Lourdes Almada Mireles/
Analista
El proceso para elegir consejos universitario y técnicos en la UACJ inició formalmente el viernes pasado con la publicación de la convocatoria para registro de candidatos/as.
El diseño del proceso electoral da cuenta de la forma como se gobierna y administra la institución, con fuertes dosis de opacidad, recurriendo a la ilegalidad y la amenaza y con una total ausencia de autocrítica.
No se trata, como ya se ha dicho, de una elección ordinaria, se trata del Consejo Universitario (CU) que elegirá al próximo rector.
No es gratuito que a pesar de los señalamientos de profesores y alumnos sobre las irregularidades e incluso de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la autoridad vaya con todo por el control del Consejo.
Universidad Democrática (UD) es un grupo de universitarios que busca la democratización de la universidad, el desarrollo de la calidad académica y la vinculación social de la institución.
El grupo ha visto con preocupación que de acuerdo con el ranking que publica anualmente El Economista, la UACJ ha perdido diecisiete lugares a nivel nacional, lo que puede constatarse, por ejemplo, en la pérdida de varios programas de posgrado de su registro ante el CONACYT. Urge generar discusión y diálogo sobre lo que ocurre en la Universidad, en términos académicos, de vinculación e impacto social, así como sobre la forma como se toman las decisiones que nos han llevado hasta donde estamos.
La reacción de las autoridades es representativa de la forma de gobernar. Ante la evaluación y la consecuente preocupación de un grupo de profesores, el rector lanzó una amenaza abierta en el Consejo Académico y en medios de comunicación, a quienes se han constituido en una voz crítica, afirmando que “se trabaja con el abogado general para documentar el comportamiento ‘doloso’ de profesores que tratan de desacreditar el trabajo y el esfuerzo diario de la comunidad universitaria”. ¿No sería mejor preguntarse cómo se hizo tal evaluación, en qué aspectos se puede mejorar, cómo involucrar a la comunidad universitaria para retomar el rumbo? Hace unos días UD se pronunció contra las amenazas a las libertades de expresión y cátedra.
La intimidación surge efecto y las autoridades lo saben. No es casualidad que la amenaza sea lanzada unos días antes del proceso electoral. No es casualidad que se busque confundir a la comunidad universitaria y a la ciudadanía cargando sobre las voces críticas el deterioro de la Universidad.
Afectan la imagen de la Universidad el autoritarismo y la opacidad, la poca preocupación por el nivel académico de la institución que la llevó a descender tantos niveles a nivel nacional y la actuación ilegal de las autoridades al violentar el derecho de los universitarios a ser votados (a pesar de la recomendación de la Defensoría) y al excluir de tal posibilidad a un grupo amplio de estudiantes y profesores.
El argumento es que “así ha sido siempre”, siempre ha existido un sistema de rotación, según el cual los programas van turnándose y –se supone- teniendo oportunidad de participar al Consejo. Sin embargo, a pesar del compromiso del rector de publicar las convocatorias anteriores, para transparentar dicho sistema de rotación y garantizar que se respetará al menos dicho rol, la información no sólo no se hizo pública, sino que se alteró el orden, buscando garantizar los puestos en aquellos programas en los que tienen mayor control.
Por si ello fuera poco, hay profesores a los que se cambió sorpresivamente, sin argumentos y sin previo aviso, su programa de adscripción. Como lo expone un análisis que ha circulado en redes sociales, la convocatoria parece haber sido diseñada con cálculos exactos para garantizar la mayoría en el CU. Como se ha señalado previamente, esta forma de proceder no se apega al Reglamento de dicho Consejo y al ser discriminatoria y violatoria de derechos, la Defensoría emitió una recomendación que simplemente no fue tomada en cuenta.
Otro aspecto ilegal es la incorporación de funcionarios universitarios como candidatos al CU. La normatividad establece que incurre en responsabilidad aquel funcionario o empleado administrativo que intervenga en el proceso electoral, “a favor o en contra de un candidato (a)”.
Queremos a nuestra Universidad. Sabemos que es uno de los mayores activos que tiene nuestra ciudad y es, precisamente por ello, que queremos que sea ejemplo de democracia, transparencia y calidad académica.
lourdesalmada@gmail.com