Francisco Ortiz Bello/
Analista
Recientemente hemos venido hablando sobre dos temas, que suponíamos corrían por separado, porque dan una muestra clara de la forma selectiva en que se administra, imparte y aplica la justicia en Chihuahua; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Campo Algodonero y el juicio por fraude en contra de Víctor Manuel Ortega Fernández.
Hoy los volvemos a abordar por dos razones: el vuelco inesperado que dio el segundo, que lo liga inesperadamente con el primero, y, el “balance” del primer año de gobierno presentado ayer por el gobernador Javier Corral en la capital del estado.
Efectivamente, ayer el primer mandatario estatal rindió ante los chihuahuenses un balance de resultados sobre los primeros meses de su gestión, en el que el tema de la administración de justicia no podía quedar al margen, sin embargo, fue muy poco e incompleto lo que el panista dijo sobre el tema. Y lo que dijo dejó más dudas que certezas.
El análisis completo sobre ese primer balance del gobierno de Corral lo haremos por separado, aquí sólo menciono lo que dijo sobre el tema de la administración de justicia que, insisto, fue poco e insuficiente.
En ese tema, el de la impartición de justicia hay un caso por demás lacerante y que lastima profundamente las fibras más sensibles de los chihuahuenses y, particularmente, de los juarenses: el total incumplimiento a la sentencia del Campo Algodonero que la CIDH emitiera en noviembre del 2009, y que en su resolutivo 12 dice lo siguiente:
“El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices: inciso i) Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso”.
Pese a que hubo una lista de más de 177 funcionarios y ex funcionarios relacionados a estos hechos, y de la resolución citada, hoy ni uno solo de ellos está bajo investigación y menos que haya recibido algún tipo de sanción.
Los exservidores públicos Héctor Rivera Rodríguez, Jorge Ramírez Pulido, César del Hierro, Antonio Navarrete, entre otros, no sólo no han sido enjuiciados y sentenciados, sino que permanecen en la total impunidad sobre sus actos, tanto que, por ejemplo, Jorge Ramírez Pulido, en ese tiempo Jefe de averiguaciones previas, hoy se dedica a ejercer la abogacía y es, nada más y nada menos, flamante defensor de otro exfuncionario en problemas con la Ley: Víctor Manuel Ortega Fernández.
Ese es el giro inesperado que comentábamos al inicio de este artículo, en el caso de Eiffel de México contra Víctor Manuel Ortega Fernández a quien, de acuerdo con la auditoría que demuestra el fraude cometido, no le importó usar a sus mismos padres para desviar en su favor, en forma ilegal, importantes sumas de dinero.
Ahora bien, la manera inesperada y hasta fortuita diría yo, en la que estos casos se entrelazan dice mucho de un Poder Judicial corrupto y corruptor en el que se puede lograr todo, si hay los “mecanismos” o “palancas” que muevan los resortes necesarios.
Resulta que cuando Jorge Ramírez Pulido era Jefe de Averiguaciones Previas, su superior jerárquico inmediato era Francisco Molina, como procurador de justicia del estado, y que hoy es flamante secretario administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así las visiones, Ramírez Pulido tiene garantizada no sólo la impunidad en el caso de la sentencia del Campo Algodonero, sino que, como abogado defensor, cuenta con enormes influencias al interior del Poder Judicial del estado, para usarlas en favor de sus defendidos, aunque para ello haya que torcer la ley.
El gobernador Corral tiene ante sí una enorme oportunidad para que los chihuahuenses creamos, de verdad, que el cambio de gobierno fue para bien. O que coincidamos en lo dicho por Morena a propósito de su informe: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”. Usted tiene la palabra, señor gobernador.
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