Francisco Ortiz Bello/
Analista
Las finanzas estatales siguen bajo una presión brutal por el servicio de una deuda desmedida y desproporcionada, adquirida en la administración anterior. Se supone que, con la llegada de un nuevo gobierno, al menos el manejo y ejercicio de los recursos tendría una dirección más transparente y eficiente. No ha sido así.
Se supone que con la sola llegada de administradores honestos, íntegros, experimentados y eficientes, las finanzas estatales deberían haber tenido una mejoría y recuperación paulatina pero consistente. Al desaparecer muchos de los vicios y malos manejos, de los que han acusado al régimen anterior los del nuevo amanecer, ese solo hecho debería haber saneado ya las arcas estatales luego de más de un año de gestión. Tampoco ha sido así.
Diversos funcionarios de primer nivel del gobierno corralista, desde el inicio de este año, señalaron que los “ahorros” presupuestados por concepto de moches y otros vicios, superarían este año el 30 por ciento. Es decir, un superávit financiero de casi 18 mil millones de pesos, según sus propias declaraciones.
Ya por mediados de año, los mismos funcionarios y colaboradores cercanos al gobernador, especialmente su secretario de Hacienda, confirmaban que el ahorro mencionado llegaba ya casi a 40 por ciento del presupuesto ejercido, solamente al desaparecer prácticas irregulares como el sobreprecio de contratos, gasto desmedido e incontrolado en dependencias y otras irregularidades similares.
A eso, habría que sumarle el plan de austeridad que, desde el inicio de su gestión, implementó Corral en todas las áreas de su administración. Recortes importantes en viáticos de funcionarios, compensaciones extras, gastos de representación y uso de celulares, entre otros. De ese plan de austeridad aún no hay un informe sobre el impacto real que ha tenido en las finanzas estatales pero, supongo, si se implementó y aplicó como nos dijeron, debe haber tenido ya un impacto importante.
Pero tomando como base la cifra que han venido manejando los colaboradores financieros de Corral, en cuanto al ahorro por sobreprecios en contratos y otros vicios similares –que además se supone que así debería de ser-, supongamos que dicho ahorro representó el 30 por ciento (cifra conservadora) y cerremos la cantidad en 15 mil millones de pesos ¿En dónde están? ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué conceptos, programas u obras han sido aplicados? No lo sabemos.
Pero tampoco sabemos –ni entendemos– qué fue lo que ocurrió con el proyecto insignia del secretario Fuentes Vélez, avalado hasta la ignominia por Corral, para refinanciar la deuda pública de Chihuahua que asciende a poco más de 50 mil millones de pesos, y que genera un alto costo a las finanzas estatales.
El equipo de negociación del gobierno corralista, al cual por cierto le costó mucho trabajo obtener los votos de la oposición en el congreso, aseguró siempre como parte de sus argumentos base de convencimiento, que la deuda pública de Chihuahua generaba un costo diario de 700 mil pesos y que, por eso, era necesario aprobar la propuesta de renegociación de la deuda. Con ese argumento urgieron a los legisladores para dar su aprobación.
Incluso fue necesario que la iniciativa que contenía el proyecto de renegociación fuera bajada del orden del día en la sesión en la que sería discutida y votada para su aprobación. No había los consensos necesarios, se dijo en su momento, y se decidió retirar el punto del orden del día.
Era evidente pues, que al gobierno del estado le urgía esa aprobación del congreso para renegociar, cuanto antes, 20 mil millones de pesos de la deuda y con ello asegurar mejores condiciones y ahorros importantes en ese rubro. Más ahorros de esos que tanto presumen los corralistas, pero que no se ven por ningún lado.
Ayer sábado, en una nota de mi compañera Sandra Rodríguez, titulada “Aplaza Estado reestructura de deuda y pierde millones”, publicada en este rotativo, se puede apreciar con mucha claridad la incongruencia total en la que ha actuado el nuevo amanecer en este tema.
En esa pieza informativa, se perciben claramente los tiempos y las presiones ejercidas por el gobierno corralista, para la aprobación del congreso y luego resulta evidente un sospechoso e inexplicable cambio de prioridades.
La nota inicia señalando que una vez que “el Gobierno estatal insistió ante el Congreso, en una reestructura de la deuda pública y de que éste la aprobó en septiembre pasado, la semana pasada aplazó para enero, la subasta del proyecto”. Con todas las consecuencias que eso implica.
En otro segmento de la nota de referencia, la reportera de El Diario le da voz a la diputada priísta Adriana Fuentes Téllez quien afirma: “Yo le pregunté a Arturo Fuentes Vélez (secretario de Hacienda) en su comparecencia que cuánto se estaba perdiendo a partir de que se aprobó la reestructura el 19 de septiembre, y contestó que no tenía la menor idea”
¿Cómo es posible que el titular de las finanzas estatales no sepa ese dato? Pero lo extraño es que antes sí lo sabía, cuando cabildeaba para que le fuera aprobada su propuesta de renegociación de la deuda ¿Lo olvidó de pronto?
Para comprender un poco mejor todo este embrollo, transcribo a continuación otro segmento de la nota de Sandra Rodríguez: “La subasta de la reestructura estaba prevista para el pasado 29 de noviembre y, desde el 28 de octubre, Hacienda anunció que sería transmitida ‘en vivo a través de las redes sociales del Gobierno del Estado, para dar total transparencia a la asignación de los contratos que se otorguen a las instituciones financieras’.
“El 7 de noviembre, BBVA Bancomer –que tiene tres de los 10 créditos a reestructurar– convocó a una reunión en la Ciudad de México para la presentación del proyecto. Invitación, informó Hacienda, que Bancomer hizo en su calidad de ‘agente’ reestructurador.
“’BBVA Bancomer ha estructurado y/o colocado las operaciones recientes más importantes en el mercado financiero en México, con importes superiores a los mil millones de dólares’, informó la Secretaría de Hacienda estatal a inicios de noviembre.
“La conducción del proceso por parte de Bancomer, sin embargo, explicó Fuentes Téllez, molestó a representantes en Chihuahua de otras instituciones bancarias.”
Si bien las apreciaciones emitidas por la diputada Fuentes Téllez podrían tacharse de partidistas, o al menos sesgadas por intereses distintos al del partido en el poder, sin embargo, no se puede dejar de reconocer que tiene razón en cada una de ellas.
¿Por qué se aplazó la subasta de la reestructura? ¿Quién y cómo decidió que Bancomer fuera la institución o agente articulador del proyecto? ¿Cuánto le ha costado ya al estado todo este proceso?
En un comunicado oficial de la llamada bancada rosa en el Congreso, la coordinadora de las legisladoras priistas hace serias acusaciones sobre las “relaciones de amistad” que guardan altos funcionarios del gobierno corralista, y directivos de Bancomer en la entidad.
“El problema se da cuando no hay información necesaria en el momento que se da a conocer que se va a posponer la reestructura, si se hablara con los medios y todos porque estamos todos interesados habría menos suspicacias, lamentablemente eso pasa cuando hay poca credibilidad en el gobierno por la opacidad” afirmó Isela Torres Hernández.
El caso es que, por angas o por mangas, lo que antes era una prioridad del gobierno hoy ha perdido importancia, y no solo eso, ahora hasta se dan el lujo de posponerlo. ¿A quién habrá que cargarle pues, el costo de esa decisión? Porque tiene un costo y no es para nada menor. ¿Quién asumirá la responsabilidad por esas decisiones y los costos que traerá al estado y sus finanzas?
Muchas dudas. Muchas preguntas sin responder. Mucha opacidad. Muchas sospechas. Y muy poca información verdadera y sustentada. Esa ha sido hasta hoy la constante del gobierno corralista, y no solo en el tema de las finanzas, sino en todos los relacionados con su gestión.
Bien valdría la pena un ejercicio de autocrítica –poco común a Corral- y de análisis profundo sobre sus actuaciones. Aún es tiempo de enmendar el camino y hacer un gobierno de más resultados y menos confrontaciones.
fcortizb@gmail.com