Opinion

Tufo a nueva trácala por 700 millones

LA COLUMNA
de El Diario

2017-12-01

• Arrancan el logo al independiente
• Malgastan funcionarios pero castigan posadas
• Dan con el pie a Trump en la madre patria

El lunes a las once de la mañana reinician las hostilidades por el Omeprazol, Ketorolaco, Diosmina, Paracetamol, Ibuprofeno, etc., que por cantidades industriales necesita Pensiones Civiles del Estado para sus decenas de miles de usuarios. Ni una migraña pueden sufrir actualmente porque ni yerbas del doctor Arámbula tienen los dispensarios.
Dicho organismo descentralizado del Gobierno de Chihuahua lanzó la convocatoria correspondiente el pasado 18 de noviembre después de haber anulado una previa. Primer mal augurio. Son más de dos mil partidas por millones de unidades de “medicina y productos farmacéuticos”.
En ninguna parte de la convocatoria aparece el costo de los medicamentos ni la legalmente obligada explicación sobre rubros del presupuesto que serán impactados para el pago de los mismos, nada más y nada menos que entre 500 y 700 millones de pesos. Es una cantidad fabulosa.
Hay 20 empresas disputándose esa proveeduría, incluida la favorita del régimen corralista, Egro, a la que ya fueron entregados sin concurso 80 millones de pesos también en medicamento para la Secretaría de Salud. Esas maniobras deben tener utilidad para los “cabilderos”, por supuesto. Nada es gratis en ese mundo.
El lunes a las once de la mañana se reunirán en el auditorio de consulta externa de Pensiones Civiles, varios de sus directivos; los representantes de las 20 empresas concursantes y representantes de la Canacintra, Coparmex y Canaco.
Discutirán ahí las dudas presentadas durante la junta de aclaraciones realizada hace días y anunciarán la fecha del fallo.
El proveedor se llevará indudablemente una fortuna sin necesidad de entregar medicamento de patente. La convocatoria no lo contempla y por lo tanto hay quienes piensan hasta en genéricos e “intercambiables”. No es broma, pueden salir con eso y más. Ya hicieron fama; se pueden tirar a dormir.

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Desde ayer llegó la orden a todas las dependencias del Municipio para arrancar de documentos y logos de vehículos la i que caracteriza a la administración encabezada por Armando Cabada Alvídrez.
No quiere correr ningún riesgo el equipo cabadista. La i de independiente puede prestarse a violación a las normas electorales. Han preferido guardarla y reservarla para la campaña de los candidatos que vayan a ser lanzados por esa vía, de entrada los aspirantes a legisladores federales.
Para este lunes que reinicie actividades Armando en su despacho de Malecón y Juárez –anduvo toda la semana de gira internacional– deberá encontrar papelería, edificios y vehículos limpiecitos de i latina.
Los opositores políticos se quedarán con las ganas de ir con el chisme al Instituto Electoral y poner piedritas a la soñada reelección.

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Los altos funcionarios se pasean como jeques árabes por todos los rincones del país comen en los más exclusivos restaurantes. Atienden actividades partidistas desde sus puestos públicos sin gastar un peso de su bolsa. Utilizan vehículos oficiales en asuntos privados, incluidas las aeronaves del estado.
Así es el manejo por completo discrecional entre las jerarquías del Gobierno estatal pero hacia abajo han quedado estrictamente prohibidas hasta las posadas navideñas. El pie sobre el cuello de todos los empleados del Gobierno del Estado, que en su inmensa mayoría no son culpables de las malas decisiones que mantienen a Chihuahua en bancarrota ni decretaron los simuladores y timoratos planes de austeridad.
Ha correspondido a la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, ejercer el papel de policía contra las decenas de miles de chihuahuenses que prestan sus servicios en oficinas públicas, abogados, contadores, secretarias, intendentes, policías, contadores... Envió a todos un oficio francamente agresivo y amenazante (copia en la versión digital).
Advierte en sus partes sustanciales: “evita sanciones administrativas...”. “...no se autoriza presupuesto para la organización de posadas decembrinas, así como con motivo de las fiestas de fin de año... (es) inatendible gastar en fiestas, salones, comidas, bebidas, regalos, etc.).
Igualmente “los servidores públicos deben abstenerse de aceptar o recibir por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva o servicio; puede prestarse  a que a cambio se les condicione para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”.
Frente a lo obvio no hay necesidad de advertencias ni de amenazas semejantes: evitar sanciones administrativas. Más bien suena a fingimiento y pretensión de parar el cuello de la austeridad con un segmento que tienen derecho a sus posadas –con su dinero– pero al que debe mantenerse sofocado en aras de una imagen mediática de frugalidad que por lo demás ya no ajusta al nuevo amanecer. La opción preferencial por los pobres no está en los campos de golf.

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En febrero de este año los británicos se dieron a la tarea de reunir más de 100 mil firmas para evitar que Donald Trump visitara su territorio. Fue extendida la invitación días antes en Washington por la primera ministra, Teresa May.
Hubo hogueras verbales por toda la madre patria de los estadunidenses. “Debemos defender los valores de nuestro país. La visita de Estado de Trump no se debe producir", advirtió Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista en el Parlamento de Gran Bretaña. Era severamente cuestionado Trump en esos días por sus conductas sexistas y el veto a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.
Estamos frente al segundo intento de Donald por recorrer la tierra del antepasado anglosajón norteamericano. "Es cada vez más claro que cualquier visita del presidente Trump al Reino Unido no sería bienvenida", ha dicho Sajid Javid, miembro musulmán del gabinete conservador de May.
La invitación se mantiene pero no hay fecha todavía, ha repetido la primera ministra. Ahora la polémica es por los retuits de Trump con videos ultraderechistas.
La imprudencia política persigue al mandatario estadunidense en momentos claves.
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La designación del nuevo jurisdiccional de beis corre a cargo del director del Instituto Chihuahuense del Deporte, esta vez Juan Pedro Santa Rosa. Hacia arriba su jefe el secretario de Educación, Pablo Cuarón, y más hacia arriba, el gobernador, Javier Corral.
Mencionamos este contexto porque hemos sabido que Cuarón presentó ante Juan Pedro a Miguel Riggs como asesor plenipotenciario y representante de Corral en todas las decisiones que toma el instituto, esta de los jurisdiccionales por ejemplo. No sólo Juárez tendrá cambio, también varias de las otras nueve existentes en el estado. Todas lucrativas con sus correspondientes equipos de beis de Primera y decenas de ligas amateur.
Riggs es el síndico del municipio de Chi-huahua. Apenas inició el régimen corralista quedó envuelto en un escándalo de corrupción porque la coordinación de comunicación social entregó a una empresa de su hermana la impresión de lonas, mantas y otros productos publicitarios. Así que nada bueno puede esperarse de él ni en el beis ni otras ramas deportivas.
Sin duda tuvo qué ver Riggs en la designación de Juan Pedro Plascencia como relevo de Daniel “Chito” Cereceres en la jurisdicción Zona Uno de la Liga Estatal de Beisbol, pero también metió las manos el presidente municipal suplente, Alejandro Loaeza, tal y como fue comentado en este espacio durante la víspera.

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La ecología no es algo que tampoco preocupe al nuevo amanecer. Privilegia el interés político e incurre en opacidad aún a costa de cientos de arbolitos convertidos en papel.
Es escalofriante la imagen del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, entregando en la presidencia del Congreso del Estado varios gruesos tomos integrados por cerca de tres mil fojas que contienen el proyecto de presupuesto 2018 del Gobierno del Estado.
No lo hicieron de esa forma por abundar en detalles y explicaciones sino para evitar que el contenido caiga de inmediato en los medios de comunicación para el desmenuzamiento correspondiente.
Fuentes Vélez y su equipo llegaron la noche del jueves al Congreso del Estado para entregar los documentos a la presidenta del Congreso, la priista Karina Velázquez. En digital llevaban solo algunas corridas financieras. El choro mayor de números y conceptos teóricos lo dejaron en los pesados mamotretos. Ni el comité estatal del PAN tuvo datos básicos para sacar un boletín de prensa decente en su alabanza obligada.
Todo mundo con el único dato grueso, 64 mil millones de presupuesto de ingresos y casi los 67 mil millones para el gasto para el 2018.

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