Sixto Duarte/
Analista
“Cuando la mayoría de la gente coincide conmigo, siento que debo estar equivocado”. Esta frase fue acuñada por el escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Nadie pone en tela de juicio la genialidad del novelista, pero como la mayoría de los genios, en muchos aspectos de su vida y su opinión, se sentía incomprendido por la muchedumbre. Y es que muchas veces la colectividad tiende a actuar en base a impulsos, no a razonamientos lógicos producto de la reflexión.
Ya hablábamos la semana pasada en este mismo espacio sobre la reacción de la sociedad y de muchos partidos políticos de renunciar al financiamiento público como medida de austeridad por causa del terremoto. La arena política nacional se ha convertido con el paso de los días en un mercado donde comerciantes y “marchantas” regatean cuánto es lo que los partidos políticos deben de reintegrar a las arcas públicas como medida solidaria para la reconstrucción de las áreas afectadas.
El nivel de linchamiento a las instituciones públicas es preocupante. La creciente inconformidad del pueblo respecto a quienes encabezan las instituciones ha sobrepasado ya los niveles de hartazgo. El sismo trajo consigo una nueva oportunidad de maldecir a la clase gobernante, en los momentos posteriores al mismo. Si el gobernante no sirve, hay que cambiarlo. Si las instituciones no funcionan, hay que modificarlas, mas no podemos aspirar a vivir sin ellas.
Creo que en este caso, la mayoría está equivocada. Debo insistir en que la idea de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, me parece una muy mala. Estoy de acuerdo en reducir las prerrogativas que los partidos reciben, y en que transparenten el gasto que ejercen. Pero de eso al extremo de que los partidos no tengan acceso a recursos públicos, hay peligrosas diferencias. Estaríamos entonces ante un escenario plutocrático en donde solamente los ricos podrían participar en política. Aunado a ello, el caudal de dinero oscuro irrumpiría en la política, cobrando favores en el futuro. Con el financiamiento público y con la fiscalización que tenemos hoy en día, estos casos son recurrentes, mas siguen siendo la excepción, ¿Queremos entonces que se conviertan en la regla? ¿Quiénes y por qué motivos apoyarían económicamente una campaña? ¿Lo harían por amor a la democracia, o esperarían algo a cambio? Si los partidos políticos han dejado de representar los intereses generales, es momento de replantear una nueva reforma que los haga incluyentes.
No podemos violar la Constitución respecto al dinero público que deba destinarse a los partidos, aunque la mayoría de la gente así lo demande. Creo que el momento es propicio para involucrar a los partidos políticos, a través de sus diputados y senadores, con el objeto de que reformen la Constitución en el apartado referente al ejercicio del gasto público de los partidos.
Si se lleva a cabo una modificación del régimen de partidos, ésta debe tener como fin hacerlos más abiertos a la participación de la sociedad, más transparente y eficiente en su gasto, pero no debe tener como fin “el ahorro” per se. El gasto de los partidos políticos representa menos del 1 por ciento del gasto público. Si su fin es promover la democracia, entonces hay que darles herramientas para ello. Si han dejado de cumplir ese objetivo, lo pertinente es modificarlos para que lo logren. Si de una escuela primaria egresan niños que no saben leer y escribir, lo idóneo es cambiar programas educativos y maestros, no cerrar la escuela.
Un país donde las donaciones privadas son superiores al financiamiento público de los partidos es Estados Unidos. Esto ha permitido que grandes capitales privados inyecten recursos a campañas de congresistas y senadores. Evidentemente lo hacen para proteger sus propios intereses. La Asociación Nacional de Rifles (NRA) es una enorme contribuyente de recursos a campañas de legisladores. Si después de eventos violentos como el de ayer en Las Vegas (o el de Virginia Tech, Florida, Columbine, etc.) usted se pregunta por qué en Estados Unidos no se regulan las armas de fuego, la respuesta es precisamente porque quienes tienen el poder de reformar la ley, le deben un favor precisamente a la NRA, pues pagó parte de su campaña. Este es un ejemplo de cómo el dinero privado puede corromper la política y el bienestar de la mayoría.
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