LA COLUMNA
de El Diario
Este día la independiente Alcaldía echará la casa por la ventana con todos y cada uno de sus empleados y 10 amistades más de ellos. Al presidente Armando Cabada se le hizo agua la boca cuando escuchó la propuesta y echó números más rápido que las calculadoras de sus cobradores de Impuesto Predial.
La cantidad de trabajadores municipales anda en seis mil, más aproximadamente dos mil policías, multiplicados todos por diez, la cifra da 80 mil… esa cantidad suma a las personas que pueden entrar gratis a la feria este día, de acuerdo a un comunicado girado este día por Oficialía Mayor.
Pide dicha dependencia que baje la invitación a todos los empleados de la Alcaldía para que asistan a la feria gratis. Cada empleado podrá llevar a 10 personas más en las mismas condiciones. Se ahorrarán los 50 pesos de la entrada, los juegos mecánicos y una hora de circo de Los Chicharrines
El único inconveniente es que será en horario de sol quemante, de la una a las cinco de la tarde. Obviamente aquello se pondrá de locura. No hay duda que ahí estarán 80 mil creaturas de Dios haciendo filas interminables. Con un 10 por ciento de todas ellas que tengan credencial de elector y recuerden que “pichó” Cabada en junio del año entrante, se dará el edil mejor que bien servido. Con razón le brillaron los ojos.
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La pregunta es obligada: ¿y a qué hora trabaja el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel? Ayer la pasó literalmente toda la mañana en la chorcha y la comedera en La Mansión, un restaurante ubicado en la zona más cara de la ciudad de Chihuahua, el Periférico de la Juventud.
Fue imposible para nuestras fuentes tomar fotos porque aquello estuvo a reventar de guaruras, seguramente anduvieron ahí también algunos pesados de la Policía Federal y la Municipal de Chihuahua. Estaban ahí policías de ambas corporaciones, según nos dicen.
Bueno, y como Peniche la pasa de socialito –cliente de todos los restoranes de Chihuahua– en el Premio de Periodismo “José Vasconcelos” organizado por el Foro de Periodistas, fue el vocero del Gobierno Estatal, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, quien presentó la chamba de la Fiscalía para los casos de los crímenes contra los colegas periodistas, Miroslava Breach Velducea y Jesús Adrián Rodríguez.
Antes de continuar con el tema debe este redactor felicitar ampliamente a nuestro compañero de El Diario de Juárez, Javier Olmos, y colegas de otros medios informativos galardonados en alguna de las categorías concursadas ayer.
En el evento Pinedo dijo sin cortapisa alguna que ha tenido acceso a las investigaciones y expedientes de los casos Miroslava y Adrián. Aseguró que en el segundo caso no tuvo que ver el asesinato con su trabajo periodístico.
Para el tema Miroslava repitió tres veces que fue víctima de la “narcopolítica” y que el caso está resuelto pero sus asesinos no han sido detenidos porque se desenvuelven en una región (Chínipas) donde las tres esferas de Gobierno, municipal, estatal y federal, son cómplices del crimen organizado. Así lo dijo.
Insólita la aseveración de Pinedo: ¿un caso resuelto a las 48 ó 72 horas de que sucedió el crimen pero a casi seis meses de ocurrido sin un solo detenido y ni una versión oficial – OFICIAL (en mayúsculas)– sobre el supuesto Cártel de Sinaloa que ordenó privar de la vida a Miroslava?. ¿Si es narcopolítica, cuáles son los políticos involucrados?. Como decía la buena compañera y colega victimada: ¡Tienen las pitas enredadas!. Con medias verdades y mentiras completas tratan de encubrir la ineptitud y la falta completa de justicia en el caso. Impunidad, le llamó en el mismo evento el presidente del Foro Nacional de Periodistas, el sonorense Rafael Cano.
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Los tiempos en el PRI se van cumpliendo con puntualidad inglesa. Los miembros del abultado Consejo Político Nacional de ese partido acordaron que en un mes tendrán método para elegir candidato a la Presidencia de la República. Esa misma fecha sabremos sin duda el nombre del nominado.
Las brumas son densas como las conspiraciones, las acechanzas y las traiciones. Todo se reduce a un mes de espera, sí, pero con un “frente ciudadano” y un Morena alardeando invencibilidad pueden provocar una dislexia final y fatal en la decisión del presidente Peña Nieto. Con Anaya y AMLO desatados, ¿quién de los presidenciables debe recibir la batuta y el posible premio?.
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La imagen es elocuente. Policías estatales vestidos sin uniforme cuando mucho en logos de sus camionetas. La indumentaria es básicamente como la de cualquier civil, sin sello particular que les pueda identificar.
Publicó El Diario el martes la circular emitida por los jefes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, con Jorge Alberto Aparicio a la cabeza, en la que obliga a todos sus elementos a portar exclusivamente el uniforme azul. Amenaza con el castigo correspondiente a quien o quienes no lo hagan.
Recibimos fotos de los policías apostados en un retén del kilómetro 70 en la vía Juárez-Chihuahua. Solamente por los logotipos de los vehículos se sabe que son estatales, los agentes visten de civil.
Nos dicen que no hay resistencia de los policías a portar las azuladas prendas, si las tuvieran. A nadie conviene un castigo, más cuando va directo al salario o días de descanso obligatorio sin pago.
El problemita es que carecen de uniforme; los obligan inclusive mediante oficio a usarlo pero no se los otorgan. Eso es lo que sabemos. Ello implica no sólo un conflicto de imagen al interior y exterior de la corporación, sino algo más grave. Diariamente retienen de forma discrecional a cientos de ciudadanos “para revisión de rutina” en las que se cometen abusos imposibles de denunciar.
Con oficios no solucionarán las deficiencias la Comisión de Seguridad ni su superior la Fiscalía General del Estado.
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Hasta la Consejería Jurídica y Fiscalía General del Estado llegaron sendos mensajes desde El Paso presumiblemente ofrendándose como testigo protegido Héctor Borunda, el desaparecido jefe de la “sindicatura abierta” con el síndico local, Aarón Yáñez Limas.
Borunda no se apareció esta semana a laborar por el supuesto temor a sufrir la misma suerte de Pedro Maulli Romero, el exjefe de finanzas del PRI en el estado, hoy recluido en un penal cercano a la ciudad de Chihuahua por peculado.
Las presunciones abarcan a Borunda en el mismo delito adjudicado a Maulli: peculado con recursos del Gobierno estatal en las finanzas del PRI en la entidad. Las estatales manejada por Maulli, las municipales de Juárez por Borunda. Ese el origen del temor.
La fila es larga de quienes se han ofrecido como testigos protegidos. Quién sabe si logre espacio el juarense.
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Ningún asunto como ese de Maulli ha golpeado institucionalmente tanto a los priistas chihuahuenses en relación a los procesos penales instaurados por el nuevo amanecer contra el régimen anterior.
El asunto ha movido a la indignación porque se trata de un golpanazo directo al PRI más que al duartismo. Los priistas están acostumbrados a que les pellizquen de sus sueldos en la burocracia para llevar el dinero a las campañas electorales o lo que sea.
Aseguran que la práctica no es exclusiva del tricolor sino de todos los partidos políticos. En todo caso, concluyen, la investigación debió ser pareja y con la misma vara.
Amenazan los tricolores con desquite a las primeras de cambio, pero deberán primero esperar su turno al poder. Por lo pronto ni con fianza pueden sacar de la cárcel a su correligionario. Las prisiones preventivas van de un año hacia arriba.
Los tricolores más realistas que anduvieron en enjuagues durante la administración anterior han optado por desaparecer antes que jugar a los escenarios de si van por ellos, o usan “los criterios de oportunidad” o consiguen amparo tras amparo.
Todos, culpables y no culpables, consideran que el nuevo amanecer se ha pasado de tueste con gentes como Maulli.
El diputado compadre anda inconsolable. Aseguró que nada pasaría. Es el diputado federal, Alejandro Domínguez.
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