Sixto Duarte/
Analista
Uno de los puntos más importantes dentro de la reforma política de 2014, aprobada por la coalición parlamentaria fáctica del Pacto por México, fue la incorporación de la figura del fiscal general de la República. El solo hecho de evocar el nombre de Procuraduría General de la República, trae consigo una serie de recuerdos poco amenos.
La institución ha sido señalada por décadas, como una que es poco confiable por la sociedad. Escándalos de corrupción (que no son privativos de la PGR, o de un gobierno) han manchado el nombre de una institución que procura uno de los más viejos anhelos de cualquier sociedad: la justicia.
El ‘michoacanazo’ con Calderón, el ‘elbazo’ con Peña, entre otros escándalos jurídico-políticos, han dejado la sensación en la opinión pública que la procuración de justicia muchas veces se basa en el ‘timing’ político. Es decir, que la procuración de justicia se puede usar como un ariete político en contra de adversarios del régimen.
Tomando en consideración esta idea, la reforma constitucional introdujo una nueva forma de nombrar al fiscal general de la República (sucesor del procurador general de la República) consistente en un complejo sistema de pesos y contrapesos entre el Senado y el Ejecutivo. Ternas de un lado al otro, mayorías calificadas, y plazos improrrogables, son algunas de las características contenidas en el artículo 102 de la Constitución. El espíritu de este sistema es que, quien llegue a ser procurador, no le deba la posición a algún grupo parlamentario o al Ejecutivo, dotándolo, al menos en papel, de una aparente libertad y autonomía para el ejercicio de la función.
Sin embargo, dentro de la propia reforma constitucional aprobada, se estableció un artículo transitorio, que dispone que quien ostente el cargo de procurador general de la República, pasará a ser fiscal general de la República. Dicha disposición fue aprobada con quienes ahora lo desconocen.
Hace apenas unas semanas, diputados federales del Partido Acción Nacional y otros “conexos y similares”, perpetuaron el secuestro de la Cámara de Diputados, exigiendo eliminar el llamado “pase automático”. Impidieron la toma de protesta de la mesa directiva de dicha asamblea legislativa, actuando como porros en un lugar que, al menos en teoría, es la casa del diálogo. Es decir, en la casa del diálogo, no quisieron dialogar, sino imponer su voluntad minoritaria.
Lo anterior ha sido muestra de la incongruencia y de la doble moral con que Acción Nacional se ha conducido. La reforma política fue aprobada dentro del marco de un acuerdo que implicaba diversas reformas, en las cuales las distintas fuerzas políticas tuvieron que ceder, para llegar a un punto medio. Hoy, a tres años de distancia, desconocen lo acordado. Lo oportuno sería entonces, darle reversa a la reforma energética, que tanto promovió el PAN.
El actuar de estos diputados tiene varias ópticas. La primera de ellas es que, al paso del tiempo, no quieren reconocer acuerdos que ellos mismos celebraron. La segunda de ellas, que sería peor, es que no leen los decretos que aprueban, y que el pase automático les tomó por sorpresa. La tercera, es que actuarán caprichosamente, secuestrando instituciones si sus demandas no son cumplidas, a pesar de no contar con el respaldo mayoritario.
A estas demandas, se ha dejado entrever la posibilidad de reformar la constitución nuevamente para el efecto de eliminar el “pase automático”. El ambiente de linchamiento que prevalece en el país no evitará el costo político que implica el hecho de que una mayoría del PRI y sus aliados en el Senado, con el respaldo del Ejecutivo, nombren un fiscal general. La opinión pública de cualquier manera lo rechazaría.
La idea original de contar con un fiscal autónomo me parece buena. La justicia es una de los más nobles atributos del Estado. Sin embargo, desde una perspectiva de pragmatismo político, entiendo que a cualquier gobernante le gustaría tener el control del Ministerio Público. Si en efecto lo tiene por disposición constitucional, creo que es un error renunciar a él. Si queremos llegar a un verdadero ministerio público autónomo, sería importante entonces trasladar esa figura a los Estados, para quitar también a los gobernadores el control de la procuración de justicia. ¿Acaso Javier Corral y sus pares gobernadores estarían dispuestos a renunciar a esta función?
sixto.duarte@gmail.com