Luis Javier Valero Flores/
Analista
Colmada la paciencia de decenas de los estudiantes de Medicina –internos de pregrado–, como la de los pasantes en servicio social y la de los residentes –médicos titulados en estudios de postgrado de alguna especialidad o subespecialidad médica– adscritos a los centros médicos y hospitales a cargo de la Secretaría de Salud, decidieron parar actividades.
Ante el insoportable clima de violencia en la sierra, dejaron los puestos de trabajo e iniciaron una protesta que, como otras, de diversos grupos sociales, ha cursado bajo el desdén gubernamental.
Lo descrito por los voceros de los médicos es estremecedor. Las condiciones en que se desempeñan son de verdadera alarma que, a pesar de las denuncias o reportes efectuados por ellos, –y los de las generaciones anteriores, porque el problema no es nuevo– desde hace años, no fueron atendidos.
Lo sucedido recientemente en Gómez Farías rebasó su tolerancia. En esa ocasión, luego de los enfrentamientos armados en la población y el “levantamiento” del doctor Blas Godínez, director del Hospital Integral de ese municipio y supuestamente secuestrado por el comando para que diera atención médica a los heridos, obligó a los médicos a salir intempestivamente de la población, auxiliados por sus maestros de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Ese aspecto, el de la violencia, –si la cambiante y trepidante realidad nos lo permite– lo abordaremos el fin de semana.
Las declaraciones realizadas por los médicos han destapado la tétrica realidad de la prestación de servicios médicos, a cargo de la administración estatal en varios puntos de La Tarahumara y en algunos municipios de las estribaciones de la misma.
En la estructura médica general del país, los estudiantes de Medicina deberán prestar sus servicios durante un año, al término de los estudios, en un hospital que cuente con todos los servicios médicos. Una vez transcurrido ese año, de acuerdo con sus promedios se les asigna, para la prestación del servicio social, en alguna unidad médica, preferentemente del medio rural, o semi-rural.
En ambos casos, los médicos-estudiantes de pregrado, deberán estar bajo la supervisión y coordinación de un médico titulado adscrito, integrante del personal de la unidad médica, incluso en el caso de los pasantes en servicio social y, en este caso, más, si la unidad médica es un pequeño hospital, como son los casos de Guadalupe y Calvo, Madera y Gómez Farías, lugares de los cuales los médicos de pregrado han denunciado las anomalías.
Ahora bien, una vez terminados las dos etapas anteriores, los médicos titulados que deciden estudiar una especialidad, deberán cursar los estudios –casi por entero de manera práctica en algún hospital que preste los servicios de esa especialidad– y reciben el nombre de “residentes”.
Como en los casos anteriores, en esa unidad médica deberán existir médicos especialistas, responsables titulares de la prestación de los servicios.
Pero resulta que en ninguno de los hospitales de las poblaciones mencionadas existen médicos titulares de ellos y los residentes son los responsables de la prestación de los servicios, en una clara violación a las normas médicas vigentes en el país y en una disminución de la calidad del servicio médico prestado, no porque los internos, pasantes o residentes sean deficientes en ello, sino porque su preparación médica aún no concluye la que, por esas razones está –o debiera– bajo la conducción y supervisión de médicos experimentados.
No es lo único. Las jornadas de trabajo de todos ellos son extenuantes, que llegan a ser del orden de 32 horas continuas por 16 de descanso ¡Cada tercer día! y con el pago, ya sea de becas en el caso de los internos y los pasantes, o de compensaciones en el de los residentes, que en los dos primeros casos no llegan a los 4-5 mil pesos mensuales y en el de los residentes, a siete mil.
A todo lo anterior se suma el recorte de plazas médicas, denunciado por los médicos integrantes de este movimiento que ha venido a develar las infames condiciones en que se desempeñan.
Y que reciben como respuesta el silencio, la postergación de las reuniones, o las declaraciones triunfalistas (les aumentaremos los salarios, mejoraremos las condiciones de seguridad, etc.).
Merecen otra actitud.
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