sociedad, no necesitan de ella para obtener un puesto, ni para mantenerse. En el Poder Judicial los nombramientos se hacen con base en los méritos y a veces esos méritos no son la capacidad intelectual o la preparación académica. Otra vez en teoría, la neutralidad política del juez es la garantía de una administración de la justicia eficaz.
Para lograr la autonomía judicial que alguna vez soñaron Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero Mestas, célebres juristas que defendieron el Juicio de Amparo, habría que cumplir dos condiciones: la primera es que los jueces estén en una burbuja alejados de la realidad social y la segunda que no tengan ni una pizca de ideología política. El juez debe ser un cadáver social o un robot. Como muchas teorías, estos presupuestos son imposibles de cumplir, pero en México nos encanta el folklore del realismo mágico y nos creemos Juan Rulfo al redactar las leyes.
No, no quiero decir que se equivocaron García Rejón y Otero Mestas, considero que su aspiración es válida, pero no deja de ser una aspiración, sin embargo la realidad supera a la ley casi siempre. En los juzgados, la dictadura del archivista regularmente puede más que la ley.
En fin, la pregunta aquí es ¿cómo cambiar el paradigma de un Poder Judicial que está diseñado para ser ajeno a la participación social? Un paso adelante fue el Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde el principio de publicidad exige que todas las audiencias sean públicas, aunque el juez en ocasiones se pasa por el arco del triunfo este principio.
También, a través del Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial intenta acercarse a la sociedad con las Casas de la Cultura Jurídica, donde además se prestan servicios de acceso a la información de leyes y expedientes que ya están en el archivo histórico, así como también ofrecen capacitación para los operadores jurídicos y cursos para niños y adolescentes para fortalecer la cultura jurídica, sin duda es un esfuerzo plausible.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sitio web ofrece información estadística sobre los indicadores que miden en los juzgados, estos datos permiten hacer una evaluación cuantitativa de los resultados generales, algo que algunas organizaciones de la sociedad civil comienzan a usar para evaluar al sistema de justicia, tal es el caso del estudio “Hallazgos 2016” del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), en el que muestran el primer corte de caja del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la iniciativa “Fiscalía que sirva” del grupo México Unido contra la Delincuencia A.C., entre otras tantas que participan en la evaluación.
Entonces, Justicia Abierta ¿hasta dónde?, algunos expertos señalan que toda la información debe estar disponible sin ninguna reserva, como se hace con las licitaciones públicas que son un tema sensible para la administración pública. Otros más conservadores, consideran que cierta información debe reservarse. El debate está en marcha.
Sin embargo, la rendición de cuentas de los jueces ante la sociedad es impostergable, finalmente son servidores públicos, más allá de los atributos metafísicos que la dogmática jurídica les atribuye, los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal señalan que el juez debe responder ante la sociedad por sus decisiones.
En ese sentido, la Justicia Abierta tiende a democratizar a las estructuras judiciales, pero no por eso deben politizarse, como lamentablemente pasa en Chihuahua, donde el poder político manda sobre el Poder Judicial.
Pero una cosa es la necesaria e indispensable conexión entre Poder Judicial y democracia que garantiza el Estado de Derecho y otra muy distinta la conexión antidemocrática del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
En Chihuahua, tanto hace daño al Sistema Judicial el exjuez Willy que apareció en redes sociales golpeando a la hermana, como el juez que cumple las órdenes del gobernador por miedo o por complicidad.
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