LA COLUMNA
de El Diario
• La ‘indolencia criminal’ contra muertas de Juárez
• Apuntan a una fichita para el PAN municipal
• Relajo en el campus por policías armados
Ahondaremos mañana sobre el tema en este espacio. Como prólogo debemos adelantar que para nada sorprende la reacción absolutista, airada y francamente agresiva del gobierno de Javier Corral, contra El Diario de Juárez y contra su directora editorial, Rocío Gallegos por la publicación de un material noticioso, periodístico, como es el video aparecido en YouTube donde el gobernador, policías estatales y autoridades municipales de Madera son señalados de proteger a un grupo delictivo.
Incontables ocasiones a lo largo de sus dos décadas y media como político en la nómina burocrática, Corral ha lanzado denuncias igual o más fuertes contra sus opositores. Con pruebas y sin pruebas todas fueron publicadas por incontables medios informativos porque su papel sólo es de transmisor.
Ese video por supuesto que es de interés general y su publicación no atenta contra la ética periodística. Su veracidad y las actuaciones ministeriales que de ahí se deriven corresponde llevarlas a cabo precisamente a la autoridad, no al medio de comunicación.
Ni El Diario ni sus periodistas están en posibilidades de acreditar o desacreditar su contenido pero sí estamos ante una realidad inobjetable como son las casi dos mil personas ejecutadas en el estado durante la administración corralista. El grueso de esos asesinatos ha sido adjudicado por el propio gobierno a uno u otro de los bandos mencionados en el video: La Línea (Cártel de Juárez) y Gente Nueva (Cártel de Sinaloa).
No es agrediendo a este rotativo ni a sus periodistas como el gobernador frenará o desaparecerá esa realidad y la violencia aparejada. Asumir la jefatura del Poder Ejecutivo es lo que debiera hacer. Abandonó el cargo prácticamente desde que tomó protesta. La incapacidad ha sido de él y su equipo, de nadie más.
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La ausencia del gobernador, Javier Corral, el próximo 24 de noviembre en el memorial del Campo Algodonero no tiene otra razón que el menosprecio al cumplimiento de su palabra empeñada el 25 de noviembre del año pasado exactamente en el mismo lugar. Esperemos ajuste su agenda y se haga presente.
Ese lugar fue construido contra viento y marea por organizaciones civiles y familiares de ocho mujeres cuyos cuerpos vejados y mutilados fueron arrojados ahí en 2001. Han sido muchos años de enredos y desorden en las investigaciones policiales y procesos judiciales correspondientes. Siguen sin resolverse.
Apenas mes y medio tenía Corral de haber tomado protesta al cargo cuando se apersonó en el Campo Algodonero junto a una gran cantidad de funcionarios. Seguir con el lenguaje optimista y contundente de la campaña electoral era lo más sencillo.
“(Hubo) pesquisas y tareas que el Estado debió realizar y no lo hizo por una indolencia criminal, por desdén y por un cinismo político”, acusó en el atril donde los cuerpos de las muchachas fueron aventados hace 16 años.
“En Chihuahua existe un problema grave de feminicidio y desaparición forzada... más allá de los distintos enfoques de las organizaciones (defensoras de las mujeres) vamos a escucharlos y estaremos atentos y permanentemente en diálogo con todas y cada una de ellas”.
Un párrafo sustancial de un comunicado que giró ese mismo día el Gobierno estatal sobre el evento. “Indicó el gobernador, que conoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sabe que desde hace siete años, se han incumplido muchos de los resolutivos, desde los que tienen que ver con la estandarización del protocolo, capacitación de ministerios públicos, construcción de bases de datos sobre las víctimas, reparación del daño, investigación efectiva sobre pesquisas, y que son los propios familiares de las víctimas, quienes las han realizado y entregado a las autoridades. Pero ahora, dijo, se le dará cumplimiento a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso del Campo Algodonero fue tomado por la Corte Interamericana. Su sentencia abarca una gran cantidad de puntos. Las relacionadas con las pesquisas y procesos judiciales no tienen avance alguno. A matacaballo fue modificado el código penal estatal para tipificar el feminicidio como delito hace unos días, otro aspecto exigido por la Corte, A pocos activistas dejó satisfecha esa reforma
También el memorial fue solicitado en la resolución... Ahí está. Serán colocadas el 24 de noviembre placas con los nombres de las víctimas pero el gobernador no se hará presente porque la tarea sustancial no ha sido cumplida, la justicia a las víctimas. En lugar de ello algún maratón, algún juego clandestino de golf. Los pasatiempos del señor gobernador.
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Nos juran y perjuran que antes de que el reloj marque el primer segundo del uno de diciembre, habrá un nuevo presidente del Comité Municipal del PAN en Juárez, para relevar al actual Jorge Espinoza.
Quien anda peor que chivito loco en cristalería, con motivo de ese relevo partidista, es el flamante jefe del Registro Civil en esta frontera, Javier Palacios Reyes.
Funcionario de medio pelo, gris y apocado, hoy siente Palacios que tiene la bendición divina del gobernador Corral para sentarse en la silla que dejará Espinoza.
Se le olvida a Palacios su negro y vergonzoso pasado. Se ha borrado de su memoria que en 1997, fue penosamente destituido de su cargo como coordinador de Seguridad Pública Municipal, por haber "desaparecido" droga y armas bajo su custodia, decomisadas por la Policía Municipal.
En ese entonces, Mary Domínguez era la secretaria del Ayuntamiento, Luis Jaime Sandoval el director de Gobierno, y Sergio Madero el director jurídico, y los tres coincidieron en destituirlo de su cargo, junto con otros dos jueces de Barandilla, porque en una investigación ordenada por Mary, se descubrió que Palacios se confabuló para "desaparecer" la droga y las armas, antes de que fueran consignadas como evidencia a la autoridad investigadora.
A pesar de que el entonces alcalde Ramón Galindo (ojo con este dato), intentó rescatarlo, la evidencia de la investigación y la presión de los demás funcionarios mencionados, lo obligó a despedirlo vergonzosamente.
Es un episodio que conocen a la perfección todos los panistas, y además quedó ampliamente documentado en medios de comunicación.
Por eso resulta sorpresivo y hasta contradictorio que hoy, Ramón Galindo impulse la candidatura de Palacios para dirigir el Comité municipal del PAN en Juárez, pese al pasado negro y turbulento que lo persigue.
Recientemente en esta columna documentamos las actividades "extralaborales", en redes sociales, durante sus horarios hábiles de trabajo, de un grupo de funcionarios encabezados precisamente por Javier Palacios Reyes.
La verdad no comprendemos por qué Galindo o Corral recurren a esta clase de perfiles tan quemados y cuestionados, habiendo tanto jóvenes, profesionistas y talentosos entre los panistas.
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Buen relajo se armó la tarde-noche del jueves en una de las entradas al campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) porque los vigilantes universitarios rechazaron la entrada a un ejército de guarros del secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez, y de algún estudiante que cargaba su propio equipo de vigilancia.
Los trabajadores de la empresa de seguridad contratada por la UACJ tienen prohibido el ingreso de personas armadas al campus así se trate de Juan de las cuerdas. Es regla de la máxima casa de estudios.
Fue un incidente que duró más de 10 minutos. El jefe de la Policía Municipal ingresó al campus para dictar una plática sobre prevención delictiva organizada por un estudiante muy cercano a la Alcaldía. No pasó a mayores aunque Realivázquez fue prudente y ordenó a su equipo de escoltas que ingresaran dos o tres y el resto (más de 20) se quedaron afuera. Buena decisión. En la universidad no encontrarán gatilleros, puro alumno matado y estudioso.
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El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimujeres) anda en el punto de concretar un convenio con una universidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Barcelona para generar como política la atención a los migrantes que llegan a Chihuahua procedentes de los Estados Unidos en temas precisamente de migración, trabajo, tecnología y género.
El órgano estatal de gobierno está previendo que se incremente el flujo de migrantes hacia México, particularmente hacia las grandes ciudades de Chihuahua, en la medida que el gobierno estadunidense endurece sus políticas antiinmigratorias.
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El presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Alejandro de la Rocha Montiel, fue nombrado ayer coordinador de la comisión de Tecnología y Plataforma Nacional de Transparencia del sistema nacional en la materia. La comisión de Indicadores será encabezada por la también chihuahuense Alma Rosa Armendáriz Sigala, siempre hiperactiva en la chirinola transparente del país.
Desde hace años participa también en las comisiones Jurídica y de Protección de Datos Personales, María Nancy Martínez, comisionada del Ichitaip.
El caso De la Rocha es particularmente relevante por los enormes atrasos y broncas técnicas que ha sufrido la plataforma de transparencia. Ello ha provocado falta de respuesta a miles de solicitudes de información pública y por lo tanto ha ocasionado falta de credibilidad en esa herramienta presentada como la panacea contra la corrupción.
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