Lourdes Almada Mireles/
Analista
Decía en mi colaboración pasada que el proceso electoral dentro de la UACJ había sido abierto con la publicación de la convocatoria y que se tenían ya evidencias de fuertes dosis de opacidad y acciones ilegales.
Me refiero de manera específica al diseño de una convocatoria que viola el reglamento y que excluye a un buen número de profesores y alumnos de la posibilidad de participar como candidatos y ejercer su derecho a ser votados y a que no se hizo público el rol de los años anteriores. A esto se sumaba la preocupación por la inminente participación de funcionarios y la oposición a la utilización de urnas electrónicas, al no garantizar el voto libre y secreto y sobre todo, el escrutinio abierto.
Estas preocupaciones fueron planteadas desde hace más de un año al rector en su calidad de presidente del Consejo Universitario. Ante la ausencia de claridad sobre las acciones a tomar para garantizar un proceso democrático, nuevamente presentamos nuestras preocupaciones y solicitudes durante el mes de octubre.
Ninguna de las demandas planteadas, todas fundamentales para garantizar nuestro derecho al voto fueron atendidas. La autoridad perdió la oportunidad de organizar unas elecciones limpias y transparentes.
Dados los hechos sucedidos, nadie podrá decir que las elecciones en la UACJ fueron limpias. La discusión ahora se centra en si se trató de algunas irregularidades relativamente aisladas, que pudieran corregirse, incluso mediante la anulación de algunas de las elecciones de los estudiantes, o si por el contrario, todo el proceso es abiertamente ilegal y debe anularse.
Los hechos más relevantes son sin duda, como lo publicó este mismo diario, la presencia de hasta 40 funcionarios universitarios como candidatos a los Consejos y todas las irregularidades presentadas en el conteo de los votos, especialmente entre los estudiantes.
Sobre la prohibición de que funcionarios universitarios participen como candidatos, el Reglamento es muy claro en cuanto a que “se procurará la participación equitativa de los diferentes aspirantes” (art.3) y con este propósito, “será materia de responsabilidad universitaria en materia electoral, la intervención de funcionarios y empleados (as) administrativos en el proceso electoral a favor o en contra de un candidato(a)” (art. 52).
Si el reglamento prohíbe cualquier intervención de funcionarios a favor o en contra de cualquier candidato, es decir, cualquier pronunciamiento u orientación del voto, cualquier interpretación (literal, sistemática o en cuanto al espíritu de la ley) deja claro que mucho menos podrían participar como candidatos, dado que esta participación no sería únicamente un pronunciamiento a favor o en contra, sino una intervención total a favor de un candidato, en este caso él mismo.
Resulta no sólo falso, sino ridículo, pretender que porque el reglamento no dice literalmente que no pueden participar como candidatos, esta intervención pudiera estar permitida, cuando incluso una participación mucho menor está expresamente prohibida. Si esto es así, estaríamos en presencia no sólo de un proceso con irregularidades, sino de la simulación de una elección previamente decidida por las autoridades (suena muy triste, lo sé).
Ligado a esto, estudiantes de diversas carreras denunciaron irregularidades tales como “urnas abiertas y sin inscripción, restricción del acceso a alumnos, coacción del voto” (Yo ciudadano). Además argumentaron en términos jurídicos la ilegalidad de las urnas electrónicas, ya que violan claramente el reglamento que establece que “la elección de los representantes académicos(as) y de alumnos(as), se realizará mediante voto secreto en urnas transparentes y escrutinio abierto” (art. 17). Por lo anterior, resulta claro que el reglamento debe acatarse y ninguna autoridad tiene facultad para pasar sobre él.
Las denuncias, no por previstas menos graves, de la falta de certeza en el conteo de los votos se basan en una violación flagrante del reglamento.
No sólo hubo algunas irregularidades en las elecciones en la UACJ, sino que se trató de un proceso abiertamente ilegal. Tratándose de una elección vinculada a la elección de rector, los candidatos a ocupar este cargo deben pronunciarse en cuanto a la ilegalidad del proceso y tener una posición clara, que no deje lugar a dudas sobre la legitimidad de su posible elección como rectores.
lourdesalmada@gmail.com