LA COLUMNA
de El Diario
Mientras Chihuahua se desangra por sus dos costados y sus habitantes permanecen embargados por el miedo constante a engrosar la estadística del aniquilamiento masivo, el gobernador se guarda con férreo celo, acaso también por temor, información altamente sensible sobre las operaciones del crimen organizado en la entidad, cuyos efectos indudablemente alcanzarán en días las funestas cifras récord de dos mil personas ejecutadas durante sólo un año; que por ahora andan arriba de 640 en Juárez, y más de 430 en la ciudad de Chihuahua.
Resguardado literalmente cuerpo a cuerpo por un infranqueable escudo de guardaespaldas que le protegen despierto y dormido las 24 horas del día, Javier Corral Jurado transpira insensibilidad e indiferencia hacia los cuatro millones 800 mil habitantes del estado expuestos a los asaltos, a los robos, a las extorsiones, a los secuestros... a las balaceras entre los grupos delictivos.
No lo dijo el gobernador en su informe, o “balance” rendido ante los chihuahuenses el miércoles pasado, lo confesó sin pregunta de por medio en un noticiero radiofónico de la ciudad de Chihuahua (El Lobo). Primero dio a entender que la violencia desatada tiene qué ver en la resistencia de su gobierno para hacer negociaciones con los cárteles.
Salta entonces la conclusión más inquietante todavía sobre el conocimiento de fondo que tiene Corral Jurado sobre la delincuencia organizada pero esconde quiénes son, cuáles son sus alcances, de qué tipo son las ofertas recibidas o cuáles son las negociaciones a las que ha sido convidado. Negar a la población toda esa información es poner en duda la existencia de la misma o la incapacidad palmaria para frenar la violencia aun sabiendo de dónde proviene.
Esta obligado a denunciar ante instituciones de procuración de justicia a los grupos que han pretendido negociar con su gobierno para operar en Chihuahua.
Muy mal parados deja Corral a su fiscal general, César Peniche; y a su comisionado estatal de Seguridad, Jorge Alberto Aparicio, encargados de tratar fuera de sus oficinas con los delincuentes. ¿Si el gobernador repudia los pactos con el crimen, dichos funcionarios están a salvo de los mismos? Lo que ciertamente se nota en ellos es mayor enriquecimiento, no eficacia ni medianamente óptima.
Fue más allá Corral en aquella entrevista radiofónica. Justamente reveló que ha desechado “cualquier propuesta, cualquier negociación que nos han planteado durante este año, porque son muy cínicos. Nos han planteado negociaciones tremendas”. La sola denominación de tremendo debe erizar la piel en los indefensos.
Salvo que se tratara de una mentira más de las dichas a lo largo del primer año de gobierno, significa que el gobernador entonces tiene identidades y ubicaciones de quienes hacen las propuestas, independientemente de la información obtenida a través de los hechos policiacos, inteligencia e investigaciones desarrolladas sobre incontables casos delictivos.
Corral aparentemente sostiene que no cree en las negociaciones con el crimen organizado porque se trataría de sólo ir dejando “el problema. Lo ocultas y lo negocias pero está ahí y luego vuelve a surgir como ocurrió ahora. A Chihuahua le impacta un acumulado de cosas; el problema no estaba resuelto, está disuelto”.
Posee información sustancial que el resto de los chihuahuenses no tiene, pero ni negocia con la delincuencia organizada, ni tiene los recursos, el valor y/o el temperamento requerido para cumplir con lo que además es su responsabilidad primera, la seguridad de los gobernados. Ahí es donde radica la incompetencia y la crueldad mayor.
El gobernador goza entonces de al menos dos grandes privilegios de los que carecen los chihuahuenses en su inmensa mayoría, vigilancia personalizada día y noche; y el monopolio de la información sobre los cárteles que le permite no cruzarse con ellos y por lo tanto mantenerse cómodamente fuera de sus líneas de espantosa subversión. Esta ventaja no es para los gobernados. Que se rasquen con sus uñas. Que entierren a sus muertos y le hagan como puedan para recuperar salud y bienes que le son violentamente arrebatados.
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La desconsideración del gobernador es por doble partida si le sumamos que lo dicho esta vez en la estación radiofónica aludida ya lo había expresado antes prácticamente en los mismos términos de conocimiento. Es un anaquel de información empolvada que no le sirve más que para justificar su inacción y su dañino inmovilismo.
“La seguridad pública pende de alfileres, ya que los grupos del crimen organizado fueron replegados de Ciudad Juárez al resto de la entidad”, publicó el periódico Reforma el ocho de junio del año pasado, apenas tres días después de haber ganado en las urnas la gubernatura.
Sostuvo que hubo una negociación política con los principales cárteles a los que se les reubicó en 23 municipios de la sierra de Chihuahua. “Esos pueblos siguen acosados por el crimen organizado a expensas de los narcotraficantes”.
Esa nota es una joya como otras informaciones periodísticas manejadas por distintos medios informativos. “En la sierra están los jefes de los sicarios, pero en Juárez están sus verdaderos jefes... es falso que en Chihuahua haya bandera blanca en casos de secuestro y extorsión, ya que se han ocultado muchas cosas”.
Esos dichos muestran que si alguien conoce la radiografía de los cárteles del crimen organizado como la palma de su mano es el gobernador Corral, pero se ha reservado la información incuestionablemente para su propio beneficio personal.
Durante la campaña electoral Corral denunció repetidamente que en varios municipios de la entidad, los más violentos, eran (son) presas de la narcopolítica. Distintos partidos dispusieron sus siglas para representantes del crimen organizado, principalmente el PRI y el PAN.
La publicación de información detallada sobre esos esquemas de “narcopolítica” evidenciados por Corral le costaron la vida el 23 de marzo de este año a la periodista, Miroslava Breach Velducea, y el destierro del país a la también colega, Patricia Mayorga.
Durante la campaña electoral y durante el ejercicio de gobierno, el mandatario estatal ha cometido el grave yerro y la irresponsabilidad de abordar el tema de los cárteles exclusivamente de manera superficial, sensacionalista y con cierto dejo ególatra, sin medir las consecuencias de hablar sin acompañar la acción a la palabra.
El crimen organizado sólo se mofa y continuará mofándose de los dichos. La realidad en las calles, en las llanuras y en las montañas, dejan claro que si alguien manda no es el gobernador; ni el presidente Peña Nieto; menos las encogidas y frecuentemente colaboracionistas con los delincuentes autoridades municipales.
La noche del 23 de febrero del 2009 fue atacado y muerto Alejandro Chaparro Coronel, escolta principal del exgobernador José Reyes Baeza.
El policía formaba parte del grupo que custodiaba al gobernador mientras este transitaba de su domicilio en la ciudad de Chihuahua hacia la ahora ex Casa de Gobierno. El convoy fue atacado por un comando armado en una zona que se suponía de las más vigiladas de la capital del estado, independientemente de las escoltas del gobernador. Fueron los tiempos de violencia como la actual.
Muchas historias de agresiones al exgobernador fueron tejidas en relación al crimen organizado. Alguna fue comprobada, la mayoría no, como suele ocurrir en esos terrenos de fatalidad segura.
Las corporaciones municipales y estatales sufrían de corrupción hasta el hueso. Fueron ejecutados cientos de policías. A finales del 2011 amainó la tormenta cuando entraba en calor el régimen del priista César Duarte Jáquez. Nunca habló el exgobernador de cesiones o concertaciones con el grupo violento. Fueron también los rumores que corrieron, hasta que llegó al relevo Corral y se encargó de “oficializar” “la negociación política con los principales cárteles”.
Lo ocurrido a Reyes Baeza, lo que pasó al inicio de la administración de Duarte y luego lo que dejó de pasar el ballezano fugitivo, son condensados informativos que posee ahora Corral. Son los que presume pero de los que se resiste a ofrecer detalles por incomprensibles razones a la luz del sacrificio al que está expuesta la comunidad chihuahuense. ¿Debe ser inexorable el destino de balas y sangre para la entidad?.
No es ingenuidad la del mandatario al creer que los chihuahuenses le dispensarán conmiseración o compasión cuando dice a todos que no saben por las que han pasado él y sus escoltas durante este año.
Lo que se sabe es que juega golf y que es debidamente protegido con toda la fuerza policiaca negada a los chihuahuenses, mientras recorre calles, ciudades y pueblos el espanto del exterminio originado en la condescendencia a los cárteles, por negociaciones, por la falta de ellas... por ausencia de gobierno. Olvidó el gobernador hasta los exámenes de control de confianza a todas las corporaciones policiacas municipales y estatal. Por algo será.