LA COLUMNA
de El Diario
Ahora tenemos a un gobernador, Javier Corral Jurado, erigido en el censor ético de la práctica periodística. Ha dejado de ejercer como mandatario estatal para ofrecer un muestrario ridículo pero denigrante de cómo perseguir y censurar periodistas; directa y personalmente en ocasiones, a través de subordinados cancerberos otras veces.
Piensa el gobernador que desde su posición cupular puede establecer los alcances deontológicos de los medios de comunicación al momento de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Anda pero muy equivocado.
Encostrado en sí mismo, todavía cree que su tribuna es legislativa y puede dar rienda suelta a su discurso apriorístico sin consecuencia alguna. Entre diputados y senadores la sangre de las ofensas nunca llega al río; como gobernador ve su suerte.
El problema es que hoy, siendo autoridad ejecutiva, tiene límites y responsabilidades, no sólo legales y constitucionales, sino convencionales.
No puede Corral, de manera impune, pretender acallar a los medios de comunicación dando clases de moral o ética sin incurrir en graves violaciones a los principios de libertad de expresión, tutelados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Para empezar, toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones de manera libre, para lo cual, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos.
Por ello, la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta está prohibida por la ley, como también las restricciones a la circulación libre de las ideas y opiniones. No debe haber imposición arbitraria de información ni creación de obstáculos al libre flujo informativo.
En este sentido, la conducta ética de los medios no puede ser impuesta por el Estado, ni pueden establecerse condicionamientos previos como veracidad, oportunidad o imparcialidad.
Ni tampoco puede asesinarse, secuestrarse, intimidarse o amenazarse a comunicadores. Al contrario, es deber del Estado no sólo evitar incurrir en estas prácticas, sino prevenir e investigarlas. Tenemos todo lo contrario en Corral Jurado.
Es más, cuando se alegue un daño a la reputación, debe iniciarse un procedimiento donde se pruebe la intención de inflingir ese daño con el conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas. Cuando se trata de un funcionario público es quien debe sujetarse a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, en función de su cargo.
No es este redactor quien dice lo anterior, son los principios sobre libertad de expresión establecidos por la CIDH, que rematan con su poderoso artículo 13, la prohibición a que los estados utilicen los recursos de la hacienda pública para discriminar y otorgar de manera discrecional la publicidad y de esa forma se castigue, premie o privilegie en función de líneas informativas.
Esto es así porque los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente: entonces, las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresión.
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La cuestión es que el señor gobernador se ha empeñado en violentar todos y cada uno de los apartados convencionales que protegen la libre expresión de las ideas. Prácticamente es un depredador de ellas. Aquella corona de laurel en la cabeza del César ido ha sido arrebatada por el sucesor.
Le han bastado siete días para colocarse en una situación idónea para la intervención oficiosa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no se diga de las comisiones estatal o nacional de Derechos Humanos.
Todo inició con la publicación el pasado lunes seis de noviembre de una información donde se revela –con base en la bitácora de vuelo proporcionada vía transparencia en el folio 111382017– que el gobernador utilizó el King Air matrícula XC-CHI para viajar a Mazatlán.
Con el pretexto de la toma de posesión del gobernador aliancista Quirino Ordaz y “las ¿distintas actividades?” inherentes a la misma, permaneció en su chalet playero del día jueves 29 de diciembre del 2016 al lunes dos de enero del 2017. La toma de protesta fue el sábado 31 a las 11 de la mañana.
La reacción no se hizo esperar. El gobernador utilizó redes sociales, –de lo cual existe constancia–, para realizar las siguientes afirmaciones: que se trata de una nueva calumnia, que son informaciones falsas, que no se va a modificar la decisión de retirarle a la empresa la partida anual de 100 millones de pesos que le daba César Duarte para ocultar y callar trapacerías, burda y vergonzosa la campaña de golpeteo y mentiras de estos periódicos.
Con sus informaciones, el gobernador, desde su investidura, utiliza adjetivos que estereotipan y colocan en riesgo a los periodistas. Desde su visión, hay periódicos que se dedican a mentir y golpear por dinero; igual de grave como cuando asegura que no ha negociado con las cárteles de la droga sin proceder legalmente en consecuencia.
Es muy clara la violación a los principios convencionales de los cuales México es parte y como gobernador de Chihuahua se encuentra obligado a cumplir.
Mezclar el aspecto publicitario o de negocios con el contenido editorial, evidentemente es una violación franca al artículo 13 de los mencionados principios; pero aún más, su tono es de amenaza e intimidación, aspectos también prohibidos por el Pacto de San José de Costa Rica.
La falsedad de la información a la que aduce debe ser probada de manera fehaciente. La veracidad no puede ser impuesta desde el Estado; es decir, lo que es verdadero o falso. Para ello debe recurrirse al procedimiento correspondiente. Pensar lo contrario es acudir a métodos draconianos, autoritarios y fascistas.
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Otro incidente con esta casa editorial da pie también a señalar claras violaciones a los principios de libertad de expresión, que por su gravedad, debieran provocar de oficio la intervención de la CIDH.
Se trata del video difundido en YouTube el pasado jueves siete de noviembre, en la cual una mujer contesta a un interrogatorio, rodeada por cuatro personajes en uniforme tipo militar y fuertemente armados: sin más, ella vincula al gobernador, y al presidente municipal de Madera con apoyo a un líder criminal, Roberto Soto, denominado “El Jaguar”.
La reacción fue iracunda. De mayores proporciones. El gobernador usó de nueva cuenta redes sociales para reñir con un periodista de La Jornada que reprodujo el video en un tono amenazante.
Luego vino la reacción a esta casa editorial. El coordinador de Comunicación Social envió un comunicado oficial de prensa donde incorporó expresiones verdaderamente graves y delicadas.
Para no creerse: “Es lamentable que El Diario se convierta en portavoz del crimen organizado”, titula el cabezal del comunicado.
Luego afirma que la difusión del video exhibe la falta de ética y profesionalismo del periódico; que es lamentable que el medio se convierta en portavoz del crimen organizado, al reproducir contenido audiovisual difamatorio, alejándose del rigor periodístico.
¿En qué momento Jesús Antonio Pinedo Cornejo y el señor gobernador se convirtieron en censores de la buena prensa?
¿No sabe Pinedo que las afirmaciones son violaciones flagrantes de convenciones internacionales de las cuales México es parte?
¿No sabe que el Estado, como vimos líneas arriba, debe abstenerse de ciertas conductas que hoy no sólo afirma, sino que rubrica en documentación oficial? Sí lo sabe puesto que ya pisó la cárcel justo por una controversia de esa naturaleza.
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El remate torvo es la pelea con la revista Proceso y mensajes en redes sociales del mismo gobernador en contra de nuestra directora editorial.
Con Proceso utiliza el gobernador el medio de comunicación oficial denominado Cambio 16, en su página 4, número 47, año 1. Responde de manera virulenta a la información titulada Caso Breach: Corral solapa narcopolíticos del PAN.
Acusa oficialmente el Gobierno del Estado que dicha información está plagada de mentiras con infamias contra el gobernador, donde hay malicia efectiva y daño al patrimonio moral, publicada a sabiendas de su falsedad, con propósito de dañar, para medrar con el caso de Miroslava Breach, en contra de las buenas prácticas periodísticas.
Uff. No hay desperdicio. El censor estatal da clases de ética periodística en el medio de comunicación oficial. Nueva violación al derecho convencional de libertad de expresión.
Contra nuestra directora utilizó redes sociales para reproducir textos hasta de eslabones perdidos, haciéndolos suyos, apelando también a cuestiones éticas que luego borraron por su alto grado de virulencia y agresividad. ¡Qué necesidad!.
Sin duda, el señor gobernador se ha introducido en otro berenjenal inesperado del que no escapará a las consecuencias sobre todo políticas.
La mayoría de edad que se creyó alcanzada con la gubernatura sigue en retroceso; en lamentable y destructiva regresión. Cada vez más atrofiado el músculo del sentido común.