LA COLUMNA
de El Diario
• Lunes de suspenso por desquite de Anaya
• No compró residencia, rentó en el Campestre
• Desairan delegados a Peña Nieto
Fuentes de la independiente Alcaldía han hecho contacto con esta columna para señalar que la corrupción sigue viento en popa dentro de la Dirección de Ecología del Municipio. Sostienen los informantes que hay toda una red bien estructurada al mando de su director, Jurgen Ganser Carbajal.
Los encargados de cobrar cuotas a maquiladoras, yonques, recicladoras, desponchadoras son presuntamente los empleados de los departamentos de Verificación Vehicular y Calidad del Aire; Planeación; e Inspección y Vigilancia, cuyos titulares son Pedro Salcido, Víctor Serna y Claudia Medina, respectivamente.
Cada uno de esos departamentos debe reportar cinco mil pesos semanales al exdueño del bar 33, y hoy director de Ecología, de quien se quejan que negrea al personal asignándoles trabajo que no corresponde a la dependencia, sino a sus negocios. Después de esa cantidad todo lo que recolecten vía extorsión es para ellos; no se concentran en recaudar recursos para el Municipio vía multas.
Recientemente los obligó a que desmantelaran el bar 33 que era de su propiedad, ubicado en Paseo Triunfo de la República. También los agentes son enviados a cargar mercancía del negocio de su esposa cuando ésta lo requiere, dicen.
Por si fuera poco hay una brigada especial integrada por Héctor Bustillos, Raúl Chaparro y Nicolás Maldonado quienes por las tardes se dedican a extorsionar negocios de compra-venta de metales, donde las cuotas semanales por negocio van desde los 500 hasta los 5 mil pesos, dependiendo del calibre del establecimiento.
Mientras que el jefe de la Patrulla Ecológica, Pedro Salcido recauda una cuota de 200 pesos diarios a cada uno de sus siete agentes, es decir se embolsa mil 400 pesos diarios por esa vía; polla que se la reparten en diferentes bares como el Moscú, el Canano ó el 1800 y otros lugares.
La cosa no acaba allí, Óscar Torres quien es la mano derecha del antrero, vende los engomados ecológicos a discreción a empresas transportistas y otros sin que se haya realizado y aprobado la verificación vehicular.
Es posible que la recaudación suba hasta la dirigente del Partido Verde, María Avila y su marido, el diputado local Alejandro Gloria. Sería increíble que sean ajenos a la Dirección que les fue concedida en las negociaciones con el independiente alcalde, Armando Cabada.
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Hoy es de suspenso hollywoodesco en el Congreso de la Unión. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, está fúrico y haciendo berrinche por la golpiza que recibió del calderonismo aliado con el PRI en la Cámara de Senadores.
Ricardo buscó a quién cobrar la afrenta. Los legisladores panistas al mando del ultra anayista Marko Cortés recibieron la instrucción de boicotear la integración de la nueva mesa directiva en la Cámara de Diputados; y lo consiguieron...por un par de días. Seguramente mañana tomará protesta como presidente el tricolor yucateo, José Carlos Marín. Le toca al PRI.
Hoy la mesa directiva continuará presidida por el panista Guadalupe Murguía. Anaya tomó de pretexto la modificación al artículo transitorio de la ley anticorrupción que permite al procurador general de la República su pase automático a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. La rechaza, pero en el fondo su enojo proviene de la “traición” en la Cámara de Senadores.
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El jefe de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, no adquirió una nueva residencia en el exclusivo fraccionamiento Campestre de la ciudad de Chihuahua, sólo rentó una ya “amueblada”.
El jefe policiaco dependiente del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, se comunicó personalmente a El Diario, para ofrecer su verdad sobre los datos publicados aquí el sábado.
Hablamos en este espacio del oso por la fuga de un reo del centro de justicia en la ciudad de Chihuahua, el fracaso de la intervención estatal en las policías preventivas de siete municipios y su búsqueda de residencia para habitar.
El alto funcionario policiaco se mudó de la exclusiva torre de condominios Sphera al exclusivo Campestre. La mensualidad promedio es de 30 mil pesos mensuales, nos enteramos.
Igual que el gobernador Corral cuando se trata de publicaciones críticas, Aparicio asegura que los señalamientos son porque navega “a contracorriente”. Sobre la fuga del reo en Chihuahua aseguró que los policías procesales no están bajo su mando. Aportó a El Diario algunos cuadros estadísticos de sus resultados.
Dice que van dos mil 693 detenidos con órdenes de aprehensión entre octubre y julio del 2017, frente a dos mil 312 de diciembre a septiembre del 2016; 59 mil 313 oficios concluidos; 85 mil 800 entrevistas, tres mil 370 órdenes de aprehensión recibidas, casi 60 mil oficios de investigación concluidos, 37 granadas aseguradas, 29 mil cartuchos, 11 kilos de heroína decomisados, 36 kilos de goma de opio, 198 kilos de semilla de mariguana, 14 toneladas de mariguana, 717 cargadores de armas de fuego, 705 armas de fuego (obviamente casi la misma cantidad que cargadores) y 13 mil discos piratas, 40 hectáreas de “enervantes” destruidas”. Menciona hasta la instalación de un retén en el kilómetro 77 de la carretera Juárez-Chihuahua.
Nada de lo de Madera ni los municipios tomados por la Comisión de Seguridad a su mando.
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Un boletín de prensa girado por la delegación en Chihuahua de la Secretaría de Gobernación dice que en la entidad hay más de 80 representaciones federales en la entidad.
Ni con acarreo obligado consiguieron su asistencia al quinto informe remoto de su jefe el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Lo presenciaron en “pantalla” gigante en algún lugar de la capital del estado.
En las imágenes enviadas los asistentes no parecen ni 20; eso sí, encabezados por el coordinador de los delegados federales en el estado y jefe de Gobernación, Luis Carlos Campos Villegas.
El desaire al señor presidente quedó documentado.
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La exdiputada local priista, Patricia Borunda, no se quedó de brazos cruzados. El sábado voló muy tempranito de la ciudad de Chihuahua a la Ciudad de México donde tenía cita con Andrés Manuel López Obrador y el dirigente estatal de Morena en el estado, Martín Chaparro.
Ella busca su lugar en la primera fórmula de candidatas Morenas al Senado para la elección del año próximo. Una encuesta elaborada entre consejeros del partido de “El Peje” la semana pasada arrojó como terna a las Berthas, Caraveo y Saldaña, y a la diputada Leticia Ortega.
Paty consideró que debe haber una encuesta más amplia entre los chihuahuenses y no únicamente entre los cerca de 90 consejeros que tiene Morena en el estado.
A ver qué respuesta nos trae de “El Peje”.
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No es broma, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, olvidó firmar la declaratoria de emergencia para el municipio de Guadalupe y Calvo enviada a la Secretaría de Gobernación federal para acceder al Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
La cabeza municipal de Guadalupe y Calvo sufrió hace 15 días una severa inundación que afectó a gran cantidad de viviendas. Fueron registradas también cuatro personas ahogadas.
El gobernador, Javier Corral, sostuvo días después una reunión con cerca de 30 alcaldes tricolores. A varios de ellos les firmó la declaratoria de desastre. También tuvieron afectaciones por las lluvias torrenciales. Para todos firmó la declaratoria correspondiente. A la hora de protocolizar los documentos para enviarlos al Congreso del Estado y la Secretaría de Gobernación, faltó la firma de Jáuregui en el correspondiente a Guadalupe y Calvo.
Ahora tendrán que reiniciar todo el proceso burocrático.
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La diputada panista Maribel Hernández se ha echado a cuestas una tarea de estricta justicia, pero que se balancea peligrosamente entre lo políticamente correcto y la condena rabiosa de los grupos ultrafeministas y defensores de los derechos de las mujeres, tema bastante espinoso aunque urgente de legislar.
Se trata de la "alienación parental" como figura jurídica dentro de los juicios de divorcio, aunque complicado el terminajo no es otra cosa que el uso y abuso que hacen, regularmente las mujeres, de los hijos mientras dura un juicio de divorcio, y que va desde la simple injerencia en los menores para que "aprendan a odiar" al malvado y desalmado padre que los abandona, hasta la vil y llana extorsión mediante la cual pretenden obtener jugosos ingresos a través de pensiones y otras prestaciones.
Con sentido de justicia, la legisladora juarense pretende que la autoridad judicial pueda identificar y tipificar claramente esta conducta en perjuicio de los menores, y tenga las herramientas para ponerlos a salvo y sancionar a la parte que incurra en las mismas.
Es polémica la propuesta porque los grupos defensores de las mujeres y sus derechos pueden considerar la iniciativa como "una amenaza" a las mujeres en los juicios de divorcio.