Javier Cuéllar/
Abogado
La séptima audiencia pública convocada por el Gobierno del Estado celebrada el pasado lunes en el conjunto de oficinas de Gobierno ubicadas en el llamado Pueblito Mexicano se vio nuevamente desairada. Solamente acudieron unas 270 personas.
Confunde el hecho de que el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, nos diga que “esta ha sido una política del gobernador para estar cerca de la gente, recibir de manera directa cualquier situación que sea de interés de los ciudadanos” cuando a ella no tan sólo faltaron los ciudadanos sino también muchos de los funcionarios públicos que debían de estar y el mismo gobernador.
Lo desangelado de estos eventos ha sido una característica de la actual administración. Ha desdeñado ese recurso de acercamiento con la gente al grado que son muy pocos los juarenses que acuden a tratar de entrevistarse con unas autoridades que en lo general se rebelan ausentes.
Las audiencias públicas han sido un instrumento de los anteriores gobiernos, en especial de Héctor Murguía Lardizábal, para captar de primera mano las necesidades del pueblo y resolverlas en la medida de lo posible.
Llegaron a constituirse esos eventos en verdaderas verbenas populares con asistencia de miles de ciudadanos que ahí podían expresar directamente a sus líderes políticos sus problemas y necesidades. Eran, por así decirlo, un instrumento efectivo de Gobierno que reflejaba la popularidad de un mandatario entre la gente.
Las audiencias públicas eran convenientemente promocionadas en la víspera. Todos los funcionarios tenían la obligación de asistir a ellas a escuchar la problemática de sus respectivas áreas de competencia.
Muchas cosas se arreglaban ahí. La gente acudía sabedora de que sería escuchada directamente y sin mediadores, por el director de la dependencia que era competente en su problema. Escuchar a la gente es el inicio de la solución de sus problemas.
Pero ahora, por más que se diga lo contrario, la gente no acude a esas entrevistas populares porque sabe que ni los funcionarios estarán a su disposición ni mucho menos el gobernador.
Eso ha traído a nuestras autoridades una pérdida de popularidad que fácilmente se ha transformado en un repudio. Los despreciados baños de pueblo han distanciado al populacho de sus gobernantes y no se ve la voluntad política de zanjar este abismo de comunicación entre el gobernado y el gobernante. Tal parece que la distancia es el destino de una relación que debiera ser más inmediata e intensa. El pueblo no cree en estos encuentros y lo peor de todo es que los funcionarios tampoco.
Divorcio es separación. Da la impresión de que entre las nuevas autoridades y el pueblo que las eligió existe una separación no cantada pero no menos efectiva.
Eso se debe a la apatía de los gobernantes para entrar en contacto directo con la ciudadanía. Para casarse se necesitan dos voluntades y para divorciarse solo una. El pueblo está ahí con sus problemas pero parece que grandes segmentos del gobierno no quieren ni siquiera escucharlo, mucho menos interesarse por su problemática. El divorcio es evidente.
En este asunto observamos una importante descoordinación del equipo de trabajo del gobernador que no le organiza adecuadamente esos eventos que pudieran ser un vínculo importante de comunicación y coordinación entre el pueblo y sus dirigentes.
Estas audiencias son muy importantes porque el arte de la comunicación directa es el lenguaje del liderazgo. Un político debe comprender que en esto de la comunicación las buenas palabras valen mucho y cuestan poco, pero no se está dando una comunicación entre un gobierno que no quiere escuchar a su gente y un pueblo que se siente desdeñado por sus líderes formales.
El gobernador Javier Corral Jurado necesita de un buen puente de comunicación directa con los chihuahuenses y eso es un fenómeno que solamente se dará si se le da la debida importancia a estas audiencias públicas de información y recepción de inquietudes y problemas, bien lo dijo Iada Pinkett Smith: “La comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes”.
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