Vianey Esquinca/
Analista
Ciudad de México— Los terremotos del siete y 19 de septiembre provocaron cientos de pérdidas humanas, miles de damnificados, devastación y millones de daños materiales. Sin embargo, aunque parezca increíble y fuera de toda lógica, hubo beneficiados de estos tremendos sismos. Las coyunturas que la opinión pública y los ciudadanos discutían previas a los temblores, fueron desplazadas por evidentemente una emergencia mayor.
¿Qué paso con el deslinde de responsabilidades del socavón de Cuernavaca? ¿La PGR ya tiene avances en la investigación? Sólo un temblor natural fue capaz de cimbrar las oficinas de la SCT, porque los escándalos le siguen haciendo lo que el viento a Juárez.
Por supuesto, Cabify y el gobierno de Puebla se debieron sentir aliviados de que las quejas y marchas por los feminicidios a raíz del asesinato de Mara Castilla fueran silenciadas por la madre naturaleza.
También pasaron a mejor vida los conflictos internos del PAN y el papelazo que hicieron los legisladores en la Cámara de Diputados que obligó a retrasar la instalación de la Mesa Directiva, o el conflicto interno de Morena en el que se vio envuelto en la elección de su abanderada a la jefatura de Gobierno de la CDMX.
La emergencia, evidentemente y con toda razón, cubrió la agenda mediática. Ahora, la atención se centra en la reconstrucción que incluye el bonito deporte nacional de “echarse la bolita”, del “yo no fui fue teté pégale pégale que ella merita fue”; el clásico deslinde de responsabilidades y la aparición de frases como: “se llegará hasta las últimas consecuencias”, “no habrá impunidad”, “se castigará con todo el peso de la ley a los culpables”.
El ojo está en las constructoras que edificaron sin cumplir las normas, en las autoridades que lo permitieron, en las que se hicieron de la vista gorda, y ahora en las que están dispuestas a decir que los edificios no requieren ser demolidos, sino sólo tener una manita de gato para ser habitables, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos.
También, por supuesto, se están realizando los cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos que están llegando de México y del exterior. ¿A dónde y cómo están destinados esos recursos? José Antonio Meade, secretario de Hacienda, ya señaló que cada peso ocupado en esas tareas se podrá seguir puntualmente y tendrá GPS. Si quieren que le metan comunicación satelital o cascabel, pero es obligación de los gobiernos explicar a dónde van a parar los recursos.
Sin olvidar, además, que el reflector se concentra en los partidos políticos y en quién da más y quién da menos de los recursos públicos que fueron asignados, si el PRI fue el primero o Morena fue el último, que si fue la idea de un partido o de otro. Ante esto, académicos, especialistas e intelectuales han alertado sobre los riegos de tener sólo recursos privados lícitos o ilícitos controlando los procesos electorales.
Pero en lugar de pensar en lo que no se puede, se debería proponer lo que sí. No se puede dejar que los partidos se salgan con la suya señalando: “Uy, pues nosotros queríamos devolver / reasignar los recursos, pero pues hubo grupos que se opusieron”. Si se trata de bajar topes de campaña, hacer esquemas mixtos de financiamiento, obligar aún más a la transparencia a los partidos, reforzar la fiscalización y sobre todo bajarle el dinero que reciben debe hacerse, pero bajo ningún motivo puede desaprovecharse la oportunidad de sacar algo bueno en medio de la tragedia de los sismos.
Septiembre se terminó. Ahora hay que continuar con la etapa de reconstrucción, de seguimiento, de deslinde de responsabilidades y de retomar los temas que quedaron pendientes. Después de pasada la emergencia, un gobierno que no pudiera hacer todo al mismo tiempo no debería seguir en el poder.