Opinion

Ya investigan al consuegro por los 400 mdp

LA COLUMNA
de El Diario

2017-09-06

• Rozada a Reyes Baeza por campaña de auditor
• La sorprendente violencia chihuahuita
• Regresan su plantel a estudiantes

 

La sola luz verde es para perder el sueño. En el ajo están metidos los apellidos con mayor honra en el entorno del gobernador, Javier Corral, y de los sectores panistas chihua-huenses menos maliciosos.
El consuegro favorito de palacio es el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, emparentado con Francisco “Pancho” Barrio, tutor indisoluble del gobernador Corral. Es jefa en el área jurídica de Salud, Zulma Liliana Martínez Díaz, cuñada de Fernando Álvarez Monge, dirigente estatal del PAN, miembro del reconocido clan de don Luis H. Álvarez.
Ellos, los funcionarios públicos, están involucrados en la trampa célebre de los 400 millones de pesos otorgados en polémico concurso a la empresa Centrum Promotora para proveer análisis clínicos al sector salud de Chihuahua durante tres años.
Una de las empresas participantes en la licitación fue Gap (Distribuidora Química y Hospitalaria). Sus directivos interpusieron un recurso de impugnación porque documentaron actos de favoritismo por parte del secretario de Salud y su área jurídica en favor de laboratorio que obtuvo el fallo a su favor.
La queja fue interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República porque involucra recursos aportados por dicha instancia.
Fuimos enterados que ayer la Función Pública notificó a los involucrados la procedencia de la impugnación y el inicio de la investigación correspondiente.
Seguiremos la pista. La empresa ganadora y sus padrinos empiezan a saborear la llegada de los primeros millones.

 

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Se mantiene para hoy en sesión de Cabildo el punto número VII de la orden del día que manejamos ayer en este espacio: la enajenación a título oneroso de casi 450 metros de terrenos pegados al restaurante La Garufa (avenida Tomás Fernández). Ese espacio es propiedad del municipio.
Será vendido al abogado Roberto José Calvo Pontón, representante legal de la asociación civil “Así las cosas Armando”, que postuló en su candidatura al alcalde Cabada.

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La inseguridad y la violencia han tomado como sede principal de la entidad a la ciudad de Chihuahua. Asesinatos masivos, crueldad, impunidad... Las policías de los tres niveles de gobierno, rebasadas más allá del copete.
Suman ya más de 400 asesinatos en lo que llevan de administración el panista gobernador, Javier Corral Jurado, y su correligionaria alcaldesa, María Eugenia Campos Galván. Despachan en medio de la lucha entre bandas del crimen organizado.
Tradicionalmente ganan grandes titulares las balaceras y ejecuciones registradas en algunos lugares de la sierra y del noroeste de la entidad, Madera, Cuauhtémoc... o los asesinatos en Ciudad Juárez.
Hoy el centro de los poderes del estado arrebata la atención por ejecuciones múltiples, secuestros, calcinados... y numerosos actos delictivos cometidos contra la población civil.
Conocedores del tema aseguran que mucho tiene qué ver en todo ello la descomposición en la principal corporación policiaca de la ciudad, la municipal, a cargo de Campos.
Son policías municipales y agentes de vialidad los principales responsables de permitir caravanas de sicarios y de ausentarse de lugares donde cometen levantones u homicidios.
La corporación preventiva está a cargo de Gilberto Loya Chávez, un exjefe de la policía de Puebla, bajo la subordinación de Lázaro Gaytán Aguirre, exdirector de la Municipal chihuahuita y estrecho consejero de la alcaldesa María Eugenia.
Ambos personajes están considerados más como “empresarios” de la seguridad pública que capacitados para cargos de esa naturaleza. Y frente a la falta de liderazgo y autoridad, los policías actúan discrecionalmente.
Así es la actual realidad de la ciudad de Chihuahua, muy cercana a la sufrida entre 2007 y 2011.
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Directivos de universidades no repararon en gastos ni temores. Metieron facturas hasta por jardinería y artículos de limpieza. Vil fraude. Ahí le rozó al exgobernador chi-huahuense, José Reyes Baeza, como exdirector de Fovissste, hoy titular del ISSSSTE en el país.
El escándalo recorre el país por más de siete mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda entregó a diversas dependencias públicas que a su vez armaron contratos con instituciones educativas (ocho universidades principalmente).
Los funcionarios educativos creyeron que se trataba de bonos a fondo perdido y se comieron hasta las semillas. Adjudicaron todo sin concurso. Un exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México ya está en la cárcel.
El caso de Reyes Baeza es por menos de 130 millones de pesos. Pinta poco. Mucho del dinero fue a dar también a la Autónoma del Estado de México. Parece que la lumbre no alcanzará al exgobernador más allá del quemón mediático por un par de errores en el manejo de la información y su “salida” a medios.
Toda la información había sido ya muy masticada entre las dependencias involucradas. Muchos directivos de universidades incluso ya pagando sus culpas por esos robos ocurridos entre 2013 y 2014.
El escándalo detonado  hoy tiene propósitos “electorales”, nos aseguran. Hay lógica en ello. El filtradero es adjudicado al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien fue designado para el período 2010-2017. No quiere quedarse sin chamba en diciembre próximo. Anda encampañado para lo que venga, de ahí que saque hasta ahora los muertos de hace años.

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En el Congreso del Estado se aprestan para los anunciados cambios en las principales áreas administrativas, con todo y faltante de la famosa reforma a la ley orgánica interna. Al gobernador Corral le urgen ahí algunos movimientos que le garanticen algo de control hacia la elección del año entrante.
El lunes sostuvieron reunión algo privadona el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge y el secretario de asuntos interinstitucionales del Congreso, Hugo Gutiérrez Dávila. Ambos son afines por completo al corralismo.
Corral busca deshacerse de la secretaria administrativa, Daniela Álvarez, y de otros funcionarios panistas que son considerados sus dolores de cabeza. Está empeñado en colocar en su lugar a Jorge Issa, jefe de dineros en Pensiones Civiles del Estado con un poquito de fama uña larga.
En esos cambios marchan Hugo y otros porque el corralismo deberá renegociar con el PRI y algo de chiquillada; puede deshacerse de panistas en los órganos administrativos pero no del tricolor ni de otros partidos de oposición, menos ahora que patenta la coalición con Omar Bazán.

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Los padres de familia, estudiantes y autoridades municipales del Valle de Zaragoza pudieron recuperar el plantel de educación media superior Bachilleres que les había sido cerrado de buenas a primeras por la Dirección General de esa institución dependiente del Gobierno estatal.
El plantel 16 y sus cerca de 80 estudiantes habían quedado en medio del pleito entre el sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres y la falta de dinero publicitada por la Secretaría de Educación. Tocamos el tema en este espacio.
Los alumnos ya habían hecho exámenes de admisión y gastado en uniformes, libros y demás etcéteras. Les anunciaron el cierre del plantel el mismo día que ingresaron a clases, el 16 de agosto. Su edificio escolar es de muy reciente construcción. Casi nuevo.
Nos quedamos sobre el tema en el estira y afloja entre las autoridades municipales y padres de familia que tomaron la instalación y se pusieron a dar clases ellos mismos. El estado cedió y finalmente envió profes y devolvió el presupuesto para su funcionamiento. Felices y contentos en aquel pueblo ubicado a media hora de la capital del mundo, Parral.

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