LA COLUMNA
de El Diario
Los hechos no reivindican el honor de la palabra empeñada. “Mi gobierno asume su responsabilidad en materia de seguridad”, dijo sin titubeos el gobernador Javier Corral Jurado. Fue su toma de protesta hace justo un año.
Hoy la delincuencia mantiene secuestrada la tranquilidad de los chihuahuenses con más de mil 700 ejecuciones en el estado. Son multimillonarias también las pérdidas patrimoniales en asaltos a comercios, robos a viviendas, secuestros, extorsiones, robo de vehículos...
Los números sólo de enero a la fecha hablan por sí solos en materia de asesinatos individuales y masacres. La embestida ha ganado por mucho la partida en los últimos 12 meses. El gobernador quebrantó su promesa. Literalmente ha capitulado.
En Ciudad Juárez hasta 15 homicidios en un solo día. En la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, ciudades medias y la región serrana, aniquilamientos masivos, igual que en cualquier guerra: Enero 152 ejecutados(as), febrero 175, marzo 147, abril 120, mayo 158, junio 220, julio 144, agosto, 149... septiembre, 180 hasta el jueves!!!. Múltiples fusilamientos alrededor de Palacio de Gobierno, cerca de la presidencia municipal de Chihuahua... a unos pasos del edificio sede del Poder Judicial del Estado. Insólita la ausencia de las policías de los distintos niveles como no sea por colusión con la delincuencia.
“Vamos a recuperar la tranquilidad de la sociedad” para las zonas urbanas, prometió Corral al asumir como gobernador... “Vamos a atender el problema de los desplazamientos forzados de comunidades en la Sierra y combatir el fenómeno de la desaparición de personas”. Desbordaba el optimismo producido por “la gesta electoral” que lo colocó en la gubernatura. Así de superlativa ha sido también la criminalidad. Carcomió y engulló a la gesta con evidente facilidad.
Pero en Ciudad Juárez avienta el gobernador la culpa por la inseguridad a la presidencia municipal; hace lo mismo en la ciudad de Chihuahua. Es inconmovible Corral para la autocrítica y por lo tanto para reconocer que ha cedido su autoridad a los bandos delictivos, infiltrados en las corporaciones de seguridad o fuera de ellas. Ha olvidado el decoro en sus promesas. Si quisiera encontrarlas las hallaría en las hemerotecas.
Ha sido el mandatario incapaz de representar institucionalmente a los chihuahuenses contra la delincuencia. Esa es la franca realidad. Es la verdad incontrovertible y comprobada.
Parece que sus compromisos de campaña fueron del mismo tamaño de lo que ahora ha resultado la más grande estafa en la historia política reciente del estado, aquella que hablaba de un César Duarte comprador de un banco llamado Progreso, al que había inyectado 65 millones de pesos “producto de la corrupción”. En ese punto montó su oferta electoral.
No ha ido más allá de bandazos frente a la criminalidad. Nada que pueda ser considerado ni medianamente formal o sensato. El 15 de febrero y el primero de abril del presente año firmó dos acuerdos de intervención de las Policías preventivas en siete municipios que han terminado en sonoros fracasos.
Se trató de acciones a bote pronto, no consultadas con las autoridades de los ayuntamientos ni cimentadas en estrategias operativas y de inteligencia. Los policías del estado desplegados en Cuauhtémoc y otros seis municipios de la sierra dan pena ajena. Mal comidos, malpagados, mal armados. Cómo olvidar aquella escena en la que un grupo de sicarios hizo que huyera una patrulla de estatales en Madera.
La Fiscalía General del Estado intervino en esos lugares “como casos de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público”. Con esas líneas motivó Corral semejante decisión. No explicó la fundamentación jurídica ni menos la falta de aviso a los Municipios (sus autoridades fueron enteradas horas antes de la decisión... o por los medios informativos), ni a la Policía Federal ni al Ejército.
Todas las promesas de campaña electoral, durante su toma de protesta y en su plan estatal de desarrollo, en materia de seguridad están arruinadas. No sólo no hay avance, el retroceso es palmario, evidente.
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Le distrae a Corral su entrenamiento como aristócrata jugador de golf. También su inusitado activismo mediante el cual busca convertirse si no en candidato al menos sí en actor principal hacia la contienda por la Presidencia de la República para el 2018. Ningún otro empeño fuera de esos.
Dejó en mera reyerta política aquellos primeros escarceos que enfrentó con autoridades municipales en la aplicación de exámenes de control de confianza para los policías y mandos policiacos municipales y estatales.
Se dio por satisfecho con la ofrenda correspondiente que le entregó el alcalde juarense, Armando Cabada. Destituyó el edil a su primer jefe policiaco, el exfiscal general, Jorge González Nicolás, por no haber aplicado el examen susodicho. Con esa decisión acabó el berrinche del mandatario pero olvidó por completo el fundamental tema en el resto de las corporaciones del estado.
Para explicarnos parte de la violencia reinante en la entidad, tenemos algunos datos exclusivos que seguramente posee el gobernador y por ello ha preferido dejar la pista libre al crimen organizado. Fue obtenida la información del Centro de Evaluación y Control de Confianza, un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República.
Las cifras aclaran dudas pero también asustan. Entre 20 y 30 directores de Seguridad Pública Municipal en la entidad o están pendientes de ser evaluados o permanecen reprobados. Aun sí continúan en sus puestos. Esto significa que casi la mitad de los mandos de las Policías preventivas simple y sencillamente no tienen la palomita de aprobado, o de plano han reprobado los exámenes de control de confianza. Muy codiciables para el crimen organizado.
En condiciones de “pendiente de evaluar”, siguen los jefes de las dos Policías más importantes del estado; la de Chihuahua, con Gilberto Loya al frente; y la de Juárez, con Ricardo Realivázquez. En ambas corporaciones ubican fuentes extraoficiales a más de 20 comandantes en puestos claves sin examen de control de confianza y afines por completo al excomandante de la Policía Estatal, Pablo Ernesto Rocha.
Están reprobados los jefes policiacos de Ascensión, Batopilas, Carichí, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Morelos, Ocampo. El de Villa Ahumada no fue evaluado y sigue bajo proceso legal desde la agresión de un grupo delictivo contra el cuartel de la Policía Estatal en este poblado. Falleció un agente.
El gobernador ha movido y removido a sus propios elementos policiacos. Hasta cambió el nombre de Policía Estatal Única por el de Comisión Estatal de Seguridad, pero no ha sido capaz al menos de tener una representación en 40 de los 67 municipios. En esas localidades no hay un solo agente; sólo acuden para “contingencias”.
Desde el retiro de Carlos Manuel Salas de la Fiscalía General prácticamente inició el desmantelamiento de los equipos de inteligencia. De los grupos especializados sólo quedó en pie algo de Antisecuestros y Extorsiones. Las herramientas tecnológicas fueron inclusive desaparecidas. A la basura el dinero aportado al respecto por el estadounidense Plan Mérida.
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Desde el propio Salas no han sido recompuestas las relaciones con la Federación. El gobernador no ha hecho intento alguno serio por volver la comunicación y menos las estrategias conjuntas de inteligencia con los cuerpos de seguridad federales y norteamericanos.
El Ejército, la Policía Federal, la PGR, el Cisen... la DEA, el FBI, conocen muy bien lo que ocurre en Chihuahua estado. El propio jefe de la Policía Estatal, Jorge Alberto Aparicio, es prestado de la Federal; César Peniche es integrante del sistema nacional de seguridad pública. Todo ese conjunto permanece paralizado.
¿Entonces qué pasa?. Ocurre que está perdida la confianza en el gobernador del Estado porque aparece por completo despreocupado hacia el tema de seguridad. No lidera estrategias ni asume la autoridad que le corresponde, particularmente para esa materia. Nadie parece dispuesto a hacerle la tarea a un resucitado Reyes Ferriz.
Frecuentemente inclusive su talante es de temor frente a la devastación. Igual que el exalcalde juarense. Se ha dicho que por miedo ha dejado de usar términos como narcopolítica, y que por la misma razón mantiene oculta toda la información relacionada con el crimen emblemático de la periodista Miroslava Breach Velducea. En campaña electoral apercibió a jefes narcos para abandonar Chihuahua en determinado plazo. Ahora ellos ríen. Él ni por error vuelve a mencionar sus nombres.
Es posible que no tenga confianza ni en su sombra. Su jefe de escoltas es un agente de tiempos negros. Es alguien que fue procesado por asesinato y conoce como la palma de su mano al mundo delictivo en el estado. Es un contraste que sólo puede ser explicado en salida fácil del no me involucro con ustedes ni ustedes conmigo. Entero el amilanamiento.
Nos queda duda que sea exactamente en esos términos la explicación del inmovilismo corralista frente al paso libre que tienen por el estado las bandas delictivas. Es la duda porque la desolación traspasa al tema de seguridad. Idéntica la situación en otras materias.
A un año también el ingenio y la creatividad han dicho adiós al ‘nuevo amanecer’. El informe correspondiente que será rendido en el patio central de Palacio el próximo miércoles a las cinco y media de la tarde se llama “balance del primer año” con un lema horriblemente gerundiano y embustero: “cambiando con justicia e inclusión”. ¿Justicia?. ¿Inclusión?. El descaro.
La etiqueta para quienes decidan asistir es la usada por el gobernador: “Casual, de saco”. Así dice la invitación.