LA COLUMNA
de El Diario
• Abandonan políticos concurso ganadero
• Una amnistía que sacaría ampollas
• La parcialidad de Santiago Nieto Castillo
No es cierto que la guerra por el polémico logotipo multicolor del régimen corralista y su lema del ‘nuevo amanecer’ haya tocado su fin.
Desde el Gobierno estatal se hizo creer que el conflicto había terminado con Marco Antonio Sifuentes, creador de todos los elementos gráficos y frases que identifican al actual régimen y cuyo sello aparece en espectaculares, papelería oficial, licencias de manejar, recibos de agua, eventos públicos, etc.
No ha concluido el pleito; al contrario, se ha intensificado. El equipo de abogados del mercadotecnista que llevó a Corral a la gubernatura iniciará un proceso legal desde el terreno civil porque la representación jurídica del Gobierno del Estado no se apareció en las juntas de avenimiento convocadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno federal.
Sifuentes demandó inicialmente el pago de aproximadamente dos millones de pesos por el trabajo desarrollado para la administración de Corral. El coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, le ofreció una cantidad menor. Regatearon y finalmente llegaron al acuerdo de pagar cuatro mensualidades por un monto menor a los dos millones. Después de varios meses de espera, Pinedo no cumplió con ningún pago.
Sifuentes exhibió públicamente el incumplimiento y hasta varias conversaciones por WhatsApp con Pinedo. El empresario llamó “mariquita” al vocero presumiblemente por mentir y dar largas al pago.
Ahora la controversia será mayor porque Sifuentes y sus abogados calculan en tres o cuatro veces mayor la deuda porque sus productos siguen siendo usados ahora con mayor frecuencia e intensidad por el Gobierno estatal.
La guerra es sin tregua, advierten Marco Antonio y su equipo.
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Una mujer identificada como Carmen Almeida fue recibida por el equipo de Andrés Manuel López Obrador en algún punto de su recorrido campañero por la región de Madera, Guerrero y Bocoyna.
Nos dicen que la empresaria entregó un plan bastante completo para la defensa mediática del candidato presidencial que sería operado por ella misma y su equipo. Tiene la señora también esperanza de ser contemplada entre las nominadas a senadoras, como suplente.
Llama la atención en particular ese interés por apoyar el proyecto del tabasqueño. Ella forma parte de la familia de Eduardo Almeida Navarro, un empresario gasolinero, inmobiliario y farmacéutico que tiene su centro de operaciones en la ciudad de Chihuahua.
Eduardo es compadre del gobernador, Javier Corral Jurado. Ahí encontramos parte de la explicación. Son compadres pero pública y ruidosamente enfrentados. El mandatario estatal acusó en 2015 a “Lalo” de sostener nexos de corrupción con el exgobernador, César Duarte.
Almeida le respondió con un desplegado público del que extraemos dos párrafos:
“Afirmas de nuevo, atendiendo a la ligereza de tus expresiones, que la venta de esos productos es en respuesta a que apoyé con recursos a las campañas del PRI, lo cual es totalmente falso y calumnioso, pues si a alguien he apoyado en la política es a ti, cuando has andado precisamente en campaña tras campaña”.
“¿Cómo es posible que quieras asumirte como el defensor de la verdad, cuando te atreves a difamar a personas que, como es mi caso, hemos creído, apoyado y hasta enlazado esquemas familiares, como es nuestro compadrazgo...?”.
Preferible ahora López Obrador que permitir mayor fortalecimiento de Corral Jurado, parece hoy la premisa del empresario.
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Apellidos de abolengo en el mundo político chihuahuense como Medina, Duarte, López, Salcido, Romero, Acosta, Martínez, y otros muchos, dejaron este año libre la competencia en afamados concursos como la exposición ganadera (Expogan) llevada a cabo año con año en la ciudad de Chihuahua.
En años anteriores se daban vuelo con los ejemplares mejor calificados en toros sementales, vacas de distintos pesos y razas...ni se diga caballos, el orgullo de todo concurso ganadero.
El influyente abogado y ganadero, Raúl Yáñez Bustillos, no se pierde certamen de ningún año. Los 12 meses los pasa soñando en convertir en galardones cada grano de alimento y pastura que debe dar a sus ejemplares para llevarlos ante los jueces de Expogan o la Feria de Santa Rita. Siempre se lleva premios pero nunca tantos como ahora. La única competencia la intentó hacer el juarense don Rómulo Escobar.
Yáñez ganó en caballos el gran campeón de la raza Appaloosa, la campeona joven, la campeona adulta también Appaloosa; en potrillos y raza, y dos en cuarto de milla. En garañones lo aventaron al segundo o tercer lugar.
Esperaremos un año para saber si regresa la “confianza” de los políticos en volver a los carriles de juzgamiento.
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La gira de López Obrador por Chihuahua ha dejado ya múltiples lecturas. Todas con repercusiones directas tanto en el proceso electoral local, como en el federal del 2018.
En el ámbito estatal, la consecuencia más importante se dejó ver inmediatamente. En cada uno de los eventos fue significativa la presencia de simpatizantes de Morena.
En poblados pequeños como Saucillo, Guerrero o Madera, los organizadores de la gira lograron buenas audiencias, considerando que en algunas de estas poblaciones era la primera vez que hablaba el líder de Morena.
Pero otra lectura local que se desprende de esta gira, es la forma en que AMLO supo captar la problemática de seguridad en la zona serrana, incorporándola a su discurso agregando un componente que repercutirá también en lo nacional: el debate público sobre el tema, incorporando a todos los actores políticos y sociales, incluyendo a los delincuentes mediante la figura legal de la amnistía. “México necesita paz” repitió López Obrador. ¿Amnistía?, tan peligroso como polémico el concepto pero ahí quedó.
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Santiago Nieto Castillo hizo un anuncio en la ciudad de Chihuahua que sin duda sentará precedente.
Dijo que iniciará una investigación de oficio contra la “violencia política” que “sufre” la magistrada integrante del Consejo de la Judicatura, Luz Estela “Lucha” Castro.
El titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) habló ayer sobre el tema en una conferencia impartida en el Congreso del Estado. Sorpresivo sin duda su discurso.
En Chihuahua ha iniciado ya el proceso legislativo para tipificar la violencia política contra las mujeres como delito. Encabeza el proyecto la diputada panista, del clan de Lucha, Blanca Gámez Gutiérrez.
Dos aspectos resaltan en ese asunto: precisamente el político y el técnico-jurídico. Una mujer que participa en actividades políticas no puede quedar exenta de críticas o señalamientos, máxime cuando desempeña una función pública, tiene bajo su administración decisiones que competen a toda la sociedad o maneje recursos económicos públicos.
Salen sobrando las explicaciones y aclaraciones cuando se trata de una auténtica “violencia” usada mediante adjetivos ofensivos y/o acciones que coloquen a determinada persona en riesgo de ser afectada en su integridad física, pero cuando se trata de observaciones o cuestionamientos al desempeño como servidora pública ¿será considerado violencia o escudo para evitar la crítica correspondiente, y en dado caso la sanción legal respectiva?.
Es muy complicado arribar a una conclusión sobre ese tema cuando surge en circunstancias de intolerancia, abusos y corrupción del ‘nuevo amanecer’. ¿Nieto Castillo ha iniciado alguna investigación de oficio por “violencia política” originada desde el gobierno estatal contra las mujeres colegas periodistas... o contra mujeres políticas de partidos opositores al que manda en Palacio de Gobierno?. La respuesta es no; entonces la parcialidad es palmaria.