Sergio Pacheco González/
Analista
Actos reprobables y más que inhumanos, contrarios a la calidad y dignidad humanas, son motivo de atención pública en este municipio desde varios años atrás. Uno de los más recientes sucedió en la madruga del día 22 de noviembre de este 2017, informó Diario de Juárez, cuando dos menores fueron violentadas sexualmente y una más asesinada mientras se encontraban en su hogar.
Las reacciones que se registraron en las redes sociales y las que se han expresado a través de los medios masivos de información, oscilan entre quienes cuestionan la responsabilidad de los familiares, sin dejar de condenar los hechos y a su presunto actor; quienes centran sus juicios en contra de éste, algunos incluso incitando al ejercicio de la violencia en su contra; y algunas voces que llaman a la mesura y a reconocer su estatus de presunto hasta en tanto no se sustente su culpabilidad a través del debido proceso.
Al respecto, es necesario evitar culpabilizar a las víctimas, entendiendo que la familia en su conjunto es víctima de una situación que, por una parte, exige de sus miembros mayores ocuparse de obtener el ingreso que posibilite satisfacer, en la medida de sus posibilidades, las necesidades comunes aunque esto implique, como sucede con muchas familias, el poner a menores en resguardo de otros menores o adolescentes; y por otra, exhibe una vez más el incumplimiento al mandato constitucional que establece: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.” (Artículo 123, Inciso A, Fracción VI, segundo párrafo).
Por otra parte, las expresiones de enojo e impotencia son comprensibles, pues actos como el referido atentan en contra de la conciencia colectiva. No obstante, la violencia ejercida en contra del presunto y expresiones que apelan a su castigo, incluso de manera extralegal o a su muerte, dan cuenta del hartazgo presente. Así como otras voces expresan su inquietud ante la posibilidad de que el considerado culpable, pueda sustraerse eventualmente al ejercicio de la ley. En este sentido, la manera en que fue exhibido públicamente el presunto, no abona al debido proceso.
Señalar lo anterior no significa minimizar los hechos por los que ha sido señalado, ni mucho menos exonerarle antes de ser juzgado. Y esto último es lo relevante. Primero, porque el debido proceso implica que “la autoridad debe conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados; sin prejuicios, respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos de las personas acusadas.” (https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-debido-proceso).
Respetar los derechos humanos de toda persona es una condición básica para asegurar la supremacía de la justicia, ya sea para sustentar las sanciones, como para acceder a los beneficios sociales. De ahí su sentido lato: dar a cada quien lo que en derecho le corresponde. Así, por paradójico que parezca, respetar los derechos humanos de una persona que ha cometido cualquier delito o crimen, es una de las precondiciones para que sea sancionado como le corresponde. Además y esto no es menos relevante, asegura evitar convertir en culpable a quien no lo es.
Tenemos así, que si se desea sancionar a quien lo merece y no a otra u otras personas, evitar los prejuicios es uno de los principios. En otras palabras, debe primar la presunción de inocencia, así y todos los indicios pudieran apuntar a alguien: el presunto. Corresponde a las autoridades probar y demostrar que quien es acusado o acusada, en efecto es responsable o culpable.
Como indicamos en una de nuestras colaboraciones previas, “conformamos una sociedad de riesgo, bajo amenaza no tanto de fenómenos meteorológicos que los hay, sino de nuestras incapacidades para prever y sancionar los delitos, así como de revertir las condiciones sociales que les favorecen.”
Evitar que la impunidad y la injusticia prevalezcan, significa prevenir que ante la inseguridad, la frustración y la impotencia, se lleven a cabo actos extralegales, tan reprobables e inhumanos como los que se pretende sancionar.
sergio.pacheco@uacj.mx