Javier Cuéllar/
Abogado
En el comienzo de las fiestas decembrinas el estado de Chihuahua se ve inmerso en una nueva ola de violencia asesina que tan sólo este fin de semana ha arrojado un saldo de una docena de muertos a manos de las hordas del crimen organizado
Lo anterior hace crecer el temor de que este evento sanguinario desate de nueva cuenta la violencia más cruel, similar a la que padecimos hace años y que desató un éxodo poblacional que hizo huir de nuestra ciudad a cerca de 250 mil personas.
Lo preocupante de todo este proceso es que este fin de semana la racha sanguinaria se ensañó especialmente contra cuatro elementos de nuestra gendarmeria, entre ellos dos mandos importantes de los municipios de Nuevo Casas Grandes y ciudad Cuauhtémoc, en una forma muy similar a lo ocurrido a finales del año 2007, cuando tomó auge también el asesinato de policías como preludio a la gran ola de violencia que se nos vino encima y que llegó a colocar el índice de asesinatos en la aterradora cifra de 12 personas muertas diariamente.
Las autoridades encargadas de la seguridad pública han activado una alarma de autoprotección para los elementos de sus corporaciones y están extremando los cuidados y precauciones que guardan los policías en su diario deambular, incluso en las actividades más simples como el acudir a un restaurant a consumir alimentos porque en la ejecución de un comandante en una marisquería en la ciudad de Cuauhtémoc o de otro precisamente al llegar a su hogar después de su jornada de trabajo, se dieron los homicidios. Los sicarios están aprovechando las situaciones más inimaginables para llevar a cabo su cruel consigna.
Lo sorprendente es que todos estos elementos ejecutados habían pasado convenientemente sus exámenes de control de confianza y se considera que eran personal seguro en cuanto a su conducta, por lo que las sospechas de involucramiento han quedado descartadas.
Se teme que estas ejecuciones sean el resultado de un embate frontal contra los elementos de la seguridad. Si ni las policías en lo personal se encuentran a salvo, entonces la ciudadanía en general no puede esperarse nada bueno y está creciendo el temor de que la ola de violencia asesina pueda generalizarse aún más. La paz no llega ni para los hombres de la ley.
Hace falta que las autoridades encargadas de la seguridad publica diseñen un plan de inteligencia policiaca e investigación a fondo para poder contener esta andanada de violencia que está haciendo estragos en toda la comunidad chihuahuense porque se contempla el peligro de que una guerra sistematizada se desate en términos muy similares a la que vivimos en las épocas tristes de de Felipe Calderón con un saldo de aproximadamente 250 mil decesos y que enlutó a casi todas las familias mexicanas.
Es urgente recobrar la paz y la seguridad pública a cualquier costo. El estado mexicano debe dedicar todos sus esfuerzos y recursos a este fin porque corremos el riesgo de sucumbir como nación en un clima de guerra intestina que no está reconociendo tiempos ni fronteras.
Al efecto, no debemos dejar de considerar la opción de legalizar el tráfico de drogas para poderle quitar a los delincuentes su elemento pernicioso de violencia. Si ocurriera que el número de adictos a las drogas se nos disparara como consecuencia lógica de esta legalización, pues nos tendríamos que organizar mejor para tender a esta emergente población de drogadictos con más y mejores centros de desintoxicación, pero al menos habríamos desactivado el elemento de violencia que trae aparejado este narcotráfico rampante que no ha sido detenido. Podríamos trabajar en paz.
De todas maneras la mitad de los estados del vecino país del norte ya han legalizado el uso y tráfico de estupefacientes, resulta inútil guardar una frontera para proteger la salud pública de los norteamericanos que ellos mismos no quieren resguardar. No es justo que en este trasiego, ellos pongan los viciosos y el dinero y nosotros los muertos. La paz debe regresar.
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