El Diario de Juárez
2017-09-22
El Congreso local otorgó el pasado martes la autorización para que el Gobierno del Estado ajuste su deuda bancaria de 20 mil 404 millones de pesos bajo un nuevo modelo de financiamiento, que de acuerdo con la versión oficial consiste en renegociar las condiciones de tasa de interés con los bancos, para pagar menos por ese concepto y ahorrarle al erario cerca de 250 millones de pesos anualmente.
La aprobación del legislativo a la propuesta del gobernador Javier Corral Jurado – presentada el pasado 30 de mayo– fue posible hasta el segundo intento; la primera ocasión que se presentó ante el pleno fue el 10 de julio; sin embargo el PAN solicitó entonces retirar del debate el asunto al no contar con los votos suficientes para lograra el aval de los diputados.
Finalmente la propuesta pasó el pasado martes por mayoría de votos, con excepción de los legisladores del PRI y Morena, quienes aseguraron que eso equivale a girar un “cheque en blanco” para la actual administración estatal, a la cual le criticaron su falta de austeridad.
En este contexto, es conveniente que el nuevo esquema de refinanciamiento se presente con transparencia y se ofrezca con claridad la información de cómo y con qué bancos llevará a cabo el ajuste en el deuda bancaria del estado, para que los ciudadanos cuenten con los elementos necesarios para dar seguimiento al destino de los recursos que de ahí se deriven.
La actual administración estatal se encuentra en esa situación de urgencia por el reto que le representa satisfacer necesidades en áreas cruciales como salud, educación, agricultura, vivienda y obra pública, por mencionar algunos, así como enfrentar el costo de los compromisos de la deuda heredada y la propia contraía en el último año.
En estas condiciones fue que los diputados de la actual legislatura aprobaron el nuevo refinanciamiento al que cual algunos sectores en planteamientos realistas se han referido como un nuevo endeudamiento; apreciación que ha rechazado Corral, quien aseguró que no se trata de más deuda, sino de conseguir ahorros importantes.
El gobernador refutó las versiones de que la reestructuración es un modelo que lleva inherente un mayor costo de la deuda, con el argumento de que quienes lo dicen están en franca provocación y extorsión y que esa versión está colocada en la estrategia, no sólo del PRI, sino también del duartismo, para trasladar a través de ciertos medios de comunicación mentiras completas.
Más allá de la carga emotiva que el gobernador imprime a su discurso y que incurre en la falacia de descartar lo que se dice por quien lo dice, hay que ir al meollo del asunto: la pregunta es si hay en el mundo financiero algún recurso mediante el cual se pueda pagar menos por el servicio de una deuda, sin que ésta se tenga que prolongar y sin aumentar los intereses.
Es obvio que cuando alguien paga menos por la deuda, ésta se replantea a un plazo mayor y por tanto terminará pagando más de lo que inicialmente había contratado.
Cálculos del gobierno estatal exponen que bajo el nuevo esquema habría un ahorro de entre mil y mil quinientos millones de pesos reduciendo tasas de interés y plazos, pero eso es solamente teoría. Es el caso de quienes tienen una deuda en varias tarjetas de crédito y nunca avanzan porque sólo realizan los pagos mínimos.
En el caso de la deuda del gobierno estatal, podrán dejar de pagar los intereses de algunos bancos con la reestructura, pero no dejarán de pagar al banco que asuma el resto del capital y para ello el gobierno deberá contar más adelante con recursos para pagar; y como la deuda del gobierno es a 18 años, las siguientes administraciones serán las que tengan que pagar más.
Hay que advertir también que para una simple reestructura de la deuda, que no comprometa los recursos del Estado, no había necesidad de contar con la aprobación del Congreso; pero si no hay tal seguridad, debido a que están por verse cómo serían las negociaciones con las instituciones crediticias que entraran a la subasta, cabe el riesgo de que se comprometan más recursos y si eso ocurre sin la aprobación del legislativo, el ejecutivo estaría incurriendo en una ilegalidad. De ahí que no es tan seguro eso de que no van a pagar más o de que no es más deuda.
A reserva de que los especialistas expliquen a los ciudadanos si esto es posible y bajo qué condiciones, es necesario insistir en la obligación que tiene el ejecutivo estatal de transparentar el refinanciamiento de la deuda, que según la propia iniciativa presentada al legislativo se realizará mediante subasta pública.
En este mismo sentido debe ser formalizada como iniciativa o punto de acuerdo la petición del diputado Alejandro Gloria, del PVEM, de crear una comisión en el Congreso para dar seguimiento a la reestructura y regule todo el proceso, sin privilegiar intereses de partido, a fin de crear normas estrictas y regulaciones claras.
La sociedad chihuahuense tiene derecho a estar informada en detalle cómo será utilizado su dinero y saber hasta cuándo tendrá que soportar esta carga que los gobernantes irresponsables han colocado sobre sus impuestos y que merman los servicios que la población debe recibir.