Pascal Beltrán del Río/
Analista
Hasta ahora el Frente Ciudadano por México ha recibido elogios y críticas que pueden resumirse de la siguiente manera:
Quienes juzgan bien la idea dicen que la coalición PAN-PRD-MC representa una opción para los que no quieren más de lo mismo (PRI) ni un salto al vacío mirando hacia el pasado (Morena).
Quienes la rechazan afirman que no tiene nada de ciudadano; que es un acuerdo cupular para ganar el poder a como dé lugar, y que es una mezcla oportunista de visiones ideológicas opuestas.
Sin embargo, prácticamente nadie se ha detenido a pensar cómo gobernaría el Frente, a partir del análisis de experiencias anteriores, en distintos estados del país.
Y si bien es cierto que no es lo mismo gobernar la República que una entidad federativa, mal haríamos en pasar por alto la oportunidad de asomarnos a lo que dejaron las administraciones frentistas (que no se denominaban así, aunque incluyeran al PAN y al PRD) en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, tres estados donde el experimento completó un periodo.
No sería válido referirnos al balance de los hechos en Durango, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, donde los respectivos gobiernos estatales todavía no llegan a su primer trienio de duración.
Aun así, podríamos apuntar que en el tema de la seguridad pública ninguna de esas cuatro entidades tiene mucho que presumir respecto de las condiciones que se vivían en esa materia el sexenio estatal anterior.
Regresando a Oaxaca, Sinaloa y Puebla, una cosa salta a la vista: en esos estados, los partidos coaligados no lograron repetir en 2016 su triunfo de 2010 en la gubernatura.
Es más, sólo en Oaxaca volvieron a ir unidos PAN y PRD a las elecciones, llevando como candidato al diputado federal José Antonio Estefan Garfias, quien perdió la contienda contra el priista Alejandro Murat por más de siete puntos porcentuales.
En 2010, Gabino Cué, el candidato común de la alianza azul-amarilla –a la que también se sumaron el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano)–, triunfó por ocho puntos sobre el priista Eviel Pérez.
En Sinaloa, PAN y PRD fueron cada uno por su lado en los comicios de 2016, luego de haber llegado juntos a la gubernatura seis años antes, llevando como candidato a Mario López Valdez (Malova).
El PAN, que postuló a Martín Heredia Lizárraga, y el PRD, que tuvo como abanderado a Mariano Gómez Aguirre, quedaron en tercer y quinto lugares, respectivamente, en esas elecciones.
En Puebla, panistas y perredistas tuvieron distintos candidatos. Acción Nacional, el partido del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, armó una coalición con el PT (sí, ese PT), además de Nueva Alianza y dos organizaciones estatales para postular al alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, quien ganó la gubernatura con 12 puntos de ventaja sobre la senadora priista Blanca Alcalá.
Mientras tanto, el PRD postuló a la exdiputada federal Roxana Luna, quien apenas obtuvo 3.8% de los votos y quedó en cuarto lugar.
Puede decirse entonces que sólo en Puebla el gobierno surgido de la alianza dejó a los electores con ganas de continuidad en el gobierno.
Panistas y perredistas quizá aleguen que sus abanderados de 2010 en Oaxaca y Sinaloa –Gabino Cué y Malova– no provenían de las filas de alguno de esos partidos, pero nadie los obligó a postularlos.
Ambos –sobre todo Cué– generaron grandes expectativas de cambio. Y ahí tiene usted que el electorado en esos estados prefirió volver a poner al PRI en la gubernatura el siguiente sexenio.
En resumen, el Frente tiene un récord razonable para ganar las elecciones en las que participa (50%, en números redondos), pero uno muy malo para dar resultados y mantenerse en el poder.
Además, podríamos hablar de los pobres resultados que arrojaron los gobiernos frentistas en Oaxaca y Sinaloa y la estela de corrupción que dejaron a su paso por esas entidades.
Eso, aunque no guste a panistas y perredistas que se diga, es una probada de lo que esperaría al país en caso de que el Frente triunfara en 2018.
Por supuesto, puede ser distinto lo que suceda esta vez, pero qué tanto lo crea uno posible depende de la fe que se tenga en el proyecto de coalición.
El que una de sus propuestas principales sea crear una “renta universal básica” –es decir, un ingreso sin trabajar– y no explicar cómo se financiará, debiera ser motivo de duda.