Carlos Murillo/
Abogado
Formalmente un juez decide esta semana el futuro de Javier Garfio. Aunque en la realidad el decisor de este caso es el gobernador Javier Corral, quien moverá los hilos del Tribunal Superior de Justicia para manipular la resolución judicial, como lo ha hecho hasta ahora con todos los casos de la Operación Justicia para Chihuahua, el título eufemístico de la violencia estatal en contra de los antiguos opositores políticos. Así es como Corral ha retorcido la ley para vengarse y criminalizar el duartismo con un discurso mesiánico.
En esa lógica, en Chihuahua no hay peor delito que ser duartista, inclusive el narcotráfico y los homicidios de alto impacto son un delito menor, insignificante frente al delito de ser duartista. Así, el aparato de persecución del delito del Estado, la Fiscalía, está volcada a integrar carpetas de investigación contra duartistas usando a la justicia como instrumento de venganza como lo hacen los gobiernos fascistas.
Con la sentencia de Garfio se acaba la primera etapa de terrorismo político del gobernador Javier Corral que, durante un año, mantuvo el foco de atención disfrazando el autoritarismo de lucha anticorrupción.
Hagamos un poco de memoria. A partir del 4 de octubre de 2016, César Duarte se convirtió en el enemigo público número uno pero, a pesar de usar recursos ilimitados para la cacería, Corral y sus abogados han podido convencer a las autoridades de Estados Unidos de la peligrosidad de Duarte. La extradición está cada vez está más lejos, principalmente porque las pruebas fabricadas para demostrar un delito menor evidencian que se trata de una venganza política, no de un asunto de justicia; y los norteamericanos tienen suficientes razones para desconfiar del sistema penal de Chihuahua.
Sin embargo, el pobre desempeño en el gobierno de Corral en los primeros cien días de gobierno y las ansias de novillero por posicionarse para el 2018, lo obligaron a seguir con la cacería de brujas. En la fiscalía, se creo un grupo élite para integrar carpetas de investigación con la participación del primer círculo anticorrupción del gobernador, que hasta la fecha intentan encuadrar delitos a como de lugar, sin importar los medios, solamente los fines.
Sin ningún éxito importante durante los primeros meses, ocurrió un hecho que alteró la agenda de Corral: el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el 23 de marzo de 2017. Entonces, el gobierno de Corral entró en una crisis de credibilidad que traspasó las fronteras de Chihuahua y la solución para bajar la presión de la opinión pública nacional realizó la detención del número dos en la lista del duartismo: Javier Garfio Pacheco, ex presidente de Chihuahua, ex aspirante a la gubernatura y ex secretario de Obras Públicas, considerado por Corral un delincuente por ser amigo de César Duarte.
Antes de la gubernatura de Duarte, el ingeniero Javier Garfio era un empresario del ramo constructor y ganadero por herencia familiar, quienes lo conocen lo describen como un hombre de trabajo dedicado a su familia. No hay antecedentes de un delito, ni de un escándalo. Garfio es, hasta hoy, un ciudadano cumplido con un modo honesto de vivir.
La amistad con Duarte data de la temprana juventud y en algún momento emprendieron proyectos juntos, tanto políticos como empresariales. Cuando Duarte se perfila por la gubernatura, Javier Garfio se suma a su equipo.
Durante su administración estatal, Duarte invita a Javier Gario a la secretaría de obras públicas y después lo impulsa por la alcaldía de Chihuahua, donde hace un excelente papel como administrador de la capital. Si alguien se podía considerar la mano derecha de Duarte en lo político y con una cercanísima amistad en lo personal, ese era Javier Garfio, quienes conocen la historia saben que Garfio siempre fue la primera opción para Duarte en la sucesión, de ese tamaño era su crimen.
En ese contexto, la amistad que durante seis años le permitió a al expresidente municipal de Chihuahua acceder al primer círculo del poder, ahora lo hacía vulnerable a la venganza política. Al finalizar su gestión como alcalde, Javier Garfio no tenía nada que temer, por eso no se amparó, no salió del país, no hizo ningún cambio en su rutina, regresó a la administración de su negocio en el ramo de la construcción. Estaba seguro que no había cometido ningún delito que estuviera en el código penal. Tres días después del asesinato de Miroslava Breach, detuvieron a Javier Garfio en su casa, lo que sirvió como una cortina de humo para bajar la espuma de la opinión pública.
Garfio fue acusado por un acto en el que no participó, no hay una prueba vinculante en su contra, ni tampoco se demostró que se trataba del delito de peculado. El caso era un asunto político, no jurídico. Después de la detención del número dos del duartismo, comenzó la cacería de brujas contra otros funcionarios de segundo y tercer nivel.
Tras siete meses en la cárcel, Javier Garfio decidió, por estrategia legal, declararse culpable y solicitar el procedimiento abreviado, lo que le permitió negociar con el agente del ministerio público una reducción de la pena que, según la ley, puede disminuir hasta la tercera parte de la condena.
Después de siete meses de tortura con la prisión preventiva y la amenaza del gobernador de llegar hasta la pena máxima, Garfio, en el peor de los casos, estaría a unos meses de lograr la liberación por buena conducta y en el mejor de los casos saldría en unos días para continuar con la sentencia en libertad.
La espera durante siete largos meses encerrado y la incertidumbre de su futuro, son la forma en la que el Estado ejerce la violencia simbólica sobre los inculpados, para que al final acepten gustosos declararse culpables y negociar la pena a través del procedimiento abreviado.
Junto a la prisión preventiva, está el maquiavélico juego psicológico detrás de las decenas de negociaciones con testigos protegidos, que están dispuestos a memorizar el guión que les impongan con tal de no pisar la cárcel y la evidente manipulación de las pruebas. En esas circunstancias completamente adversas el proceso penal para los duartistas parece un laberinto sin salida.
No es necesario abundar en el delito que se le imputó a Garfio en el juzgado, porque es solamente el pretexto para tenerlo encerrado, el único crimen de Javier Garfio que registrará la historia es: ser duartista, ningún otro delito se le comprobó en el procedimiento penal que está por concluir con la confesión obligada de Garfio.
Javier Corral decidirá si Garfio continúa en la cárcel hasta terminar su condena o lo hace en libertad. La ley permite esas dos opciones y el juez solamente espera que le den la orden para aplicar la ley conforme a lo que sus patrones le ordenen. Así de contaminada está la justicia en Chihuahua.
Otra lectura pragmática del caso, es un triunfo pírrico de Javier Corral, quien con esto demuestra que tenía la razón; “Garfio ha confesado el peculado, se ha hecho justicia” dice la Fiscalía, emulando los finales de la Santa Inquisición. Nada más falso.
La Operación Justicia para Chihuahua es una estrategia mediática para la legitimación política de Corral y es fácil adivinar el patrón que sigue: primero es reactiva, porque ante cualquier crisis la respuesta es meter a un duartista a la cárcel; segundo, los casos penales son administrados en una lógica mediática con fines político-electorales, no con intención de hacer justicia.
Entonces, si Javier Corral quiere sentarse a negociar con el PRD las candidaturas del Frente Amplio Opositor: va un duartista a la cárcel. Si ocurre un asesinado de alto impacto: va un duartista la cárcel. Así de simple es la estrategia.
Finalmente, no puede ser justicia si es selectiva, porque los testigos protegidos no pisarán un solo día la cárcel gracias a que decidieron negociar su declaración, según la fiscalía hicieron lo mismo pero unos estarán afuera y otros adentro, depende de qué tanto quieran negociar.
Con el caso Garfio se cierra el primer año de persecución del duartismo y, para sorpresa de muchos, el asunto más importante después de Duarte se resuelve con una sentencia de 3 años. Pero, al no haber persona más cercana que Garfio, la Operación Justicia para Chihuahua comienza la fase de decadencia, ningún otro personaje tendrá tanto interés mediático como Garfio.
César Duarte cada vez está más lejos de la extradición y a la gente cada vez le importa menos, la criminalización del duartismo ya no vende como antes. Después de pegarle a la piñata del exgobernador por doce meses, terminó por desfondarse y no había dulces adentro. Así, estamos comenzando el posduartismo ¿qué hay después de la criminalización del duartismo? ¿ahora a quién le echará la culpa Corral por su fracaso como gobernador? ¿tendrá que inventar otro chivo expiatorio?
Es irónico, pero parece que Corral no es nada sin un Duarte que perseguir.
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