Gerardo Cortinas Murra/
Abogado
Lo hemos dicho siempre: volver a publicar una colaboración editorial escrita hace ya varios años (2008), es sinónimo de que la problemática social en cuestión sigue vigente y, que en algunos casos como este, resulta ser más grave que en años pretéritos, dada cuenta que las autoridades policiacas –de los tres niveles de gobierno– asumen que los altos índices de criminalidad aún no rebasan los límites de la seguridad pública.
Los acontecimientos sangrientos de las últimas semanas constituyen, sin duda alguna, actos de terrorismo; los cuales deberían ser competencia exclusiva de la inteligencia castrense. El Código Penal Federal define el delito de terrorismo como “el uso de armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas, que produzca temor o terror en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
La inmensa mayoría de los estudiosos del terrorismo coinciden en que constituye una amenaza para la seguridad e integridad de los Estados. Los grupos terroristas actúan con la finalidad de desestabilizar a los gobiernos, socavando a la sociedad civil en detrimento del desarrollo socio-económico de los Estados. “El terrorismo es una de las prácticas más crueles, sangrientas, e inmorales que existen para establecer los objetivos de las personas que lo llevan a cabo”.
En contraparte, en el ámbito socio-económico, la inexistencia de estrategias mundiales para combatir la pobreza y el establecimiento de una verdadera cooperación internacional, ha provocado que la humanidad siga acumulando contradicciones que fomenta la llamada “implosión social”, es decir, el crecimiento de la marginalidad, de la delincuencia, de la drogadicción, de la violencia y el vandalismo, de la criminalidad juvenil.
En México, a diferencia de otros países, el narcoterrorismo toma derroteros menos drásticos y que suele llamarse como un terrorismo de tipo casero (porque la lucha entre cárteles no rebasa el territorio nacional); sin embargo, tal circunstancia no resta efectividad alguna a las actividades ilícitas del narcoterrorismo mexicano: ha logrado –durante décadas– poner en entredicho la eficiencia de las instituciones policiacas federales y locales.
Mediáticamente, el narcotráfico ha logrado que la inseguridad pública se convierta en la mayor preocupación del Gobierno Federal. La lucha contra los cárteles de la droga ha significado un gasto inútil de miles de millones de pesos. Y lo que es peor, sin que dicho derroche de recursos públicos haya evitado la infiltración de los cuerpos policiacos.
En efecto, las narcoejecuciones siguen siendo la noticia del día. Su reseña, ocupa espacios de primera plana en los medios de comunicación. De igual manera, el impacto negativo de la narco-cultura predomina en la sociedad mexicana a través de series televisivas que enaltecen la actividad criminal; en la que, “paradójicamente, la víctima política (el Estado mexicano) nada hace para contrarrestar la promoción de los valores del modus vivendi de los capos”.
En años recientes, en España se suscribió un Acuerdo con el propósito de acabar con el terrorismo. Los puntos más destacados, los siguientes: a) El terrorismo es un problema de Estado; b) La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática; c) No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos; y d) La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables;
Bien haría la partidocracia mexicana en hacer suyos los Acuerdos antes mencionados. A menos, claro está, que nuestros ‘representantes políticos’ ya sean parte de la ‘mafia del otro poder’; lo cual justificaría, su evidente desprecio para defender el respeto de los valores que hacen posible la convivencia social. Yo me pregunto: ¿México es una narco-partidocracia?
gerardocortinas@hotmail.com