Francisco Ortiz Bello/
Analista
El marco de las celebraciones por el 207 aniversario del inicio de la guerra de independencia en nuestro país, es el mejor escenario para reflexionar sobre lo que es realmente, y lo que ha significado, para los mexicanos este concepto tan manejado, pero tan poco comprendido.
Y es necesario, también, destacar lo que particularmente significa para los chihuahuenses este tema, ya que no debemos soslayar que Chihuahua se mantuvo prácticamente ajena al movimiento independentista, es más, más bien jugó un papel de fuerte apoyo a la Corona española.
Sin pretender abordar el tema desde la escrupulosa ortodoxia de la historia, ya que existen diversas y encontradas versiones sobre los hechos, casi tantas como historiadores han abordado el tema, solo intento traer al presente algunas de las principales motivaciones, que tuvieron los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento que hoy nos hace gritar ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria!
¿De verdad nos dieron Patria? O más bien la pregunta debería ser: ¿De verdad querían darnos Patria?. Aunque el resultado final haya sido el nacimiento de México como nación, la verdad es que las cosas iniciaron con motivaciones muy distintas.
Ayer sábado, esta casa editorial publicó una buena nota de mi compañero Juan de Dios Olivas, titulada “Brotes de rebeldía detonan la Independencia”, bastante prolífica y detallada en aspectos particulares de esta historia, para quien tenga interés en conocer con mayor amplitud sobre el tema.
Dice la nota en su parte central: “La rebelión que iniciaron un día como hoy hace 207 años el cura Miguel Hidalgo y Costilla y un grupo de conspiradores para liberar a la Nueva España, concluiría casi 10 meses después en la villa de San Felipe del Real, en lo que hoy es la ciudad de Chihuahua, con la ejecución del llamado padre de la patria y sus principales seguidores.”
“Sin embargo, la llama que encendieron no se apagaría y continuaría por una década más hasta la proclamación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, fecha en la que nace México como país y al poco tiempo, en el norte, se configura el estado de Chihuahua”.
“Los muros del antiguo Colegio de Jesuitas convertido ya entonces en hospital militar, fueron testigos aquella mañana del 30 de julio de 1811 del final del cura de Dolores y sus seguidores”.
“Ese día, al amanecer los habitantes de la villa de San Felipe del Real de Chihuahua escucharían el fúnebre redoble de tambores y el repicar de las campanas de los templos”. Fin de la cita. Son tan solo algunos de los párrafos de la nota mencionada.
Es decir, si tomamos en cuenta algunas de las consideraciones contenidas en la nota comentada, y si agregamos la teoría que ha venido cobrando mayor fuerza con el paso del tiempo, de que la rebelión en su inicio no era por liberar al país del yugo español, sino en protesta por el gobierno impuesto desde el Viejo Continente, impuesto por el imperio francés y contra el cual en realidad conspiraban los criollos en la Nueva España, podemos concluir fácilmente que la tan citada independencia en realidad solo se trató de un cambio en la condiciones de sometimiento, pero no la tan cacaraqueada libertad.
Recordemos que el verdadero grito de los conspiradores de Querétaro fue: “Viva la religión. Viva nuestra madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII. Viva la América y muera el mal gobierno”, es decir, alababan al Rey de España, pidiendo que muriera el mal gobierno.
Ese es un tema que queda ahí para la polémica y la controversia, lo que sí es una taladrante realidad es que, hoy en día, como nación, como pueblo, como raza, seguimos cargando con yugos y dependencias que nos hacen reflexionar seriamente en el tema de la nota publicada ayer en estas páginas.
Hablando específicamente de Chihuahua, en donde hoy gobierna el nuevo amanecer, un gobierno que representa la esperanza de un cambio de fondo al sistema, al status quo, al menos esa es la expectativa, nos encontramos que la administración y aplicación de la justicia aún están supeditadas a viejos vicios y mañas de lo peor del sistema político mexicano.
Y como ejemplo, dos botones de muestra. La semana pasada, en el Congreso del Estado se aprobó una iniciativa que proponía tipificar el feminicidio como delito penal especifico en nuestra legislación estatal. Bien por eso.
Solo que, a los señores y señoras legisladoras, sobre todo a las mujeres, se les “olvidó” incluir o pedir sanciones a funcionarios y ex funcionarios que han sido omisos en la investigación, resolución y castigo de este grave delito en el pasado. No obstante, la sentencia de la CIDH que resuelve sobre las graves omisiones y complicidades que se presentaron en el caso del campo algodonero, mismas que fueron motivo de dicha sentencia en contra del Estado mexicano.
De esa sentencia, todavía hoy, más de 10 años después, no hay un solo funcionario procesado, ni sancionado. Nombres como el de Hernán Rivera Rodríguez, Jorge Ramírez Pulido, Antonio Navarrete y el médico perito César del Hierro, junto a los de decenas más de funcionarios y ex funcionarios involucrados en ese lamentable caso, siguen sin ser requeridos por la justicia.
Nuestros legisladores deben encargarse de que se aplique la Ley cabalmente. Aún hay personajes que pueden ser detenidos, juzgados y sancionados, como el ex director de averiguaciones previas, Hernán Rivera Rodríguez, de quien, a principios del mes pasado, se supo de una orden de aprehensión girada en su contra por el caso del campo algodonero. Pero faltan más, muchos más nombres.
Otro caso que puede resultar emblemático en este tema, y es el otro botón de muestra mencionado antes, es el del ex funcionario coordinador del Vivebus en la administración estatal pasada, el Lic. Víctor Manuel Ortega, quien fue acusado penalmente por administración fraudulenta en contra de Eiffel de México, S. de R.L. de C.V., por más de 50 millones de pesos, y a quien, en marzo de este año, un juez de control liberó de ser procesado escudándose en una pifia legaloide, alegando que el delito cometido había prescrito. Ahora, un tribunal superior ha determinado que no existía tal prescripción y que el delito sigue vigente.
Ortega habrá de seguir el proceso y ante la autoridad competente deberá responder por las serias acusaciones que le hacen, pero resulta evidente que, al menos en principio, “alguien” intentó torcer la justicia para favorecerlo. Intentaron torcerla porque, de lo que se puede ver en el expediente, las pruebas y evidencias en su contra hacen imposible que salga bien librado de la acusación.
Estos dos casos mencionados, se suman a una casi interminable lista de otros igual de relevantes y de preocupantes. El Estado mexicano en plena incapacidad de aplicar la justicia y establecer el estado de derecho, por supuesto, en detrimento de las clases más desprotegidas lo que es ya, en sí mismo, un perverso incentivo para agrandar la brecha de la injusticia.
Ese es el escenario que planteo para definir nuestra calidad de “independientes”, de nación soberana y autónoma. Quizá lo seamos en términos de actas fundacionales, como nación, y de reconocimiento internacional como tal, pero no en términos de una madurez como país.
Cuando un hijo se independiza de sus padres, ejemplo por demás facilón y coloquial, pero que sirve bien para ilustrar el comentario, es porque ya cuenta con todas las herramientas para valerse por sí mismo, con autonomía financiera y con el juicio suficiente para tomar sus propias decisiones, independientemente si son buenas o malas.
Es en ese sentido que cuestiono nuestra nacionalidad e independencia. ¿Somos los mexicanos un pueblo realmente maduro? ¿Nos valemos por nosotros mismos? ¿Tomamos verdaderamente nuestras propias decisiones? ¿Somos una nación en la que prevalezcan las reglas, el estado de derecho y la justicia?
Esas son las causas de fondo que le dieron sustento a la lucha independentista que inició en 1810, pero que a 207 años de distancia parecen no haber logrado mucho. Una independencia en el papel que no se refleja en un pueblo maduro y verdaderamente autónomo. Tristemente.
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