Francisco Ortiz Bello/
Analista
Desde el año 2009, de acuerdo con el apéndice 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), los automóviles de origen norteamericano o canadiense, se deben importar legalmente sin mayor costo que la operación normal del IVA en la frontera, sin restricción de modelo o año. Lo cual, hoy por hoy, es letra muerta a pesar de ser ley, ya que el TLCAN se encuentra vigente y, de acuerdo con nuestra Constitución, al ser firmado por México, pasa a formar parte de nuestras leyes.
En el inciso 24, relativo a los vehículos automotores usados, el mencionado apéndice estipula una detallada calendarización para la eliminación de aranceles y costos de importación, en la que, de acuerdo con el inciso a), del numeral 24, a partir del primero de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad.
Esa calendarización sigue avanzando hasta llegar a 2019, año en el que desaparece cualquier limitación de año o modelo para la legal importación de vehículos usados.
Hoy, importar un auto usado a la frontera es una verdadera odisea en la que, muchas de las veces, el costo de la importación supera hasta en dos tantos el verdadero valor comercial del vehículo. Además de estar restringida a vehículos de un máximo de 10 años de antigüedad, es decir, solo para modelos 2007 en adelante.
Y no es que a los fronterizos nos guste mucho importar autos usados, es que no tenemos ninguna otra alternativa viable para solucionar el problema del transporte urbano que, dicho sea de paso, es uno de los peores en todo el país. Inseguro, caro, mal diseñado y mal operado.
Las distancias que debe recorrer a diario una familia juarense promedio, aunadas a la deficiencia señalada en el transporte urbano, hacen que sea una verdadera necesidad contar con un vehículo para satisfacer esta necesidad de movilidad urbana.
La Secretaria de Hacienda federal, en forma inexplicable, a través del SAT, se ha dedicado a endurecer, cada vez más, los requisitos, trámites y costos para importar legalmente vehículos usados, contraviniendo claramente el TLCAN. Es decir, violando flagrantemente la Ley que los obligaría a eliminar ya dichos requisitos y tramitología.
Este endurecimiento del SAT ha afectado a miles de chihuahuenses, particularmente a decenas de miles de juarenses. No obstante, la dependencia federal ha sido completamente omisa e insensible al justo reclamo social que a gritos pide un esquema de regularización de autos, conforme a la Ley, accesible, de bajo costo e inmediato. Esa es la solución al problema de los chuecos. La única verdadera solución.
Ningún nivel de gobierno puede exigir a los ciudadanos, intransigentemente, el cabal cumplimiento de la Ley, cuando es la propia autoridad la que viola flagrantemente un acuerdo internacional que ya debería de estar en vigor, y operando al 100 por ciento, como es el caso del TLCAN.
Para los miles de chihuahuenses y juarenses que poseen un auto chueco, porque no tienen otra opción -ni de transporte ni de regularización-, el decomiso de ese auto será un atentado grave contra su patrimonio, contra su única herramienta de movilización urbana. Será despojarlos de un bien al que, muchos de ellos, solo pudieron acceder luego de innumerables esfuerzos y ahorros, o incluso endeudándose para adquirirlo.
No obstante, lo complejo del problema, tanto en sus orígenes como en sus componentes, el gobierno del estado decidió subirse a un tema que ni le compete, ni le beneficia, argumentando que un porcentaje muy alto de los delitos que azotan a la sociedad, se cometen a bordo de un auto sin placas, chueco pues. Supongamos que logran decomisar todos los autos chuecos que circulan en el estado. Solo supongamos. ¿Con eso garantizan que se termina la inseguridad? ¡Claro que no! No lo pueden garantizar porque, aunque ya no hubiera autos sin placas, la delincuencia seguiría operando en autos robados o prestados o de cualquier otra índole.
Sin duda este de los autos chuecos es un tema bien delicado. No se trata solo de aplicar la Ley a rajatabla (una ley manipulada desde el gobierno federal), sino de interpretar adecuadamente la realidad y las necesidades sociales.
Como dicen los abogados: ante un conflicto entre la ley y la justicia, siempre se debe optar por la justicia.
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