Sixto Duarte/
Analista
La ciudad tiene cerca de medio millón de vehículos circulando por sus calles diariamente. Un transporte público deficiente, junto con la facilidad de adquirir un vehículo en El Paso (para importación, o chueco) tienen como resultado que la mayoría de la población tenga acceso a adquirir un vehículo en esta localidad.
La infraestructura de la ciudad (a la cual no se le han destinado recursos en años) es insuficiente para poder albergar esa cantidad de automotores. Aunado a ello, los altos impuestos de importación de vehículos, las filas kilométricas y de horas para poder tramitar una licencia de conducir, junto con la falta de educación vial provocan que la ciudad sea un caos en materia de movilidad.
De algo de lo que en lo personal suelo quejarme muy a menudo, es de la falta de cultura vial que hay en nuestra ciudad. El automovilista promedio en Juárez cree que va manejando solo en el mundo: si quiere dar vuelta a la izquierda en una avenida congestionada en hora pico lo hará, así detenga todo el tráfico que viene detrás de él; igualmente, obstruirá bocacalles porque es más importante avanzar cuatro metros que dejar una entrada y salida despejada para el tráfico; de igual manera, se estacionará en algún lugar prohibido, importándole poco el resto de los automovilistas; detendrá el tráfico para subir o bajar un pasajero, y probablemente se pasará alguna luz roja. Cuando se le ocurre, cerrará calles en cierto horario, como el caso de la Primaria Abraham González, que prohíben el paso vehicular detrás de sus instalaciones a la hora de salida. En este último caso, actúan como grupos de autodefensa, usurpando y llevando a cabo labores que le competen al gobierno.
A todo este cóctel de desorden nos enfrentamos los juarenses a diario. Con esto tienen que enfrentarse los agentes de vialidad, día con día. Para poder tener una ciudad con buena circulación vial, requerimos que la autoridad lleve a cabo tareas de concientización de los automovilistas; y desde luego, requerimos darle facultades a la autoridad para sancionar las violaciones a las disposiciones viales.
En recientes días, el Ayuntamiento aprobó el incremento de multas viales en diversos rubros. Sin la menor duda, dicha reforma obedece a un afán recaudatorio. En estricta teoría, las multas son ingresos no fiscales, sin embargo la realidad es que en el caso concreto, el principal motivo es incrementar la recaudación. Me parece un enorme desacierto del Ayuntamiento haber procedido de esta manera. En primera instancia, las multas de carácter gubernativo no pueden exceder un día de salario de la persona que haya sido infraccionada. A partir de aquí, podemos concluir que la mayoría de las sanciones que imponga la autoridad vial serán inconstitucionales de fondo.
En segundo término, considero que dicha medida facilita la comisión de diversos actos de corrupción. El ciudadano se verá tentado a incurrir en un soborno, pues le ahorrará no nada más el trámite burocrático de ir a pagar su sanción, sino también una cantidad considerable en dinero. En tercer término, considero que la educación es la solución en muchos aspectos, incluido el vial. El uso de la fuerza y el garrote para hacer entrar al ciudadano en cintura deben ser la excepción: primero el Estado tiene el deber de educar.
El incremento de sanciones de ninguna manera ha sido una manera eficaz para evitar una conducta. Podemos mencionar varios ejemplos en los cuales los legisladores, en un ánimo populista, votan por el incremento de sanciones de carácter penal en una determinada conducta antijurídica. El incremento de sanciones no ha reducido los índices de comisión de delitos.
El problema en este caso se llama impunidad. Lo mismo sucede con este desproporcionado aumento. Sufrirán las consecuencias los ciudadanos que no tengan los medios para defenderse por la vía jurídica, aquellos que no tengan vínculos en la administración para que la sanción les sea cancelada, y aquellos que no sucumban ante la puerta falsa de la corrupción.
sixto.duarte@gmail.com