Adela S. González/
Analista
Igualdad de género e incorporación de indígenas en procesos electorales ordena el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, requisito que alienta aspiraciones en un sector tradicionalmente hecho al lado. La medida busca igualdad de participación ciudadana en candidaturas al Congreso federal en las próximas elecciones.
La disposición que debe respetarse tal como viene, llega en momentos en que los cargos de responsabilidad pública son apetecidos por los mismos que durante décadas los han ocupado brincando de uno a otro por lo que se les identifica como chapulines. Entendemos por estructura de gobierno desde la máxima posición que es la Presidencia de la República, hasta diputaciones, senadurías, presidencias municipales, gubernaturas y demás.
El problema de igualdad entre hombres y mujeres fue desatado años atrás por la lucha feminista contra el predominio machista que aunque en menor proporción persiste hasta la actualidad; los indígenas mantienen su lucha aunque sin equiparar todavía logros de las mujeres. Dentro del gobierno y los partidos la igualdad no se da por conocimiento o eficiencia, desciende de la obligatoriedad legal, de la imposición de llenar cuadros políticos y dependencias y a veces hasta por presiones y recomendaciones. Recuérdese la aprobación tardía del voto femenino.
Los logros alcanzados por mujeres en cargos públicos son insuficientes y llevan en contra el dominio masculino, incompetencia y debilidad en ocasiones por ellas mismas propiciadas. En el congreso chihuahuense, las diputadas “rosa” no destacan precisamente por sus aportaciones a la legislatura, ni siquiera compiten con sus homólogos en conocimiento, ejercicio político o profesional. Todas coinciden en una presencia irrelevante y hasta ignoradas pues solamente dos que tres se hacen notar más por ruido y aspiraciones políticas que por desempeño.
Nada en contra del avance femenino en todos los campos del quehacer humano. Admirables las mujeres que luchan por librarse del yugo masculino y brillar en todos los entornos. Tampoco en contra de indígenas con iguales potencialidades e incluso superiores. La realidad es que en el país, con brillantes excepciones, son pocas en cargos oficiales, de indígenas ni se sabe. Sigue la pugna por la discriminación, asedio sexual, salarios o reconocimiento al trabajo bien hecho. Aunque la disposición del INE se enfoca a regiones con poblaciones predominantemente nativas, llama la atención este paso adelante del indigenismo que igual lucha contra la discriminación y la desigualdad:
“El INE emite la obligación de los partidos políticos de postular a indígenas como candidatos a la Cámara de Diputados por el principio de mayoría relativa” dice la información leída en El Diario 10-30-2017, con lo cual facilita a indígenas participar en política y seguir ejemplo de una candidata postulada por el Congreso Nacional Indigenista, María de Jesús Patricio, quien pisa los talones a Margarita Zavala. Ambas aspiran a la banda presidencial cuando termine su mandato el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Reunirán más del millón de firmas requeridas?.
Los distritos incorporados a esta disposición pertenecen a Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, los primeros enlistados entre los más pobres y rezagados del país. Chihuahua, con su extensa región Tarahumara debe seguirla para que ningún rarámuri (hombre o mujer) se prive de ejercer sus derechos de postulación al Congreso federal, y de llegar, quizá tendría mejor desempeño que cualesquiera representantes de esa región.
Buen ordenamiento que abre la puerta a un sector marcado por el atraso. Los indígenas, como las mujeres, no pueden ni deben seguir fuera de la conducción del país por desigualdades proscritas constitucionalmente pero como tantas otras cosas sepultadas por el desconocimiento, el olvido o prejuicios inicuos.
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