Miriam A. Ornelas/
Analista
Ciertas personas no acaban de entender que sus vidas, sus economías y la sociedad sufren grandes pérdidas por su arraigada costumbre de ingerir bebidas alcohólicas y conducir vehículos automotores.
Lo mismo sucede con las que tienen la costumbre de maniobrar teléfonos celulares y hasta “textear” al mismo tiempo que van manejando. Esto es como manejar a ciegas.
Tales malas costumbres constituyen el punto medular de la polémica que ha desatado la disputa con las multas tan elevadas que ha propuesto el presidente municipal de Ciudad Juárez, aunque en realidad se le pasó la mano al extender su afán recaudatorio a la generalidad de las infracciones de vialidad.
La actual administración municipal debe entender que en un régimen de derecho, el estado debe sancionar siempre con apego a la ley sin abrigar ninguna intención más profunda que la que marca la legislación vigente; al respecto, la Constitución es la ley de más alto rango y debe ser respetada para los ciudadanos responsables y para los irresponsables también, nos guste o no.
Es muy sana la intención de nuestro alcalde al intentar, por todos los medios a su alcance, corregir estas malas prácticas de muchos automovilistas juarenses, pero Cabada debe también comprender que no es nuestro papá y si no logra su objetivo es porque no está en sus manos hacerlo porque el problema reside en un asunto de mala educación y de inconciencia. Esas son cuestiones que se corrigen en la casa.
Las cosas comenzaron a ir mal cuando nuestro presidente, en un afán de distinguirse de las anteriores administraciones, suprimió las multas a los choferes briagos al tratar de imponerles únicamente una pena de prisión administrativa.
Si la Constitución establece el derecho de los infractores a pagar una multa y solamente si se niegan a ello, conmutarles el castigo por una detención de hasta por treinta y seis horas, lo más lógico es que se respete la Constitución en el caso de los mal portados porque, por muy culpable que sea una persona de una conducta irregular, también tiene derechos y si su derecho es pagar la multa pues respétenlo, en su peculio lo hallará.
En estas condiciones es muy sana la iniciativa de las regidoras priistas de restablecer las multas alternativas para los choferes borrachos y para los telefonistas, porque cierta gente se niega a entender por la buena; el castigo monetario es lo que más les duele, incluso más que la prisión administrativa. Pero esta iniciativa debe darse dentro de los márgenes que establece nuestra Constitución, por mucho que la sociedad entera repruebe la costumbre de manejar beodos. No olviden que al tomar posesión de su cargo protestaron, juraron y perjuraron respetar la ley fundamental de nuestro país.
El fisco municipal no tiene por qué renunciar a unos muy buenos ingresos en aras de educar a gente que no quiere educarse ni componerse a pesar de la elevada multa. Toman whisky y tequila hasta en medio del freewey porque tienen dinero y son irresponsables. Pues que en su cartera lo paguen.
En este asunto toda la administración del señor Armando Cabada Alvídrez debe volver a la constitucionalidad y castigar económicamente a los borrachos y abandonar la intentona de educar a gente que no quiere ser educada.
A lo imposible nadie está obligado ni tan siquiera en la categoría de intentona. Llevamos siglos persuadiendo a los borrachos de que abandonen este vicio y no lo hemos logrado. Tal parece que el borracho ya nació borracho, pues déjenlo borracho y castíguenlo de acuerdo a las normas autorizadas por la ley fundamental no con castigos derivados de una intención paternalista totalmente extralegal.
No hay más ciego que el que no quiere ver y más chofer briago que el que no quiere corregirse, por más que lo castiguen. Su vicio imprudente va a ser su perdición, su colapso económico y hasta su muerte y la de terceros, pero ese es su derecho. O reformen la Constitución.
anelornelas@hotmail.com