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Justicia lenta e insuficiente

Francisco Ortiz Bello/
Analista | Viernes 08 Septiembre 2017 | 00:01:00 hrs

En pleno auge del tema sobre la lucha anticorrupción, con un sistema nacional y otro estatal anticorrupción empantanados entre los lodos de la política y los intereses de los partidos políticos, la impunidad se campea reina y soberana sobre un sistema de justicia anquilosado, decrépito y obsoleto, pero además profundamente corrupto y corruptor.

En efecto, la impunidad es el motor de la corrupción, es el combustible que hace arder la llama de los delitos, sean quienes fueran los que los cometen, porque se convierte en el mejor estímulo para los delincuentes. Delito que no es castigado convierte a su o sus ejecutores, en invencibles y poderosos verdugos de una sociedad totalmente a merced de la delincuencia.

En Chihuahua sabemos muy bien qué significa impunidad. Al enorme dolor por la pérdida de una vida, sobre todo en el caso de las mujeres asesinadas, hay que sumarle la impotencia y la ira porque su asesinato queda sin castigo. Así de dramático, así de estrujante.

Los periodistas esperamos, desde hace meses, que se haga justicia en el caso de la compañera Miroslava Breach, por cierto, muy cercana al actual gobernador, quien el mismo día de los hechos aseguró y prometió que habría justicia, que los asesinos de la periodistas pagarían por su artero crimen.

Luego, algunas semanas después del asesinato, el mismo gobernador declaró que ya tenían identificados a los asesinos, tanto materiales como intelectuales, y que era cosa de días su detención y consignación. No ha sido así. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y el crimen de Miroslava sigue impune, y los asesinos en completa libertad, en completa impunidad, sin castigo. Hemos querido creer, de verdad, que este gobierno es distinto a los demás que hemos tenido en Chihuahua, pero hasta el momento no podemos decir que así sea.

El de Miroslava no es el único caso, lamentablemente. Hay casos de otros periodistas asesinados, que tampoco se han resuelto, ni se ve que existan posibilidades remotas de que eso ocurra.

Pero tampoco es cuestión de un reclamo de gremio, en el caso de los periodistas, sino en general de la aplicación de justicia para la ciudadanía. Como ha ocurrido también, muy lamentablemente, en el caso de los feminicidios.

Resulta que, por estos días, revive la controversia y exigencia de justicia en uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de los homicidios de mujeres en Juárez: El caso del Campo Algodonero, conocido así en el mundo entero y que ya fue motivo de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2009, la CIDH juzgó, encontró culpable y sentenció al Estado mexicano por el caso del campo algodonero, por los homicidios en esta frontera de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001. Pero desde entonces nada ha pasado.

A pesar de que en dicha sentencia se habla de una lista enorme de más de 177 funcionarios públicos, involucrados en distintos grados de omisión, culpabilidad o responsabilidad directa, ni uno solo ha sido juzgado, vaya, ni siquiera exhibido públicamente.

Nombres como los de Hernán Rivera Rodríguez, Jorge Ramírez Pulido, Antonio Navarrete y el médico perito César del Hierro, fueron señalados en su momento y hasta amparo tramitaron, sin embargo, nada ocurrió.

Hoy, a 8 años de la sentencia, y a 16 de encontrados los cuerpos, la justicia para los deudos de las mujeres asesinadas, sigue esperando mejores tiempos. Este caso, por emblemático y por la sentencia de CIDH, debe resolverse cuanto antes.

Hay aún personajes que pueden ser detenidos, juzgados y sancionados, como el ex director de averiguaciones previas, Hernán Rivera Rodríguez, de quien, a principios de este mes, se supo de una orden de aprehensión girada en su contra por el caso del campo algodonero. Pero faltan más, muchos más nombres.

Las jóvenes asesinadas, sus deudos, familiares y amigos y la sociedad juarense en general, esperan por la justicia pronta y expedita a la que está obligada la autoridad, ya no fue ni pronta ni expedita, pero al menos que sea justicia.

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