Pascal Beltrán del Río/
Analista
Felicidades a mis compañeros de
Imagen TV por su primer año.
Hace tres décadas que un titular de la Procuraduría General de la República no dura un sexenio. El último fue Sergio García Ramírez, de 1982 a 1988.
En casi 17 años de alternancia en la Presidencia de la República ha habido ocho procuradores. En promedio, cada uno de ellos ha durado dos años y dos meses. Ese solo hecho habla de una verdadera disfuncionalidad de la institución.
La renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la PGR –anunciada al final de un informe que presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado– es el corolario perfecto para esa disfuncionalidad.
Es probable que Cervantes, el titular número 43 en la historia de la PGR, vaya a ser el último.
Por ahora la PGR tiene como encargado de despacho al subprocurador Alberto Elías Beltrán.
Sin embargo, se antoja poco probable que, en el clima de enfrentamiento político previo a los comicios de julio entrante –y con la polémica que el propio Cervantes creó durante su encargo–, el presidente Enrique Peña Nieto vaya a enviar al Senado una propuesta de nuevo procurador.
Menos probable aún, que las fuerzas políticas representadas en el Senado vayan a aprobar la minuta de la ley orgánica que falta para dar paso a la Fiscalía General de la República, que debe sustituir a la PGR con base en la reforma constitucional aprobada en 2014.
Durante estos tres años, los partidos se han entrampado en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que está ligado con el nacimiento de la Fiscalía. En un afán de generar una Fiscalía Anticorrupción y una Fiscalía General “verdaderamente autónomas”, ninguna de las dos instituciones ha podido ver la luz.
El fiscal Anticorrupción, que debe guiar los trabajos del SNA y dependerá orgánicamente del fiscal General –al menos así lo establece el texto del artículo 102 constitucional– no ha sido nombrado pese a que el Senado ya ha entrevistado a una veintena de aspirantes a ocupar el cargo.
Y la legislación que falta para dar vida a la Fiscalía General no ha avanzado porque la oposición quiere echar atrás un artículo transitorio de la reforma constitucional en el que se establece que el primer fiscal General será el último procurador General. Sólo después de un primer periodo de nueve años en la vida de la Fiscalía General, operará –nuevamente, de acuerdo con la Constitución– un proceso de nombramiento en el que intervendrán el Senado y la Presidencia de la República.
La exigencia de eliminar el llamado “pase automático”, para evitar que Raúl Cervantes se quedara nueve años como fiscal, llevó el mes pasado a la paralización del nombramiento en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Curiosamente, la eliminación del transitorio ya había sido propuesta por el presidente Peña Nieto, pero la oposición no le había dado trámite, pues quería modificar la reforma constitucional para reforzar la condición autónoma de la nueva Fiscalía General de la República.
Y así llegamos a la extraña renuncia de Cervantes, quien había sido calificado como imparcial por la oposición política y organizaciones de la sociedad civil dada su cercanía al Presidente de la República.
Fiscal carnal le llamaron sus críticos, quienes juraron que le cerrarían el paso hacia la nueva institución.
No hizo falta. Cervantes renunció en una sesión de la Junta de Coordinación Política del Senado, que se transmitió por el Canal del Congreso de forma diferida. Esto último fue, aparentemente, para que los medios que cubren el Senado no pudiesen interrogarlo a la salida de la Sala de Protocolos.
Al momento de escribir estas líneas, la partidización del tema era nítida.
Por un lado, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, exigía que Cervantes aclarara “si su salida de la PGR es para quedar habilitado para ser fiscal General, evitando el pase automático, o es una auténtica renuncia al servicio público en esta administración”.
Por otro, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advertía a los opositores que de mantener sus “actitudes intransigentes que impiden el diálogo y el acuerdo institucional”, su partido propondría posponer el nombramiento del fiscal General hasta después de las elecciones.
Y eso que la Fiscalía había sido concebida, en la negociación del Pacto por México, con la idea de que fuera una institución de Estado, ajena a la lucha por el poder.