Adela S. González/
Analista
Todavía se dice con nostalgia que “el tiempo pasado fue mejor”, no el pasado inmediato sino más atrás, cuando la sociedad vivía en calma, contaba valores y se podía confiar. Los cambios sociales, culturales, económicos y políticos, han tomado ventaja sobre lo que era orden, buena conducta, respeto… sostenidos por la autoridad paterna, religión, ejemplo y buena educación a la que un ministro de la SCJN acaba de referirse haciendo notar su ausencia lo que produce una sociedad enferma y un gobierno peor.
No soy socióloga o similar para emitir juicios sobre reglas comunes que dan coherencia a las relaciones sociales. Bastan observación y sensibilidad que indican la proximidad del caos. Los hechos de las últimas semanas en nuestra ciudad –sin remitirnos a los años de detrimento-, obligan a reflexionar tanto a expertos como a quienes simplemente cuestionamos por qué van tan mal las cosas, por qué la constante agresión contra niños indefensos, ataques a mujeres y actitudes violentas de los hombres, antaño depositarios del honor, protectores de la mujer y la infancia en la que se veía el futuro mejor.
Lo que es muy cierto, es que transitamos hacia la parte más negra de cualquier sociedad si es que no estamos ya en oscuridad total. Años de lamentar muertas y desaparecidas, de exigir búsqueda y castigo de culpables; de consignar hechos en periódicos, libros y hasta películas y construir espacios para recordarlas siguiendo la misma estrategia, han llevado a la nada, como tampoco en la violencia familiar y pública. Por más que se exija, se grite y llore, se emitan leyes, se creen comisiones “especializadas” y organizaciones derecho humanistas todo está ahí, empeorando.
Ser el municipio con más muertes de menores de edad no es nada bueno y así lo reconocen diputadas locales que dicen “es reflejo de una crisis de por lo menos diez años” (El Diario, 27-11-2017) aunque esto venga de mucho antes. Bueno que las legisladoras tácitamente acepten la frustración y que leyes y reglamentos inaplicados no funcionan dada la impunidad protectora de la criminalidad contra la que nadie puede por falta de compromiso en los cuerpos policíacos, eficacia en el sistema judicial y las instancias oficiales responsables.
Las legisladoras señalan pobreza y desigualdad como impulsoras de la violencia, que sin embargo no respeta diferencias sociales. Los reporteros informan de júniores riquillos y golpeadores. Lamentan las circunstancias que se viven sin considerarse parte del problema y cómplices de las diferencias al momento de asignarse privilegios que muy pocos cuentan.
Decir que los niños víctimas de asesinos que privaron de vida a sus padres sean ahora los que “van a buscar un escape” pues se les negó “el derecho a la reinserción”, es un rollo cansado y repetido sin que del propio Congreso salga solución, al menos con ejemplo de rectitud y respeto. Como política distractora tal argumentación es válida pero no desde otra perspectiva pues realmente quienes resisten la maldad aun siendo víctimas, son aquellos de convicciones firmes, inculcadas en familia y escuela.
Sí, faltan políticas públicas que aminoren la situación, pero no serán acuerdos, comisiones, fiscalías y propuestas tantas veces usadas como tampoco lo que inventen mentes ociosas para gastar nuestros impuestos las que den pautas positivas, El punto de partida está en la recuperación de valores familiares y sociales y de manera particular en la educación.
Arranca el proceso electoral más grande de la historia nacional (3,447 cargos, la Presidencia del país, el más importante). Es hora de que la sociedad piense, medite y reaccione ante situaciones que pueden cambiar o condenarnos a lo mismo. Es hora de que los políticos dejen de prometer y los gobernantes decidan ser precisamente eso, gobernantes, aptos para ejercer y superar las tentaciones de la corrupción y todo lo fácil.
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